El balance político y social del año 2020 en Venezuela parece ser claro. Ha fracasado la política, ha retrocedido la democracia y se ha consolidado el régimen autoritario. La depauperación de la vida cotidiana de nuestra población puede verse evidenciada, trágicamente, con la muerte en el mar de dos decenas de venezolanos que intentaban escapar de la miseria en un peñero rumbo a Trinidad.

Tras las elecciones parlamentarias, no-competitivas, del 6 de diciembre y la consulta nacional, promovida por la oposición del 7 al 12, se ha cerrado un ciclo político en Venezuela. A partir del 5 de enero próximo se abre otro, con un autoritarismo consolidado y una oposición fragmentada, dispersa, enfrentada internamente, e incapaz de dialogar con la sociedad.

Porque si algo podría evidenciar el resultado de ambos procesos, es que la brecha que separa a las élites políticas del grueso de la sociedad parece convertirse en un gran abismo. Un abismo que contribuye a consolidar el autoritarismo, porque la sociedad, arrastrada a la miseria y a la dependencia, tiene hoy menos capacidad de organizarse de manera autónoma, de movilizarse de manera articulada y de consolidar alternativas efectivas al poder que la oprime.

El fracaso de la política

Nadie puede asumirse vencedor en este año trágico. La oposición mayoritaria no tuvo la capacidad de demostrar su fortaleza en unas elecciones. También fracasaron aquellos que, pretendiendo convertirse en “leal oposición”, buscaban capitalizar el rechazo del gobierno, participando en unos comicios sin pelear por unas condiciones competitivas y sin retar frontalmente a un gobierno que se burlaba de la voluntad del pueblo.

Incluso, el único ganador global del proceso, Nicolás Maduro, tampoco logró el reconocimiento internacional de su administración ni de sus elecciones, con lo que seguirá teniendo dificultades para conseguir los recursos necesarios para mantener la lealtad de sus esenciales, es decir, de los militares y de los distintos grupos de poder que giran alrededor de los restos del Estado venezolano. Maduro es un sobreviviente.

En medio de este paisaje ha sido la sociedad venezolana la gran derrotada, en lo que se refiere a sus posibilidades de avanzar, en términos de libertades y oportunidades, en un mundo que la va dejando atrás.

No nos encontramos en un “juego trancado”, usando los términos del dominó, porque el autoritarismo ha avanzado en términos absolutos, y la oposición se encuentra más débil que nunca.

Este resultado contrasta con aquel momento, en diciembre de 2015, cuando los sectores democráticos demostraron, electoralmente, haberse convertido en mayoría política y social, tomando el control de la Asamblea Nacional.

¿Qué pasó con todas las expectativas depositadas hace un lustro en las fuerzas democráticas? ¿Qué se hizo con ese capital político? Reflexionar sobre estas preguntas es un imperativo político.

 

 

El extravío de las fuerzas democráticas

Nadie puede negar que el gobierno de Maduro tomó una decisión tras la derrota de 2015, impedir que la nueva mayoría parlamentaria hiciera uso de las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional para descarrilar el poder que había heredado de las manos de Hugo Chávez.

El nuevo Parlamento enfrentó a un régimen que mutaba hacia un autoritarismo cerrado, restringiendo aún más la competencia electoral. ¿Pudo haberse evitado el choque frontal con un gobierno que tenía el control del aparato estatal? ¿Pudo haberse explorado una vía de normalización con miras a postergar la disputa central para las presidenciales de 2018? Estas interrogantes quedan sin respuesta.

La oposición democrática, que había ganado las elecciones parlamentarias gracias a un inmenso esfuerzo de coordinación interna, empezó a evidenciar ausencia de una estrategia unificada ante la decisión autoritaria del Gobierno.

Debemos recordar que la victoria de la oposición en las parlamentarias de 2015 fue fruto de una estrategia seguida, a pesar de los pesares, durante casi una década. Desde que Teodoro Petkoff, Julio Borges y Manuel Rosales decidieron, en 2006, que la lucha por la democracia en Venezuela no puede prescindir del escenario electoral, se desarrolló la estrategia más consistente y efectiva de las fuerzas democráticas venezolanas para enfrentar al chavismo.

Alrededor de esta estrategia de crecimiento se estructuró la Mesa de la Unidad Democrática, colocando a los partidos en el centro de su dirección política, logrando coordinarse elección tras elección, construyendo nuevos vínculos con la sociedad venezolana, creciendo voto a voto, hasta convertirse en mayoría en diciembre de 2015.

Esto se había perdido. El retroceso en la coordinación interna y la ausencia de una estrategia le pasó factura a la oposición desde 2016. El bloqueo del referéndum revocatorio en octubre de ese año generó el caldo de cultivo para los ciclos de movilización del año 2017, que fueron respondidos por el Gobierno, primero con una represión brutal, y luego con la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente cuyo único destino era terminar de anular al parlamento de mayoría democrática.

