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Conforman mesa técnica para detener cobro excesivo por recolección de basura y mantenimiento de relleno sanitario

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Abogados, contadores, economistas y empresarios de Caroní buscan alternativas para proteger a los usuarios sin que esto se traduzca en un retroceso en el saneamiento de la ciudad.

@mlclisanchez

Representantes de distintos gremios comerciales, académicos y de la sociedad civil en general, acordaron la instalación de una mesa técnica con el objetivo de detener el proceso de cobro de altas tarifas por los servicios de recolección de basura y adecuación -y mantenimiento- del relleno sanitario prestados por la empresa privada Fospuca Caroní.

Para ello pretenden diseñar propuestas desde el punto de vista legal. Así lo informaron durante una asamblea realizada la mañana de este lunes en el Colegio de Ingenieros del estado Bolívar.

El directivo de Fospuca asegura que sus tarifas no superan los 1.500 dólares

Actualmente las tarifas del servicio de aseo urbano oscilan entre 1.13 y 1.500 dólares para el sector de comercio, industria y prestación de servicios, en función de la cantidad de metros cuadrados del local, y la actividad económica que ejerza el usuario. 40% de los usuarios paga a partir de 50 dólares.

En el sector residencial hay cuatro tarifas estándar: 0.25, 2, 6.5 y 8 dólares. Que representan el 3%, 24%, 81% y 97,5% respectivamente del salario mínimo nacional, que no supera los 8.25 dólares actualmente y que se devalúa a diario.

Las tarifas del relleno sanitario son el 60% del monto que usuarios comerciales y residenciales deben cancelar por el servicio de recolección de basura, y se cobra a través del recibo de servicio de electricidad de Corpoelec.

Por ejemplo: Si a un comercio le corresponde cancelar 50 dólares por el servicio de recolección de basura, de estos, 30 dólares son por concepto de mantenimiento del relleno sanitario.

Criterio de cobro del servicio hasta ahora, poco claro

Uno de los elementos que más ha generado malestar entre los usuarios es, según manifiestan, el hecho de que las tarifas de Fospuca están fijadas en función de criterios detallados de cobro desconocidos para quienes deben pagar el servicio.

Durante su intervención, Omar Martínez, empresario del área industrial, destacó que en ciudades como Barcelona, España, las tarifas de aseo urbano no superan los 970 euros anuales. Además de que la estructura de cobro se fija en función del volumen de basura producida por local.

En el sector residencial hay cuatro tarifas estándar que representan el 3%, 24% y 78,78% del salario mínimo, que no supera los 8.25 dólares | Foto Laura Clisánchez

Es decir, los usuarios comerciales pagan como máximo 80.83 euros mensuales. En cuanto a las tarifas residenciales, unos 557 mil hogares, 73,3% del total, tienen que pagar entre 27 y 51 euros al año a través de la factura de agua potable, es decir entre 2,25 y 4,25 euros mensuales.

Barcelona tiene 1,62 millones de habitantes (129.92% más que el municipio Caroní según su último censo), y genera una cantidad aproximada de dos millones de toneladas de basura anuales, es decir, 166,666 toneladas mensuales.

Con base en ello los usuarios se preguntan: ¿con base en cuáles criterios Fospuca y la Alcaldía diseñan las tarifas comerciales a cobrar?

“El sector empresarial que más paga anualmente, paga 977 euros anuales. Tenemos que organizarnos para parar legalmente este proceso irregular. Si la Alcaldía no se ve presionada, no nos va a atender”, dijo el empresario.

“Alcaldía diseña instrumentos legales para velar por sus intereses propios”

Otro aspecto que genera malestar entre los usuarios es que, a su juicio, la Alcaldía diseñó un instrumento legal que beneficia a la empresa privada Fospuca, y al propio Ayuntamiento en detrimento de los contribuyentes.

Con instrumento legal se refieren a la Solvencia Única Municipal que, pese a que por mayoría, concejales de la Cámara Municipal de Caroní la aprobaron con modificaciones, en la práctica, el instrumento impone el registro y pago de servicios públicos como requisito para declarar impuestos o acceder a beneficios fiscales.

Es decir, existe la obligatoriedad del pago de tarifas que algunos comerciantes no pueden costear, y en paralelo, la amenaza de ser multados si no cumplen con estos pagos para poder declarar impuestos como el Impuesto Sobre Actividades Económicas (ISAE).

“Esto no es una rebelión, es un proceso de reclamo ciudadano, por derechos ciudadanos. Es conocido que aquí nadie se está enriqueciendo con el comercio. Estamos arañando y tratando de avanzar y de trabajar para crear un ambiente positivo para Ciudad Guayana”, expresó otra asistente a la reunión.

Entre diversos puntos de vista, hay quienes defienden la privatización del servicio de recolección para tener una ciudad más limpia, y piden solo revisar las tarifas, y quienes, de plano, rechazaron la presencia de Fospuca en el municipio Caroní.

Más allá de las elevadas tarifas se trata de atender un problema de salud pública

A la asamblea asistió Aliana Estrada, presidenta de la Comisión de Ambiente del Concejo Municipal de Caroní.

Durante su intervención, la concejala también catalogó las tarifas de recolección de desechos como “altas, arbitrarias e irregulares”, pero destacó que del seno de la sociedad civil no pueden nacer propuestas radicales, como no cancelar el servicio, a fin de que se desarrolle el saneamiento de la ciudad, actualmente sumergida en una emergencia sanitaria producto de años de desidia gubernamental en materia de gestión integral de basura.

“No podemos proponer no pagar el servicio de recolección de basura, porque esta es una ciudad contaminada. Hemos visitado centros asistenciales, mercados, y comunidades, y hay basura a montón”, sostuvo.

Sostiene que la estructura de cobro, y las tarifas más altas deben ser ajustadas a la capacidad de pago del sector privado según su actividad económica, y de las zonas residenciales.

“Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo acciones ciudadanas que nos permitan fijar nuestra posición y lograr que las cosas se vayan dando. Estamos en un régimen, nos van a golpear y van a diseñar leyes para su beneficio, como ciudadanos tenemos que movernos”, manifestó.

Sobre la Solvencia Única Municipal, Estrada resumió el conflicto en un hecho: el Ayuntamiento incumplió lo establecido en la ordenanza que fue aprobada por la mayoría de los ediles de la Cámara Municipal de Caroní.

“Las tarifas deben ser objeto y manejo del Concejo Municipal de Caroní, pero sacaron de la ordenanza todo eso para darle la potestad y competencia al alcalde para emitir los decretos y decidir las tarifas”, expuso.

La concejala afirmó que han emitido cartas de observaciones, reclamos y denuncias ante la cámara y el Ayuntamiento. Todas permanecen sin respuesta hasta el momento.

“El proceso no lo podemos ver solo en el precio de las tarifas, pues involucra resolver todos los temas (como la gestión de desechos para tener una ciudad limpia). Hay que hacer una valoración general”, concluyó.

CORREO DEL CARONI

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