Un total de 44 artículos divididos en tres capítulos componen la ley antibloqueo, que otorgará poderes extraordinarios a la administración de Maduro en materia económica desde el ámbito legal


Este jueves 9 de octubre la impuesta asamblea constituyente aprobó, con la ya acostumbrada unanimidad del órgano ilegítimo gobernado por el chavismo, la ley antibloqueo propuesta por el gobernante Nicolás Maduro, con el alegato de hacer frente a las sanciones y el supuesto bloqueo que insiste el gobierno de los Estados Unidos (EEUU) puso contra el país.

El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, dijo que el instrumento dará al régimen de Maduro un margen de maniobra para contrarrestar el supuesto bloqueo. El funcionario aseveró que es necesario actuar para recuperar a la nación. «En la demora está el peligro», dijo.

«El gobernante Nicolás Maduro nos ha presentado esta propuesta en su alocución de la semana pasada. En la demora está el peligro. Nuestro mandatario ha pedido apoyo y esta ANC tiene la potestad de apoyarlo o no. En lo personal ustedes conocen mi opinión: Confío plenamente en Nicolás Maduro», dijo.

El orden del día se centró en la discusión de la llamada ley antibloqueo para el supuesto desarrollo nacional y garantía de derechos humanos. Sin embargo, también estuvo en agenda en debate para la reforma de la ley del Servicio Policial y del Cuerpo de Policía Nacional, la reforma de la Ley de Ejercicio de la Medicina y la Ley del Ejercicio de la Enfermería.

La idea de Maduro

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) citó las disposiciones generales del instrumento. De acuerdo al texto la ley tiene por objeto establecer un marco especial temporal que provea al poder público nacional de herramientas jurídicas para mitigar y reducir los efectos de la imposiciones de medidas contra el régimen que hayan sido emanadas por otro Estado, grupo de países u organizaciones internacionales.

En el ámbito de aplicación de la llamada ley antibloqueo, se propone ponerla en vigor en todas las ramas del poder público y en caso de duda, el texto señala que se adoptará la decisión que favorezca más a la protección de los derechos humanos frente a las sanciones.

Según la propuesta presentada por Maduro la semana pasada, el instrumento tiene como finalidad «garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo frente a medidas restrictivas adoptadas contra el país cuyo impacto ha sido sobre la población y esto constituye a crímenes de lesa humanidad».

Otro de los objetivos de la propuesta es, supuestamente, favorecer el desarrollo armónico en la economía nacional, elevar el nivel de vida de la población y favorecer la soberanía.

El texto, leído por Cabello, señala que los objetos que supuestamente protegería la llamada ley antibloqueo serán los principio afectados por la imposición de las medidas, incluyendo los derechos humanos y los derechos e intereses y patrimonios de la República. Así como también, «los derechos de terceros, incluidos otros Estados inversores y otras personas naturales o jurídicas que se relacionan con la República, las pequeñas y medianas empresas nacionales y lo principios y valores constitucionales y derechos internacionales públicos».

Toda medida unilateral y cualquier otra medida contra el gobierno, según el instrumento, constituirá en amenazas contra la seguridad de la nación.

El artículo diez de la propuesta de ley permite al régimen de Maduro suscribir acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales, favoreciendo la integración de los pueblo libres que comulguen esfuerzos para promover la cooperación al desarrollo y bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de los mismos haciendo frente a los efectos de las supuestas contra su gobierno.

Estos acuerdos y convenios internacionales, según el instrumento, se basarían en la obligación preexistente de la República para garantizar la protección e intercambio económico y comercial y asegurar el suministro de bienes y servicios indispensables para la satisfacción de los derechos constitucionales y humanos del pueblo venezolano resguardando y preservando la soberanía».

La ley antibloqueo en su artículo 13 establece el llamado «control posterior» de todos los actos públicos.  Con la aplicación de la propuesta de norma todo acto público acarrearía responsabilidad individual en caso de desviaciones de los propósitos de tutela constitucional.