A partir de 2017 el Gobierno de Maduro y la oposición, desde la Asamblea Nacional, iniciaron una disputa por la legitimidad que tuvo en la escalada geopolítica una derivación. La coalición internacional que apoya a Juan Guaidó empezó a estructurarse a partir del rechazo a la ANC en 2017, avanzó en el desconocimiento de las elecciones presidenciales de 2018, y se completó en el reconocimiento a Guaidó desde 2019.

Una disputa desplazada

Pero esta línea de acción tuvo costos colaterales: desplazamiento hacia fuera y debilitamiento de los vínculos hacia dentro. Al eliminarse la arena electoral de la ecuación política, escenario donde la oposición había demostrado ser más fuerte, el conflicto se expresó en un retorno a las movilizaciones de calle, por un lado y, por el otro, a la presión internacional, bien bajo la forma de negociaciones, en República Dominicana primero, y en Oslo/Barbados después, bien a través de la escalada de sanciones contra personeros del régimen.

Luego, está la abstención. Así como la participación electoral ofrece oportunidades para dialogar con la sociedad, para colocar un mensaje entre la población, para dejar un legado organizativo, para fortalecer redes sociales y políticas, o para fortalecer la articulación entre la gente y los políticos, la decisión recurrente de abstenerse en los procesos electorales, puede llegar a impulsar el efecto inverso.

 

 

Todo esto acontecía mientras la crisis económica y social venezolana se agudizaba, impactando a los países vecinos a través de la migración. La emergencia humanitaria había surgido desde que los precios del petróleo descendieron, coincidiendo con la muerte de Chávez y la destrucción interna de PDVSA. Pero las decisiones de Maduro profundizaron la destrucción, lanzando a millones de personas fuera de Venezuela.

Entonces, tenemos una población lanzada a la miseria que ha perdido vínculos con el liderazgo político. Esto hace que la fragmentación actual de la oposición sea aún más grave, porque detrás de las disputas internas no hay base organizativa. Los problemas de la sociedad y los problemas que debaten los políticos cada vez se encuentran más disociados.

2021, ¿reencuentro con la sociedad?

El 5 de enero de 2021 se instalará una nueva Asamblea Nacional, con una mayoría tan abrumadora del PSUV que deja en una posición periférica —y probablemente inútil— a los pocos diputados electos en las listas del AD de Bernabé Gutiérrez o del Cambio de Bertucci, a Timoteo Zambrano o a Luis Parra. En caso de que tengan la voluntad de enfrentar al Gobierno no tienen la capacidad, carentes de vínculos orgánicos reales con la sociedad y con una legitimidad cuestionada.

Pero la oposición extraparlamentaria también debe enfrentar grandes dificultades. Al desaparecer la tenue cobertura institucional que otorgaba la Asamblea Nacional es probable que arrecie aún más la persecución y la represión contra los dirigentes, así como también es probable que la disputa por el liderazgo opositor sea más frontal.

En este marco, la Consulta Popular, promovida por la dirección de la Asamblea Nacional, tiene dos destinatarios: primero, busca ratificar la actual dirección política ante la comunidad internacional, afirmando la continuidad de un interlocutor legítimo; pero, también lo hace ante los competidores internos, bien sea ante el radicalismo que gira alrededor de María Corina Machado o los de la “leal oposición”, que pretenderán ejercer interlocución desde sus curules otorgadas.

El abismo tiene otra orilla. La población está molesta y tiene deseos de movilizarse, pero no se siente representada, ni parece reconocer en las élites políticas la interlocución efectiva ante su drama vital.

La emergencia humanitaria compleja implica que su capacidad para la movilización efectiva está limitada, materialmente y, mientras no se permita el desarrollo de sus capacidades, será poco lo que pueda retar al poder.

En conclusión, es imperativo volver a la política, lo que quiere decir, permitir el desarrollo de las capacidades de la sociedad para organizarse y movilizarse, para expresarse de manera autónoma.

Hacer todos los esfuerzos necesarios para atender la crisis humanitaria, es decir, para permitirle a la gente el acceso a los alimentos y medicinas, es no solo la política más ética, sino a mediano y largo plazo, la más efectiva para acercarse a la construcción de un nuevo movimiento democratizador que no puede prescindir de otra realidad: el chavismo no solo existe sino que es imprescindible para volver a retomar la ruta que nos conduce a todos a la democracia.

Ysrrael Camero es Historiador-UCV. Máster en Sociedades Históricas y Formas políticas en Europa, en la Universitat Rovira i Virgili.

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