El Congreso de Perú rechazó este viernes la destitución del presidente, Martín Vizcarra, que ganó una moción de que buscaba incapacitarlo tras ser acusado de adjudicación irregular de contratos. La medida, forzada por seis de los nueve grupos del Parlamento hace una semana, tenía un recorrido incierto y dependía de la decisión de las dos fuerzas mayoritarias. En su intervención, Vizcarra pidió disculpas por los audios de conversaciones que han generado la crisis política que atraviesa el país sudamericano. Algunos líderes políticos que hace días estuvieron a favor de la llamada “vacancia presidencial” cambiaron finalmente su posición contra el mandatario. Tras una jornada de debate, pasadas las nueve de la noche 32 congresistas votaron a favor de su destitución, mientras que 78 la rechazaron y 15 se abstuvieron.

Acción Popular, con la excepción de dos parlamentarios, Alianza por el Progreso, Fuerza Popular, salvo una congresistas, y el Partido Morado votaron en bloque por el no, mientras que el grupo político de Antauro Humala, Unión por el Perú, y el partido Frente Popular Agrícola del Perú mantuvo el sí.

Podemos Perú, liderados por dos políticos investigados, Luna Gálvez y Luna Morales, optó por la abstención, y en el izquierdista Frente Amplio hubo dos votos en contra y cinco abstenciones. Nueve miembros de Somos Perú estuvieron en contra y uno a favor. Varios de quienes votaron contra la destitución expresaron que lo hicieron a su pesar, siguiendo la indicación del jefe del partido, como en Acción Popular y en Alianza para el Progreso, o que pusieron por delante los intereses del país. Otros indicaron que el rechazo a la destitución no eximía de responsabilidad al presidente.

Alianza por el Progreso es la formación política que había aportado la mayor cantidad de votos para que el Congreso aprobara el debate para destituir al jefe de Estado peruano, en el que sus opositores necesitaba 87 votos. El líder de ese partido, el excandidato presidencial César Acuña, sin embargo, había difundido un pronunciamiento en el que consideró “innecesario e impertinente forzar una vacancia presidencial”. Su hermano, el congresista Humberto Acuña, fue condenado a inicios de septiembre a inhabilitación de ejercer cargo público debido a que ofreció un soborno a un policía vinculado con una red criminal, pero aún se mantiene en funciones.

La misma opinión contra la destitución expresó la lideresa de Fuerza Popular, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, desde su prisión domiciliaria. La política es investigada por lavado de activos al haber recibido fondos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral en 2011 y 2016. Dichas opiniones pesaron en la decisión que adoptó el jueves el Tribunal Constitucional, al que el Gobierno acudió para pedir una medida cautelar que suspendiera el debate sobre la destitución. La Corte rechazó la solicitud. “Hemos advertido por las declaraciones de los voceros y los que tienen representación partidaria que no tienen proclividad a apoyar la vacancia”, comentó esta mañana la presidenta del Constitucional, Marianella Ledesma, a la emisora Radioprogramas.

Vizcarra fue puesto contra las cuerdas luego de que el 10 de septiembre el congresista Edgar Alarcón, en coordinación con el presidente del Congreso, Manuel Merino, del partido Acción Popular, difundiera tres audios grabados por la secretaria personal del mandatario. En uno de ellos, el presidente, su asistente y la secretaria general de presidencia se ponen de acuerdo en la versión que debían dar a la Fiscalía y a la Comisión parlamentaria de Fiscalización acerca de las visitas al Palacio de Gobierno de Richard Cisneros, un cantante que ganó contratos estatales por casi 50.000 dólares durante las gestiones del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y del actual mandatario.

Alarcón, quien preside la Comisión de Fiscalización, afronta a su vez dos acusaciones constitucionales que el Parlamento aún no ha debatido. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, lo denuncia por corrupción y enriquecimiento ilícito, delitos que cometió cuando era contralor de la República, cargo del que fue destituido por el Congreso en 2017. El viernes 11, además de Alianza por el Progreso, votaron en bloque a favor de debatir la destitución Unión por el Perú y Podemos Perú, agrupaciones cuyos líderes tienen problemas con la justicia: uno está preso por el asesinato de cuatro policías y el otro es investigado por lavado de activos en el caso Odebrecht.

Durante la sesión de debate de la destitución, el abogado del presidente Vizcarra, Roberto Pereira, destacó los vicios en los que incurrió el Congreso al difundir los llamados “audios del escándalo”. “No se puede pedir la vacancia sobre una base embrionaria, presuntiva, dubitada. Es una prueba ilegal porque no se han seguido los cauces formales [en la investigación parlamentaria de las contrataciones del cantante Cisneros] y no se ha convalidado la veracidad de los audios”, señaló. En su intervención, Vizcarra afirmó que “lo único que está comprobado hasta ahora es la grabación clandestina”, y pidió al Congreso dejar que el Ministerio Público investigue lo que corresponda. En otro de los audios difundidos, el jefe de Estado comenta con su secretaria personal que fue un problema que los familiares de ella hubieran sido beneficiados con contratos cuando él era gobernador regional de Moquegua, en el sur del país, y que unos parientes de la secretaria general de la Presidencia -quien renunció el sábado- hubieran logrado cargos públicos.

Si bien el presidente peruano ha librado la destitución, tiene por delante diez meses más de gobierno pero estará afectado por el descrédito, y no cuenta con una bancada en el Parlamento. En uno de los audios difundidos, coordina con su entorno cómo eliminar el rastro del registro de algunas visitas de Cisneros a la sede del Ejecutivo. En mayo, cuando respondió a la prensa sobre su vínculo con el personaje, dijo que era solo un conocido de la campaña electoral de Kuczynski, pero las revelaciones no respaldan esa versión. Este viernes, la ex asistente personal del actual jefe de Estado y la ex secretaria general del despacho presidencial han pasado a la condición de investigadas en la pesquisa sobre los polémicos contratos: la primera por ocultamiento en agravio del Estado y la segunda por colusión agravada.

Vizcarra enfrentará en simultáneo una agenda compleja: contener la pandemia de la covid-19 -Perú es el país con la mayor tasa de mortalidad por 100.000 habitantes- y completar la reforma política con vistas a los comicios generales de abril. El Congreso anterior y el actual han rechazado constantemente las modificaciones a las normas electorales que sancionen el ingreso de dinero ilegal en los partidos políticos y, además, está pendiente la anulación del voto preferencial para permitir la paridad y alternancia en las listas de candidatos. Por ello la fricción entre ambos poderes del Estado continuará, como ocurre desde marzo, cuando se instaló este Parlamento.

JACQUELINE FOWKS

EL PAIS DE ESPAÑA

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