A juicio de Acción Democrática solo era necesario mantener la vigencia del Estatuto, «que con las herramientas jurídicas y políticas que dicha legislación concede a esta legítima Asamblea Nacional, se garantiza la continuidad de las funciones constitucionales de nuestros diputados y de este Parlamento»


La Asamblea Nacional (AN) sancionó este sábado 26 de diciembre la reforma al Estatuto de Transición, que garantiza la continuidad del parlamento hasta el 5 de enero de 2022, la realización de elecciones libres o un evento político sobrevenido que ocurra el año que viene.

Así lo establece el artículo 12 de la reforma del Estatuto, donde también se especifica que la continuidad constitucional será ejercida por la comisión delegada de la Asamblea Nacional. Estas modificaciones ya estaban establecidas en el proyecto que se presentó el pasado 18 de diciembre.

Según indicó el primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, la fracción de Acción Democrática salvó su voto, tanto dentro de la comisión especial como en la sesión de este sábado 26 debido a su desacuerdo con el contenido propuesto.

La lucha es para seguir logrando los consensos necesarios para salvar a nuestra gente, dijo Guanipa durante su intervención antes de que se leyera la reforma, al tiempo que reiteró que «los consensos le permitieron a la Asamblea Nacional, los venezolanos y la comunidad internacional» rechazar los comicios del 6 de diciembre.

Dijo que ante este escenario de unos comicios sin legitimidad, el parlamento asumió la continuidad constitucional para garantizar a este órgano. «Sin reforma del Estatuto no habría continuidad constitucional (…) Es urgente terminar este proceso legal y dejar el piso jurídico para la continuidad».

El diputado reconoció que este nuevo planteamiento de la AN viene acompañada por la persecución, pero es necesario que los parlamentarios «salgamos de algunas cuevas seguras y digámosle a Venezuela para acompañarlos en el camino de la libertad».

Mientras que Omar González, a nombre de la fracción 16 de julio, dijo que están de acuerdo en asumir la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional, no como un acto de «simple permanencia», pero rechazan el cambio del orden propuesto en la reforma del Estatuto de Transición sobre darle prioridad a la consecución de unas elecciones libres.

«Nos preocupa que en la reforma propuesta se elimine como proclama de lucha el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres (…) Pedimos que se revise esa situación», dijo el diputado.

Por ello, solicitó que se reformule la agenda parlamentaria para que se establezca como prioridad la liberación del régimen autocrático. «La Asamblea Nacional está obligada a organizar una agenda ciudadana para exigir el cese de la usurpación junto a sus diputados».

Luego de esto, el presidente de la AN, Juan Guaidó, dio paso a la lectura de la reforma artículo por artículo, donde el primer cambio se dio en el punto dos sobre los fines de la transición, que quedaron enumerados de la siguiente forma: pleno restablecimiento del orden constitucional, el rescate de la soberanía popular a través de elecciones libres  y reversión de emergencia humanitaria compleja con el propósito de rescatar el sistema de libertades constitucionales y los derechos humanos.

Además, en el artículo 2 se deja en claro que la labor de los órganos del poder público legítimos será la consecución de elecciones libres, justas y verificables, como ya se había establecido en el proyecto de la reforma.

AD en contra

La fracción parlamentaria de Acción Democrática emitió un comunicado, que se hizo público una vez aprobada la reforma al Estatuto de Transición, donde explican su voto salvado al tener «observaciones de fondo importantes» sobre esta materia.

En particular, AD señala que la funciones del parlamento (tanto contraloras como legisladoras) deben «mantenerse en el cuerpo en pleno de la Asamblea Nacional, como establecen los artículos 219, 220 y 221 de la Constitución y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, y no simplemente en la Comisión Delegada que tiene unas funciones específicas».

Además, se oponen a la creación de un Consejo Político por calificarlo de «innecesario». Para AD, las funciones que se establecieron para este nuevo órgano «perfectamente podría realizar la Asamblea Nacional o el Presidente Encargado de la República».

