Las madres de los indígenas detenidos exigieron la libertad de sus hijos frente al Palacio de Justicia en Caracas tras el diferimiento de la audiencia.

Tras más de ocho meses de retardo procesal y 12 horas de espera, se difirió por tercera vez la audiencia preliminar de los 13 indígenas pemones involucrados en la Operación Aurora, en esta ocasión por falta de intérprete.

La audiencia estaba pautada para este jueves 19 de noviembre y se reprogramó para el miércoles 25 de noviembre. Al final de la jornada, las madres de los indígenas exigieron su libertad frente al Palacio de Justicia en Caracas.

“Mientras sigan los diferimientos, seguirá la violación de los derechos humanos. Queremos que se comience este juicio lo más pronto posible”, expresó el coordinador de pueblos indígenas de Foro Penal y uno de los abogados del caso, Olnar Ortiz.

El abogado informó que esta es la segunda vez que la audiencia se suspende por falta de intérpretes, pues los detenidos aún no tienen uno asignado pese a ser un derecho contemplado en la Constitución.

La salud de los pemones se deteriora conforme avanza el tiempo, han padecido sintomatología COVID-19 y problemas estomacales toda vez que se les niega asistencia médica. En el centro penitenciario donde se encuentran, El Rodeo II, la alimentación es deficiente y no hay agua potable, y hasta ahora solo dos de sus familiares pueden llevarles alimentos dos veces a la semana.

Ortiz informó que, en la próxima audiencia, solicitarán el cambio de sitio de reclusión porque la segunda audiencia también se difirió por falta de traslado para los detenidos. “Tenemos previsto solicitar el cambio de sitio de reclusión, El Rodeo está retirado de la ciudad de Caracas, ellos alegaron que no tenían medios de transporte para poder trasladar a los muchachos que, como son muchos, requieren un autobús”, dijo.

Por la Operación Aurora, fueron detenidas 19 personas, 13 pemones y seis civiles y militares. El abogado informó que el tribunal acordó que, si en la próxima audiencia no se tiene intérprete, se podrá separar la causa de los pemones para que no interfiera con el proceso legal de los otros detenidos.

Irregularidades


“Mientras sigan los diferimientos seguirá la violación de sus derechos humanos. Queremos que se comience este juicio lo más pronto posible”, expresó el abogado Olnar Ortiz | Foto William Urdaneta | Archivo Correo del Caroní

El proceso legal de los indígenas ha estado lleno de irregularidades desde el momento de la detención. En la audiencia de presentación, a los acusados no se les permitió la defensa privada y fueron obligados a admitir hechos sin que la defensa estuviese presente. A los abogados de Foro Penal se les negó el ingreso a Tribunales.

“Es una serie de situaciones… el gobierno ha tratado de imputar a estas personas para justificar lo que ocurrió en el fuerte Luepa. Todo eso se va a ventilar cuando se tenga la oportunidad procesal de poder hacer la defensa”, dijo.

Ocho de los indígenas fueron acusados de conspiración en forma política, sustracción de armas de fuego con municiones en resguardo, terrorismo y asociación para delinquir, y a cinco de ellos se les suma el cargo de financiamiento al terrorismo.

Ortiz asegura que todos los indígenas detenidos alegan haber actuado bajo engaño. Ocho de ellos se entregaron voluntariamente y fueron golpeados y detenidos arbitrariamente frente al capitán de su comunidad y sus familiars. Los otros cinco detenidos se habían refugiado en comunidades aledañas.

Los pemones fueron detenidos irregularmente pese a que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a los pemones de San Francisco de Yuruaní luego de los hechos violentos de febrero de 2019.

La audiencia preliminar se ha diferido en tres ocasiones. Una porque la defensa no tuvo acceso al expediente ni a la acusación del Ministerio Público, otras por falta de transporte para el traslado de los indígenas desde Rodeo II hasta el Palacio de Justicia, y falta de intérprete. Ninguno de los tiempos de presentación se ha cumplido.

En mayo, los detenidos fueron trasladados sin orden judicial desde la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) -destinado a ser el centro de reclusión de los detenidos de acuerdo con la sentencia de la audiencia de presentación-, hasta la cárcel Rodeo II, lejos del Palacio de Justicia en Caracas. Desde ese traslado, no se les ha permitido tener acceso a la defensa fuera de las presentaciones, solo se les permite la visita de sus familiares.

Muchos de ellos no ven a sus familiares desde el inicio de la cuarentena.

Amnistía Internacional establece que la reclusión de los pemones a 1.200 kilómetros de distancia de sus territorios originarios implica el menoscabo del sistema judicial indígena plasmado en la Constitución venezolana, y por lo tanto un desapego a los estándares internacionales de Derechos Humanos.

Ortiz explicó que como el delito principal del que se les acusa es terrorismo, la jurisdicción especial indígena establece que se debe procesar en un tribunal ordinario, aunque se puede delegar a la jurisdicción indígena para que se haga conforme a sus costumbres.

“El pueblo pemón está dividido en cinco sectores, y el sector cinco tiene su propio tribunal, notificado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, dijo.

Operación Aurora

Los indígenas pemones fueron detenidos por el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, en el sector Luepa del municipio Gran Sabana, el 22 de diciembre de 2019.

Desde entonces, luego de que el primer tribunal militar declinara sus competencias, los detenidos se presentan en el Tribunal Cuarto de Control con competencia en terrorismo.

La Operación Aurora se hizo en respaldo al llamado de Juan Guaidó al cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Estuvo encabezada por un militar desertor de la Guardia Nacional Bolivariana. Todo eso en medio de un clima de tensión social y política en Gran Sabana luego de que en febrero de 2019 una comisión militar asesinara a cuatro indígenas de San Francisco de Yuruaní (Kumarakapay), y a cinco más que participaban en otras protestas en el municipio para exigir la entrada de la ayuda humanitaria por la frontera con Brasil. El hecho dio paso a la militarización definitiva del territorio y la represión del pueblo pemón.

Desde la detención, tanto Foro Penal como Amnistía Internacional (AI) han denunciado la reiterada violación a los derechos humanos a la que son sometidos los detenidos. Entre ellas, retardo procesal, negativa a la defensa privada, acceso limitado a salud, agua y saneamiento, la visita de familiares y el hecho de estar recluidos temporalmente en un recinto sobrepoblado.

Laura Clisánchez

CORREO DEL CARONI

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