El equipo designado por el presidente interino Juan Guaidó para recuperar los activos malversados por el chavismo protagoniza su propio escándalo de corrupción, con denuncias de que exigió sobornos para otorgar un millonario contrato a una compañía cuyos representantes legales el gobierno interino ahora acusa de estar bajo investigación por fraude en Ecuador y Estados Unidos.

El caso, inicialmente develado por el programa transmitido por Youtube Factores de Poder, llevó al propio régimen de Nicolás Maduro a anunciar que abrió su propia investigación por la supuesta exigencia de un pago de $750,000 a cambio de otorgar la concesión.

Los representantes legales de la compañía en el centro de la controversia dijeron que representantes del gobierno interino les exigió un pago inicial por ese monto, pero alegan que los fondos totales que se les pidió desembolsar debajo de la mesa representaban decenas de millones de dólares.

“Ellos querían el 50 por ciento del ´recovery fee´ (tarifa de recuperación) que nos correspondería a nosotros”, dijo Jorge Reyes, uno de los dos representantes legales del Caribbean Recovery Assets Consortium (CRA), firma que por meses negoció el contrato con representantes del gobierno interino.

La mitad de la tarifa de recuperación, fijada en un 18 por ciento del total recuperado, potencialmente representa decenas y hasta cientos de millones de dólares al tomar en cuenta que los activos venezolanos a ser rescatados suman varios miles de millones de dólares, agregó.

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La firma proponía cobrar las deudas que varios países del países habían acumulado con Venezuela a través del suministro de crudo ofrecido a descuento y a créditos de varios años a las naciones amigas al régimen de Caracas a través de la filial de PDVSA, Petrocaribe.

Con el correr de los años, esos montos se dispararon al tiempo que PDVSA también realizó grandes inversiones y suministro de créditos de desarrollo en proyectos que actualmente están estancados. Según cálculos del consorcio los activos recuperables de Venezuela en las naciones de la región podría ascender hasta $20,000 millones.

Expertos señalan que gran parte de ese dinero terminó siendo utilizado por el chavismo para comprar lealtades de políticos en cada uno de esos países y para alimentar los engranajes de la corrupción.

El contrato para recuperar esas deudas al final fue dejado de lado por representantes del gobierno interino, luego que Reyes y su socio en CRA, Pedro Antar, se rehusaran a pagar el soborno exigido, según relataron ambos a el Nuevo Herald.

EL GOBIERNO INTERINO REACCIONA

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Las acusaciones, sin embargo, son negadas rotundamente por el equipo de Guaidó – reconocido como el legítimo presidente de Venezuela por Estados Unidos y otro medio centenar de países.

“Rechazo y condeno los falsos señalamientos emitidos por CRA CONSORTIUM, y ratifico que nunca se suscribió algún contrato de servicios con el citado consorcio”, declaró en un comunicado el Comisionado Presidencial para la Gestión de Activos, Javier Troconis.

“Luego de la exhaustiva evaluación y verificación de la propuesta de dicha empresa, se concluyó que los representantes legales de la firma, Jorge Reyes y Pedro Antar, habían sido sujetos de medidas disciplinarias por fraude, por parte de la autoridad supervisora financiera FINRA de Estados Unidos.

Resaltando que adicionalmente existen denuncias contra uno de los representantes de la empresa frente al Gobierno de la República de Ecuador, “además de diversos acontecimientos vinculados a otros tipos delictivos”, Troconis dijo que esos señalamientos “son causales suficientes de inhabilidad e incompatibilidad para la celebración y firma de contrato”.

Reyes y Antar, quienes por su parte niegan haber cometido delito alguno, dijeron que la comisión presidencial parecía tener una opinión muy distinta sobre ellos durante las negociaciones iniciales del acuerdo.

De hecho, los empresarios llegaron a recibir en enero una carta firmada por Troconis que decía que habían sido escogidos para representar al gobierno interino en la negociación para cobrar las deudas en los países en que opera Petrocaribe, incluyendo a Jamaica, República Dominicana, Haití, Bahamas y Santa Lucia, donde los empresarios estimaban que había varios miles de millones de dólares en activos de Venezuela por recuperar.

La contratación, sin embargo, estaba sujeta a la aprobación de una serie de recaudos, incluyendo documentos sobre la identidad de los accionistas de CRA, plan de estrategia sobre la recuperación de activos por país, inventario de activos previstos, la firma de un acuerdo de confidencialidad y una autorización final del proceso de due diligence.

LOS REQUISITOS ERAN OTROS, PRESUNTAMENTE

Reyes y Antar dicen que entregaron todos esos recaudos, pero alegan que ninguno de éstos en realidad tuvieron ningún peso en la decisión final.

Los que realmente les interesaba a las fuerzas oscuras detrás de la operación era asegurar los pagos de los sobornos.

Las discusiones habían estado prosperando hasta que en las conversaciones se sumara Magin Blasi-Blanchard y su hermano, Fernando Blasi-Blanchard, quien es encargado de negocios de Guaidó en Washington.

Según los empresarios, la situación quedó claramente delineada en una conversación que sostuvieron con Blasi-Blanchard.

“Nos dijeron, mira, si no van los reales (el pago de $750,000) no les vamos a dar el contrato. Nosotros les dijimos, ustedes están locos. No podemos dar un centavo. Ustedes no entienden que esto no se puede hacer aquí en Estados Unidos”, relató Reyes.

“Bueno, entonces no va a haber nada. Nosotros tenemos el control, la decisión es final. Si ustedes no ponen la plata, y nos dan el 50 por ciento, no hay forma de que salga el contrato”.

Blasi-Blanchard no pudo ser contactado a tiempo para la elaboración de éste artículo pero documentos de respaldo brindados a el Nuevo Herald por los empresarios muestran que al menos hubo algunos correos electrónicos entre él y los representantes del consorcio.