Por último, a juicio de AD solo era necesario mantener la vigencia del Estatuto, «que con las herramientas jurídicas y políticas que dicha legislación concede a esta legítima Asamblea Nacional, se garantiza la continuidad de las funciones constitucionales de nuestros diputados y de este Parlamento».

«A pesar de esta puntual discrepancia, dejamos claro al país y al mundo que los diputados de Acción Democrática, y toda su militancia, siguen y seguirán defendiendo nuestra Carta Magna, buscando espacios para lograr una Venezuela democrática, exigiendo condiciones electorales reales y suficientes, que nos permitan salir de la crisis que atraviesa Venezuela por la vía constitucional, pacífica y democrática que siempre hemos luchado. Asimismo, ratificamos nuestro apoyo, como siempre lo hemos hecho, al presidente encargado de Venezuela y del Parlamento, Juan Guaidó», dice la parte final del comunicado.

 

Otras modificaciones

Dentro de la reforma al Estatuto de Transición, se incluye la creación de un Consejo Político, que vendrá a reemplazar al centro de gobierno, cuyo comisionado actualmente es Leopoldo López.

Ese Consejo Político, según el artículo 18 de la reforma al Estatuto, será un «órgano de coordinación, seguimiento y evaluación de la acción de la Presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Sus actos estarán sometidos al control parlamentario establecido en el artículo 187, numeral 3, de la Constitución. La actuación del Consejo Político se orientará a la procura de elecciones libres, justas y verificables, al pleno restablecimiento del orden constitucional y de la separación de poderes, y al rescate del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo Político dictará su propio reglamento y contará con una Secretaría permanente, a cuyo cargo estará un secretario designado de fuera de su seno».

En el artículo 19 del Estatuto se establece que «la organización, competencias y régimen de funcionamiento del Consejo Político serán reglamentados por el presidente encargado de la República, mediante decreto dictado de conformidad a los artículos 226, 236, numerales 10 y 20 de la Constitución».

La reglamentación debe ser divulgada en los 30 días continuos siguientes al 5 de enero de 2021. En ese decreto también se debe fijar los lineamientos de restructuración de la presidencia encargada y se derogará el decreto numero 13 sobre la creación del centro de gobierno.

Otra modificación, prevista en el artículo 29, es sobre el periodo de funcionamiento de los poderes públicos legitimados, que deberán seguir ejerciendo sus funciones «hasta que se realicen elecciones libres, justas y verificables  y una nueva Asamblea Nacional que pueda designar a los titulares del poder Ciudadano, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y rectores del Consejo Nacional Electoral, los cuales serán periodos constitucionales completos en los términos establecidos en la Constitución».

El Estatuto también incluye un cambio (artículo 41) en la protección de los activos de la República en el exterior. A pesar de que se establece que no podrán ser dispuestos o ejecutados por los órganos del poder público o las juntas administradoras ad hoc, se permite al Consejo Político, previa aprobación de la comisión delegada, disponer de estos recursos «dando prioridad a los gastos ordinarios del Poder Legislativo Nacional y a la defensa de activos del Estado venezolano en el extranjero».

Este último apartado guarda relación con una reforma parcial a la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Dicho instrumento fue creado para usar dineros recuperados por el gobierno interino para destinarlos a la atención de la emergencia humanitaria, así como gastos relacionados a la plantilla de la AN.

Dicha reforma, que también fue sancionada este 26 de diciembre, solo contemplaba una modificación para poder seguir ejecutando la partida aprobada durante 2021, pues según el diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas, no se había ejecutado el dinero en su totalidad.

Por ello, dicha Ley «estará en vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021 o hasta que sea derogada por la Ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2021, dictada por la Asamblea Nacional; una vez cese la usurpación de la presidencia de la República”.

luisa quintero

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