Expertos en derechos humanos instan a la ciudadanía a mantener abiertos los espacios de intercambio y debate sobre las violaciones de derechos humanos que sufren los ciudadanos en lo individual y en lo colectivo, aun en el complicado marco de la pandemia por COVID-19.

En el foro virtual Desafíos de reparación de derechos humanos en Venezuela en tiempos de pandemia, organizado por el Centro Gumilla, se resaltó la participación ciudadana como medio para mantener viva la posibilidad de regenerar el tejido social fragmentado en Venezuela, producto de años de polarización social y politización de la emergencia humanitaria compleja.

El conversatorio está enmarcado en el programa de convivencia democrática, reparación social y comunicación ciudadana en Venezuela, que forma parte de una alianza entre la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Centro Gumilla y el Centro Global de Comunicación y Democracia.

 

 

El coordinador general de la organización de derechos humanos Provea, Rafael Uzcátegui, explicó que el trabajo de abrir paso a una justicia transicional en el país, que garantice la reparación de las víctimas de múltiples violaciones de los derechos humanos no debe paralizarse durante la cuarentena, urge continuarla y aún más contando con el apoyo técnico de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para seguir documentando estas violaciones.

 

 

El sociólogo destacó la importancia de mantener la organización de familiares y afectados para crear comités de víctimas.

Uzcátegui señaló que en este momento de restricción de movilización y de más control por parte del Estado -producto de un manejo de la pandemia politizado-, es necesario crear medidas para preservar archivos, documentos y toda evidencia de violaciones de derechos humanos, ya sean físicos o virtuales.

Es esta iniciativa ciudadana y de organizaciones protectoras de derechos humanos lo que contribuyó con el informe contundente de la Misión de Determinación de Hechos cuando esta estuvo impedida de visitar el país.

“Hay una cantidad importante de pasos que ya pudiéramos dar, casas editoriales que estimulen la investigación y publicación de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, hay propuestas que pudiéramos realizar desde ya”, dijo Uzcátegui.

La justicia transicional, la reparación de las víctimas de violaciones y sus familiares y la reconstrucción del tejido social venezolano es un proceso que se engrana a partir de la reforma del sistema de administración de justicia que también requiere medidas de asistencia psicológica y social, y el apoyo de toda la ciudadanía, explica el experto.

Mireya Lozada, doctora en psicología, profesora de la UCV y colaboradora del Centro Gumilla, manifestó que esta transición está centrada en la educación. Plantea que es necesario rescatar y resignificar los valores de la dignidad, el trabajo, la participación, honestidad, diversidad y el crecimiento sustentable en un contexto de crisis institucional.

“Es imperativo reconocer y rescatar valores educativos, eso nos va a dar voluntad, cohesión y fuerza colectiva. Hay una urgencia educativa en todos los espacios sociales donde puedan reivindicarse los valores”, recalcó la experta.

Lozada señaló que la población ha venido resistiendo y denunciando, las víctimas y la población han adelantado procesos de registros y de denuncias, y esto no puede detenerse. Sin eso no hay memoria colectiva, una pieza clave para el proceso contra la impunidad que complementa la justicia, verdad, la no repetición de los hechos, la construcción de ciudadanía y la cultura de paz.

“Nos toca sanar las heridas individuales y colectivas, y reconstruir la democracia, estamos apostando a ese desafío. Las organizaciones están avanzando en eso, pero también hay que reconocer el rol que las organizaciones políticas, el rol de los partidos políticos y la acción ciudadana acompañando esas acciones”, dijo Lozada.

Partir de la comprensión

Para mantener este proceso de construcción de memoria colectiva y la sanidad del tejido social desquebrajado, Claudia Carrillo, coordinadora del área de atención psicosocial a víctimas de violación de los derechos humanos de la organización Comité de Familiares de las Víctimas de la Violencia (Cofavic), agregó que se debe reevaluar como sociedad el impacto de las vulneraciones de derechos perpetradas por el Estado desde cómo lo ha percibido la gente en sus espacios diferenciados, y el cómo lo viven las víctimas.

“Tiene que ver con el tema del daño, de heridas que quedan abiertas, y para iniciar cualquier trabajo, proceso de memoria colectiva, ciertamente tenemos que reevaluarlo”, explicó. Además de esto, se deben incorporar distintos actores de la sociedad civil.

La reparación, que es una responsabilidad intransferible del Estado venezolano, busca mejorar la situación de las víctimas a través del reconocimiento de su dignidad humana. Carrillo aseguró que este elemento ayuda a construir una base sólida entre la víctima, la sociedad y el Estado en transición.

“Las reparaciones no deben ser hechos aislados de la responsabilidad del Estado, hay que demostrar la obligación de respeto y garantía del Estado”, zanjó Carrillo.

Los panelistas resaltaron que ante un Estado totalitario no garante de derechos, la confianza en las instituciones públicas está rota, por ello, un elemento clave para la transición política y de justicia, es la indemnización de las víctimas, la satisfacción de sus derechos y la garantía de no repetición previamente admitidas por el Estado que infringió las leyes.

LA PATILLA

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