Otros documentos muestran intercambios de chat y correos electrónicos con Troconis, así como otros integrantes de la comisión.

Entre los documentos presentados se encuentran fotos de anotaciones hechas en un bolígrafo en un papel que delineaba la distribución del pago inicial de $750,000 y la distribución de 50 y 50 por ciento de la tarifa de recuperación.

Troconis, por su parte, dijo que desconocía totalmente la versión de que a CRA se le estaba pidiendo dinero para obtener la concesión.

“Yo lo desconozco por completo. Yo jamás le he pedido dinero a nadie. Ni a ellos ni a nadie, y menos a cambio de ningún contrato, ni nada. Yo hice mi trabajo, verificar de que las personas fuesen las ideales, y de que la propuesta fuese la correcta”, dijo Troconis a el Nuevo Herald.

Al preguntársele sobre las anotaciones escritas, Troconis dijo que desconoce totalmente su origen y que no lo había visto hasta que apareció en el programa de YouTube.

“Ni es mi letra, ni la conozco, jamás la había visto antes, ni tampoco es mi mano”, agregó.

PASADO CONTROVERTIDO

Reyes y Antar, entre tanto, no están libres de controversia.

Antar, por ejemplo, fue contratista para el régimen de Hugo Chávez, y según la descripción del objeto social de una de sus empresas, estaba en capacidad de ofrecer bienes y servicios en distintos ramos comerciales, entre otros la importación a Venezuela de equipamiento, vehículos militares, bienes de la industria petrolera e instituciones educativas.

El empresario se vio inmiscuido en pleitos legales con el propio régimen, situación que Anter atribuye a que “no pagan”.

Luego de varios negocios fallidos, el nueve de agosto de 2012 el entonces régimen decidió suspender el registro nacional de contratista a la empresa Von Suckow Trade Group C.A., cuyo director principal es Antar. La información fue conseguida gracias a un equipo de investigadores judiciales.

Von Suckow Trade Group había contratado, principalmente, con el Consejo Nacional de Cultura, el Instituto Autónomo Policía Municipal Sucre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y PDVSA.

Quienes aparecen como representantes y personas de contacto de los últimos dos clientes son Nicolás Maduro, quien en ese momento se desempeñaba como canciller, y el entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. De acuerdo con la información del Registro Nacional de Contrataciones, las «actividades y productos» que Von Suckow Trade le ofrecía al Estado eran: i) productos químicos; ii) telecomunicaciones; iii) componentes y suministros de fabricación; y, iv) «vehículos comerciales, militares y particulares».

En la descripción del «objeto social» de la compañía de Antar se lee que tiene como propósito «proveer servicios, bienes y productos de la Industria Petrolera Nacional e Internacional»; así como «realizar la compra, venta, fabricación, importación, exportación, consultoría, asesoramiento, supervisión, mantenimiento y demás de servicios relacionados con el área policial, de ingeniería, militar, médica y hospitalaria».

Antar, quien no niega haber sido contratista para el régimen, rechaza sin embargo haber tenido una participación directa en el escándalo registrado en Ecuador involucrando operaciones entre ese país y Venezuela.

El escándalo, que fue sujeto a investigaciones realizadas conjuntamente por un diario en Ecuador, el portal de investigación Armando Info en Venezuela y el Nuevo Herald en Miami, señaló que transferencias por más de $1 millón de dinero mal habido fue a parar a una cuenta que tenía como dirección una casilla postal en Brickell, que estaba a su nombre.

Al momento de la investigación en el 2015, Antar le dijo a un reportero de el Nuevo Herald que esa dirección fue utilizada a sus espaldas por un amigo suyo, Pedro Silva Conde, quien sí estaba inmerso en la operación.

“Eso es un fraude, un abuso”, dijo Antar, quien dijo que conocía a Silva Conde desde hace casi una década y que hace cuatro años lo ayudó a crear dos empresas en Florida, pero luego fueron desactivadas. “Yo no sé nada de negocios con Ecuador, ni de negocios con Silva ni con (Samuel) Sánchez Boada”, otros de los implicados.

Antar dijo que la única vinculación que él tiene con el escándalo en Ecuador es haber sido mencionado por los medios de comunicación que participaron en la investigación y que la justicia de Ecuador no tiene ningún tipo de investigación que lo involucra a él directamente, como señala el gobierno interino.

Reyes, por su parte, enfrenta una sanción en Estados Unidos por la organización que se encarga de regular el desempeño de brokers, dealers y el público inversor.

En diciembre de 2019, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), excluyó a Jorge Reyes por fraude y lo multó por $4 millones en restitución de un cliente. La exclusión implicó que FINRA suspendiera la licencia de operar en Estados Unidos.

Según el documento público de la FINRA, Reyes fue acusado de defraudar a inversionistas “en relación con casi $4 millones en ofertas de colocación privada”.

Asimismo, el informe de la FINRA declara que Reyes jamás aprobó el examen Series 24 y, pese a ello, “ostentaba del título ‘Director gerente de mercados emergentes’”.

“Reyes defraudó intencionalmente a los inversionistas en las tres ofertas de colocación privada mediante tergiversaciones y omisiones de hechos materiales relacionados con los riesgos de inversión”, se lee en el informe de la FINRA.

“Engañó negligentemente a los inversores en relación con las ofertas a través de sus tergiversaciones y omisiones”, continúa el informe.

Reyes señala que las acusaciones que fueron presentadas en su contra son infundadas y dijo estar convencido de que pronto ganará la apelación de la decisión, la cual está en curso.

POR ANTONIO MARIA DELGADO

EL NUEVO HERALD

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