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CIDH condena ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en situación de pobreza en Venezuela

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La CIDH reiteró que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección de las personas


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este sábado las ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza en Venezuela.

A través de un comunicado publicado en su página oficial, la CIDH hizo un llamado a observar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, así como a investigar, juzgar y sancionar la práctica sistemática de esta grave violación de derechos humanos

Según detalla el documento, en la primera quincena del 2022, agentes de seguridad de la dictadura chavista estuvieron involucrados en al menos 27 asesinatos, patrones que coinciden con los registrados por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de Estados Americanos.

Asimismo apuntan que 80% de las víctimas tenían menos de 25 años, 99% eran hombres en situación de pobreza y 80% de los casos hubo algún tipo de amenaza o intimidación contra los denunciantes

“La CIDH observa que estas muertes podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, conforme a estándares interamericanos. Adicionalmente, encuentra preocupante que el Estado venezolano presente gran parte de estas muertes violentas como incidentes de resistencia a la autoridad”, afirma en el comunicado.

Al respecto, la CIDH reiteró que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección de las personas

*Lea también: Empobrecimiento de los venezolanos redujo oportunidades para el crimen

Asimismo, denunció que el empleo de razonamientos estereotipados por parte de fuerzas de seguridad puede dar lugar a actuaciones discriminatorias que afecten derechos.

“En consecuencia, los Estados no pueden permitir que agentes de seguridad fomenten prácticas que reproduzcan el estigma de que jóvenes en situación de pobreza están necesariamente vinculados a la delincuencia”.

Por último, la CIDH recuerda que, en casos relacionados con ejecuciones, el Estado tiene el deber de iniciar automáticamente y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. En esta misma línea, la investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

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