La alimentación les llega a través de dos familiares en Caracas que logran visitarlos dos veces por semana. El Estado ignoró alerta de Amnistía Internacional sobre las precarias condiciones de reclusión de los indígenas.

JOSE RIVAS

Luego de reiteradas violaciones al debido proceso judicial, como el diferimiento de la audiencia preliminar por falta de traslado al tribunal, los 13 pemones detenidos por el asalto militar al Batallón 513 de Infantería de Selva, en el municipio Gran Sabana, en diciembre de 2019, aguardan la nueva cita para el 19 de noviembre entre limitaciones de alimentación y lejos de su comunidad.

La abogada y representante de la organización Foro Penal, Stefania Migliorini, denunció que la audiencia pautada para el 9 de octubre no pudo realizarse por no tener acceso al expediente ni a la acusación, además de incumplirse los cinco días para consignar los escritos de defensa y excepciones.

“No podemos hacer una audiencia preliminar a ciegas”, expresó. De acuerdo con la defensora, hasta la fecha siguen sin tener acceso al expediente. “Me parece una falta de respeto con los abogados y los imputados el no mostrar lo que hay en ese expediente”, dijo.

De los 13 indígenas detenidos, ocho se entregaron por voluntad propia el 22 de diciembre y el resto fue arrestado entre el 28 y 30 de diciembre. Los primeros ocho fueron presentados el 10 de enero en el Tribunal Cuarto de Control con competencia en terrorismo en Caracas. Mientras los cinco restantes fueron presentados a finales de febrero, casi dos meses luego de su arresto.

Durante ese proceso no se cumplió ningún tiempo procesal y a los 13 pemones les fue negado el derecho a defensa privada.

La abogada informó que la audiencia preliminar fue unificada, pero al primer grupo se les acusa de: conspiración en forma política, sustracción de armas de fuego con municiones en resguardo, terrorismo y asociación para delinquir. Al grupo presentado posteriormente le suman el cargo de financiamiento al terrorismo.

Condición delicada

Luego de ser presentados, los pemones fueron recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y posteriormente trasladados al recinto penitenciario El Rodeo II. Los abogados han denunciado que allí han sufrido sintomatología de COVID-19 y problemas estomacales al no contar con agua potable ni medidas de higiene.

De acuerdo con la abogada, los pemones se encuentran hacinados, sin acceso a alimentos, agua ni baño. “Hay un familiar que fue a visitarlos y tenían como 12 días que no les llegaba agua (…) la comida que les dan, ya no se la están dando desde hace tres meses”, afirmó.

Subrayó que se han enfermado porque en el centro de reclusión hay animales como ratas y cucarachas, y los alimentos que les entraban eran solo arroz con granos. “Están muy flacos, su estado anímico no es muy bueno (…) ellos se sienten como si nunca pudieran salir de ahí, pese a que son inocentes”, comentó.

Olnar Ortiz, abogado y coordinador nacional de Pueblos Indígenas en Foro Penal, señaló que además de que el recinto suspendió la entrega de alimentos, no permiten la entrega de víveres al no contar con garantías de agua potable. La comida ya preparada debe ser entregada por familiares dos veces por semana. “Es violatorio de todo punto de vista”, expresó.

Ortiz denunció que el pemón Salvador Franco, quien era guía turístico, es uno de los más afectados por las pésimas condiciones de salud. El indígena viene presentando desde septiembre fiebre, diarrea y ha bajado de peso dado las condiciones del recinto.

“Nos preocupa la situación”, dijo. Hasta ahora el médico del penal no ha estudiado a Franco ni ha emitido un informe para que pueda ser trasladado a un centro médico.

Desde la organización entregaron un escrito a la Cruz Roja Internacional para que los pemones y los demás presos políticos sean examinados.

Exigencia por garantías

Durante el mes de junio la organización Amnistía Internacional alertó sobre las condiciones de detención y traslado arbitrario de los 13 pemones, al recinto de El Rodeo II, a más de 800 kilómetros de su lugar de origen.

En ese entonces solicitaron que garantizara un debido proceso. “Estarían siendo procesadas penalmente por un tribunal con competencia en terrorismo, sin apegarse a las disposiciones constitucionales y estándares de derechos humanos que indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia indígenas”, detalló el documento.

La organización exigió a las autoridades rectificar las condiciones de reclusión e imponer medidas que afecten en menor manera los derechos de las personas indígenas a tener un tratamiento pertinente culturalmente, el que permita cumplir la restricción preventiva de libertad en su comunidad al sur de Bolívar.

CORREO DEL CARONI

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