Los partidos opositores que niegan el golpe de Estado de 2019 insisten en que la detenida solo puede ser juzgada por el parlamento y no por los tribunales ordinarios

FERNANDO MOLINA

El arresto de la expresidenta Jeanine Áñez en la madrugada del 13 de marzo en la ciudad de Trinidad ha conmocionado a la oposición boliviana, que ahora lanza toda clase de misiles retóricos en contra de “la justicia vendida al Gobierno” de Luis Arce. Áñez y cinco de sus exministros fueron incorporados de manera sorpresiva –y sin explicación de parte de los acusadores– a un proceso inicialmente pensado para juzgar a los jefes militares y policiales que en noviembre de 2019 pidieron la renuncia del presidente Evo Morales, llamado por la prensa caso golpe de Estado. Los partidos opositores niegan que haya habido un golpe de Estado en Bolivia en ese momento. Además, insisten en que, por ser expresidenta, Áñez solo puede ser juzgada por el parlamento y no por los tribunales ordinarios.

La detención de Áñez estuvo cargada de dramatismo. El viernes 12 de marzo salió –de manera totalmente inesperada– una orden de aprehensión en su contra y de cinco de sus exministros. Dos de ellos, que residían como Áñez en la región boliviana de Beni, fueron arrestados de inmediato. Otros dos, los controvertidos ministros de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, están fuera del país desde que el Movimiento al Socialismo volvió al Gobierno. Uno más se halla prófugo hasta este momento.

Toda la tarde del viernes los medios tuvieron la mira puesta en el edificio de apartamentos de la ciudad beniana de Trinidad en el que vivía Añez, el cual había sido cercado por la Policía. La expresidenta no se encontraba allí, como comprobaron los policías que finalmente se decidieron a allanar su domicilio. La búsqueda se extendió a otros lugares y más tarde, alrededor de las una y treinta de la mañana, Áñez fue descubierta por la Policía. Según la televisión estatal, estaba escondida dentro de una gran caja, en algún sitio cuya ubicación las autoridades aún no han revelado. Se rumorea que era la casa de su madre y que su hermano había armado un convoy con la intención de hacer creer a las autoridades que ya había escapado.

La expresidenta fue llevada a La Paz, la ciudad en la que se asentará el proceso, como suele pasar con los casos con ribetes políticos. Viajó con ella el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, y el jefe de la Policía. Todos los traslados de la presa se realizaron con un gran despliegue de recursos y vehículos, y fueron grabados por las cámaras de la televisión estatal y varios medios privados.

Áñez y sus exministros están acusados de “terrorismo, sedición y conspiración”, igual que los excomandantes militares y policiales que demandaron la renuncia de Morales en 2019. La organización de derechos humanos Humans Rights Watch criticó que se esté usando la figura de “terrorismo”. Esta institución hizo lo mismo cuando el Gobierno de Áñez la empleó contra el expresidente Evo Morales. “Las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que se haya cometido el delito de terrorismo” y “generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”, tuiteó su director, José Miguel Vivanco. Este cree que se debe realizar una investigación “seria e independiente” sobre una supuesta conspiración para cometer un golpe de Estado.

En noviembre de 2019, el país estaba paralizado por las protestas en contra de un supuesto fraude electoral orquestado por el Gobierno de Morales. Casi todos los dirigentes opositores participaron en ellas y pidieron públicamente la renuncia de Morales. En ese momento Áñez era una senadora de la oposición que no tenía un papel protagónico en los acontecimientos. No está claro por qué se la acusa a ella y no a otros políticos, entre ellos el dirigente principal de las protestas, Luis Fernando Camacho.

La confusión es tan grande, que Evo Morales tuiteó que la aprehensión de Áñez se debía a las responsabilidades de la expresidenta por la represión de las protestas populares en contra de su Gobierno. “Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado”, escribió. Sin embargo, estos hechos no son los que –por lo que se sabe ahora– serán investigados en este proceso. El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló: “se la juzga como exsenadora, no como expresidenta de facto”.

El ministro Del Castillo aseguró que el Gobierno no está realizando “ningún tipo de persecución política. Nosotros no amedrentamos a los que piensan diferente. La justicia debe continuar con un trabajo independiente de cualquier gobierno”. La oposición boliviana opina lo contrario: “Estamos en un caso de persecución política peor que las dictaduras. Se ejecuta en contra de quienes defendieron la libertad y la democracia en 2019. El poder judicial y la fiscalía masista son el martillo ejecutor”, tuiteó Carlos Mesa, expresidente del país y segundo en las elecciones de octubre pasado. Y Luis Fernando Camacho, que acaba de ser elegido gobernador de Santa Cruz, le escribió una carta al presidente Luis Arce para pedirle que no caiga en las presiones de los radicales “que gobernaron antes” y no convierta en “política de Estado” la versión política de su partido sobre el derrocamiento de Morales por un golpe de Estado. “Es momento de que deje su actitud de ‘mantenerse al margen’ y asuma su cargo en la gestión y en lo político con valentía” se lee en la misiva.

La respuesta de tono más elevado fue la de Rómulo Calvo, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, la institución que articuló las protestas de las clases medias citadinas en contra del gobierno de Morales. “Están jugando con fuego y se van a quemar”, amenazó. Y no descartó la posibilidad de volver a las calles para “defender la democracia”.

EL PAIS DE ESPAÑA

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