El Foro Derechos Humanos en la Amazonia Venezolana recoge algunas de las tantas vulneraciones hacia pueblos y comunidades indígenas de los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar. | Foto William Urdaneta

Indigena de la etnia Waraos, actualmente migran a l Municipio Paracaima y Boa Vista, Republica Federal del Brasil, a consecuencia de la situacion poitica y economa que vive Veneuela.

La legislación venezolana y los derechos indígenas establecidos en la Constitución, en la práctica, son letra muerta por las constantes violaciones de derechos humanos, tanto por acción como por omisión del Estado.

Este viernes se realizó el Foro Derechos Humanos en la Amazonía Venezolana, evento promovido por la Dirección de Extensión Social Universitaria y la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Ciudad Guayana.

El foro contó con las ponencias de Olnar Ortiz, representante del Foro Penal para los pueblos indígenas; Mariela Molero, asesora de la organización Kapé Kapé; y Eumelis Moya, directora de Extensión Social Universitaria de la UCAB.

La esclavitud moderna se asocia a las formas en que se contextualizan estas corrientes que tratan de someter a las personas para la obtención del algún beneficio que jamás es propio”.

Ortiz empezó por recordar el avance que tuvo Venezuela con la Constitución de 1999 en el reconocimiento de los derechos indígenas, pero conforme pasaron los años, el Estado comenzó a frenar esa iniciativa hasta el punto de quitarles el poder de participación, como ocurrió en las elecciones del 6 de diciembre de 2020, donde las votaciones para estas comunidades pasaron a ser de segundo grado.

Para Ortiz, uno de los derechos más importantes a rescatar es “la libre determinación de los pueblos indígenas con el cual los pueblos indígenas puedan hacer ese ejercicio real de definir su forma de gobierno, de economía, social. Engloba el derecho a la titulación y jurisdicción especial indígena, también consagrada en el artículo 270 de la Constitución”, destacó.

Acentuada migración warao

Molero se refirió a la situación de los waraos y el fenómeno de la migración desde 2016. “Los waraos son viajeros empedernidos, pero la migración que se está presentando desde 2016 se debe a un conjunto de condiciones de vida deprimentes de las comunidades y pueblos indígenas, precisamente por la presencia de agentes externos a la comunidad que viene a afectar la cosmovisión del indígena”, explicó la abogada.

Recordó que en la década de los años 60 se produjo un cierre hidrográfico de la cuenca del caño Manamo, que produjo la acidificación y salinización de los suelos y agua, lo que trajo como consecuencia la pérdida aproximada de 5 mil vidas waraos. Este hecho no tuvo un control y registro por parte del Estado venezolano.

“Ello es un indicativo de que el Estado venezolano se encuentra en deuda con las comunidades y pueblos indígenas”, acotó.

El extractivismo impulsado por el Arco Minero del Orinoco ha obligado a los indígenas a dedicarse a la actividad minera, y son víctima de esclavitud laboral por grupos mineros armados | Foto William Urdaneta

Entre los inconvenientes que Kapé Kapé ha podido registrar sobre la migración warao hacia Brasil, Acnur y el Gobierno brasileño reportan que cuando tienen el ingreso de población warao, que es predominante, pero también le siguen las etnias pemón, e’ñepá y kariña están teniendo un problema de identidad nacional, es decir están migrando sin documentación, lo cual les hace cuesta arriba como oficina de las Naciones Unidas poder llevar un control respectivo de la identidad de esos waraos”, expuso Molero.

Se estima que desde 2002 los caciques de las comunidades perdieron el control de llevar los registros de las actas de nacimiento y actas de defunción. Esto implica que hay una gran cantidad de personas indígenas venezolanas sin identidad. En consecuencia, el Estado venezolano no los incluye en las políticas gubernamentales porque no forman parte del censo nacional, advirtió la asesora de Kapé Kapé.

Precisó que los registros de Acnur Brasil reportan que hasta febrero de este año ingresaron 5.512 personas, un 2% más que octubre de 2020. Los waraos representan el 67% de esa población, seguido de los pemones en un 27%, y con 1% las etnias E’ñepá, Kariña y Wayú.

