“El Estado es indolente hacia tantas cosas que estamos pasando”, denuncia Berlin Diques, uno de los dirigentes que en diciembre alertó al Gobierno de amenazas de muerte contra líderes indígenas

JACQUELINE FOWKS

FOTO..El dirigente Berlín Diques, quien denunció las muertes, participa en una reunión el viernes con representantes del Ejecutivo.PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE PERÚ

Dos líderes indígenas de la etnia cacataibo, Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonsano, han sido asesinados esta semana en Perú, según denunció este sábado el apu (jefe) Berlín Diques. Se trata del última de una serie de asesinatos de dirigentes indígenas y mestizos de las regiones amazónicas Ucayali y Huánuco que, en los últimos años, han denunciado a invasores que cultivan coca destinada al narcotráfico y a traficantes de tierras.

El propio Diques fue uno de los ocho dirigentes que alertó en diciembre a los ministros de Interior y de Justicia y a la Fiscalía de que seis líderes estaban amenazados de muerte, pero no obtuvo respuesta. En ese encuentro, representantes de las etnias cacataibo, ashaninka y shipibo también reportaron que ocho comunidades indígenas estaban en mayor riesgo: una de ellas era Sinchi Roca, en Ucayali, de la que García Grau, uno de los asesinados esta semana, era dirigente.

”El Estado es indolente ante tantas cosas que estamos pasando. Mientras nosotros acatamos las medidas del Gobierno por la pandemia, estos ilegales siguen avanzando con sus ambiciones en territorios de comunidades tituladas y otras no tituladas por problemas en el Ministerio de Agricultura [que emite los títulos de propiedad de la tierra]. Éstas son más propensas a que continúen bajo amenazas”, ha lamentado el dirigente.

Según un comunicado de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que preside Diques, García Grau, de 28 años, fue secuestrado el jueves en Sinchi Roca. Un día después apareció su cuerpo. Según el dirigente, el día de su secuestro, el líder indígena estaba haciendo un recorrido por las zonas “para ver si los invasores seguían en esas áreas comunales”.

“A las autoridades poco o nada les importa. Nadie hizo caso a nuestras denuncias”, lamenta el líder de ORAU. La comunidad donde se produjo el secuestro ha solicitado que se actualicen sus sus títulos comunales, pero, según denuncia, “la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali se ha negado sistemáticamente a concluir este proceso, y esto contribuye a los intereses de los invasores, traficantes y demás delincuentes que utilizan esta zona como ruta de tránsito para sus negocios ilegales”.

Por su parte, Yenes Ríos Bonsano fue asesinado cuatro días antes que García Grau, según la información preliminar con la que cuenta Diques, pero su cuerpo no podrá ser recuperado hasta el lunes. Ríos Bonsano era miembro de la comunidad nativa de Puerto Nuevo, en la provincia de Coronel Portillo, a unas cinco horas de Pucallpa, capital de la región Ucayali.

El presidente de ORAU exige a las autoridades leyes que protejan “de verdad los derechos colectivos y de territorio” para detener el avance del narcotráfico. Además, solicitó una reunión multisectorial con autoridades de varios ministerios para resolver la falta de georreferenciación y la existencia de pistas de aterrizaje del narco. ”Todos conocen y saben, sobre todo la policía, pero no hay acciones, hay mucha corrupción”, añade.

Según el líder amazónico, la autoridad forestal calcula que 42.000 hectáreas han sido deforestadas en las tierras de comunidades indígenas, principalmente por causa del narcotráfico. Ricardo Pérez, miembro del equipo de Amazon Watch en Perú, indica que algunos de los apus amazónicos amenazados han solicitado garantías, pero la policía solo les da protección en las ciudades. “En las comunidades están enfrentándose a los narcos que quieren sembrar coca, todos los días están frente al peligro”, afirma.

Impunidad instalada

En octubre, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre corrupción y violación de derechos de defensores indígenas, una ONG peruana presentó cuatro denuncias al respecto, entre ellos una en la comunidad cacataibo. “En ella se planteaba de manera frecuente que el narcotráfico, la tala, la minería ilegal y la impunidad frente a estas ilegalidades tiene como consecuencia el asesinato de los líderes”, apunta Magaly Ávila, socióloga de la ONG Proética.

“En diciembre, debido al avance imparable del narcotráfico en Huánuco y Ucayali, acompañamos a los líderes indígenas a reunirse con los ministerios y la procuraduría medioambiental y en los diferentes espacios se indicó que iban a tomar cartas en el asunto”, agrega la abogada. “En la práctica el Estado ha hecho muy poco o nada, pese a las recomendaciones de la Comisión Interamericana”, sostiene Ávila.

Nadie ha sido sancionado por los crímenes de los defensores medioambientales e indígenas en Ucayali. En 2014, Edwin Chota y otras tres autoridades de su comunidad fueron asesinados por una mafia de tala ilegal a la que Chota denunció ante la Fiscalía, con fotografías que él mismo tomó. En abril del año pasado, durante la pandemia, las mafias asesinaron a Arbildo Meléndez, jefe cacataibo de la comunidad indígena de Unipacuyacu (en el límite de Ucayali con la región Huánuco).

Zulema Guevara, la esposa de Meléndez, comentó entonces a la prensa que el líder empezó a recibir amenazas cuando decidió retomar los trámites de titulación de la comunidad que la burocracia congeló en 1995. La mujer y los hijos de la exautoridad de Unipacuyacu tuvieron que mudarse a Pucallpa, la capital de Ucayali, para proteger sus vidas. Dos semanas después, fue muerto el comunero ashaninka Benjamín Ríos, en Kipachari, distrito de Tahuanía. Un comunicado de ORAU reportó entonces que la víctima había recibido amenazas de muerte y hostigamientos de personas ligadas al narco y las invasiones.

A raíz de los asesinatos de García y Ríos, las organizaciones indígenas amazónicas temen por la vida del apu Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), quien también ha vuelto a recibir amenazas.

Desde 2011, 220 personas defensoras han sido asesinadas y 960 criminalizadas en Perú según el informe ‘Socavando derechos’, que presentaron el jueves el Observatorio de la Organización Mundial contra la Tortura y la FIDH, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

EL PAIS DE ESPAÑA

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