El primer capítulo cerró englobando los primeros 16 artículos del instrumento. El «constituyente» Hermann Escarrá acotó que esta ley fue debatida por «distintos sectores de la economía y de los derechos humanos», para luego dirigir una sarta de señalamientos contra autoridades estadounidenses como el expresidente Barack Obama por firmar un decreto «para agredir Venezuela».

En este sentido, insiste en que este grupo de leyes se emplearán para «sabotear los bloqueos y sanciones» implementados por Washington, mientras sostiene que no se trata de una «inaplicación» de la Constitución vigente. «No se puede violar la Constitución, nosostros fortalecemos y protegemos cada uno de los artículos establecidos en ella», aseguró.

Reestructuración económica

Con respecto al segundo capítulo, que abarca los artículos 17 al 35, está orientado a mecanismos que reordenan la economía venezolana, con medidas que buscarían sortear restricciones comerciales y movilizar fondos públicos. Se prevé emplar mecanismos «excepcionales» para la captación de ingresos adicionales. Para ello, plantean alianzas con empresas privadas e inversores de distinta índole.

Se menciona la reestructuración de entes establecidos con fines comerciales dentro y fuera del país, con la finalidad de «mejorar su funcionamiento» en aras de resguardar el patrimonio nacional;  la administración de pasivos y activos en mercados nacionales e internacionales, la implementación de mecanismos especiales para contratar bienes y servicios, especialmente referentes a los campos de la salud y la alimentación.

También aseguran que velan por el impulso a la inversión privada y el apoyo a la pequeña y mediana empresa, mediante la implementación de medidas que incentiven invertir en Venezuela.

Los ingresos adicionales generados con la aplicación de este instrumento, estarán orientados a la «satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales» de la ciudadanía.

El constituyente Jesús Faría centró su discurso en denunciar las trabas que presenta el chavismo para explotar la industria petrolera y recibir fondos del exterior, haciendo énfasis en el contexto de la pandemia. «Enfrentamos el más cruel bloqueo económico y más en pandemia. Todas las naciones han buscado financiamiento y ha Venezuela se le ha negado», destacó.

Según el economista del chavismo, las medidas apuntan a cercar los ingresos del país, por lo que apuntaron a la estatal Petróleos de Venezuela, para cumplir con la estrategia de «dejarnos sin la principal industria del país».

Insiste en que el instrumento está orientado en mejorar los problemas económicos del país y mejorar la calidad de vida de los venezolanos, aunque muchos de estos problemas existan antes de la aplicación de sanciones.

«Esta ley antibloqueo será aprobada por la clase obrera, la clase social, para atender todas las problemáticas del pueblo venezolano», insistió aunque en la última semana, precisamente sectores de la clase obrera y partidos de izquierda han denunciado la naturaleza de este instrumento.

Protocolos de «protección»

El tercer y último capítulo se enfoca en «medidas de protección» legislativa y abarca desde el artículo 36 hasta el 44. Tiene la finalidad de establecer un «sistema de protección legal» contra las medidas sancionatorias extranjeras para proteger a las supuestas «víctimas» de las sanciones.

Para esta misión, la Procuraduría General, encabezada por Reinaldo Muñoz Pedroza, que tendría incluso la potestad de designar representantes en el extranjero para defender los intereses del chavismo.

El capítulo se centra, en gran parte, a la protección de registros administrativos y documentos «confidenciales» para proteger información que el chavismo considere estratégica o sensible, con la justificación de que no desean que caiga en manos de terceros.

De acuerdo con la «constituyente» Rosa León, este apartado permitirá aplicar mecanismos y protocolos de seguridad que beneficiarán a los posibles inversores que decidan mantener negocios con la administración de Maduro.

Según la funcionaria, hay inversores que tienen la intención de desarrollara actividades económicas y financieras en Venezuela porque el chavismo «cumple siempre con sus compromisos».

«Este capítulo III abarca en la defensa de los proveedores de servicios de la patria. Venezuela, pese a las sanciones y el bloqueo, es un país solvente en sus deudas en los servicios», afirmó.

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