De 5.512 personas indígenas venezolanas, 661 son refugiados, 1.929 residentes temporales y 2.921 solicitantes de refugio, detalló Molero, de acuerdo con los datos de Acnur.

Agregó que en Amazonas la migración temporal es de 89%, Bolívar 52% y Delta Amacuro 88%.

Los indígenas, además, son obligados a dedicarse a la actividad minera, y son víctima de esclavitud laboral por grupos mineros armados, bajo el esquema de “o se subordinan o les cuesta la vida”.

“En nuestro país no necesitamos más leyes, necesitamos que las que hay se cumplan”, puntualizó.

Esclavitud moderna

Moya, por su parte, mencionó resultados de la investigación en DD HH de la UCAB, que si bien no se centra en el tema de los pueblos y comunidades indígenas, sino en formas de esclavitud moderna, durante el estudio consiguieron que en el estado Bolívar los pueblos y comunidades indígenas no son ajenos a las afecciones que estas formas de esclavitud causan.

“La esclavitud moderna se asocia a las formas en que se contextualizan estas corrientes que tratan de someter a las personas para la obtención del algún beneficio que jamás es propio. Dentro del estudio que hemos realizado hemos conseguido y detectado: esclavitud por deuda: bajo la premisa de que tengo compromisos, haberes contraídos con una persona, me obliga a esos servicios hasta tanto pueda saldar la deuda, aunque pareciera no ser saldadas nunca porque son cargadas con unos intereses que las personas no son capaces de dimensionar”.

También está la explotación sexual, trata y tráfico de personas. Sobre el primero, Moya destacó que hay un número significativo de niños, niñas y adolescentes afectadas por este flagelo. Otras de las formas de esclavitud moderna son el matrimonio forzado temprano, bastante común en los municipios del sur de Bolívar; reclutamiento con grupos armados irregulares, y servidumbre doméstica.

Mota explicó que también que estas formas de esclavitud tienen una particularidad distinta en los pueblos y comunidades indígenas, porque a diferencia del criollo, en el caso de los indígenas pareciera no comprender las dimensiones. Es así como a pesar de los abusos sexuales que sufren mujeres indígenas que son raptadas en calles de Ciudad Guayana, no hay registros de denuncias, principalmente porque desconoce los mecanismos.

Además, la esclavitud moderna es un delito o abarca de delitos que no tienen una ley expresa, sino que las formas están diseminadas en un compendio normativo, conjunto de leyes que tampoco se cumplen.

Los waraos son viajeros empedernidos, pero la migración que se está presentando desde 2016 se debe a un conjunto de condiciones de vida deprimentes de las comunidades y pueblos indígenas”.

Moya también mencionó los principales problemas indígenas que conllevan a formas de esclavitud moderna. Una de ellas son las: ofertas laborales engañosas y reclutamiento forzado.

“Llegan a las comunidades ofreciéndoles participación en una actividad extractivista o en labores del hogar y luego no, o grupos armados los captan para obligarlos a ejercer algún trabajo para el traslado de personas y material o para la prostitución”, indicó.

En cuanto a las rutas para estas prácticas, Moya destacó un paso poco estudiado hasta ahora, la zona de San Martín de Turumbán, cercano a la zona del Esequibo. Es una de las rutas que están utilizando para la trata y tráfico de personas, y hacia Brasil para la migración.

Precisó que la proporción de víctimas es de 74% mujeres en general y 26% hombres. Advirtió que del 74% de esas mujeres víctimas de esclavitud moderna, hay un 25% que son niños, niñas y adolescentes.

Otra práctica de este flagelo se aprecia en el sector Cambalache, en Bolívar, mediante el tráfico de combustible, como principal actividad económica en la zona.

Diariamente se reciben unos 220 tambores de combustible de gasoil que se negocian en la zona, dijo Moya. En ese negocio entra la Guardia Nacional, a cuyos funcionarios se les paga para que los dejen cargar el combustible, la comunidad recibe otro tambo, y luego ese combustible lo revenden.

Los ponentes reiteraron que más que promover nuevas leyes para la defensa de los derechos indígenas, es hacer cumplir la legislación existente.

CORREO DEL CARONI

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here