Tenemos un gobierno autoritario, muy destructor, que se impone por la fuerza y se aparta de la ley. Tenemos variantes —divergentes y hasta contradictorias— de la oposición, todas afectadas por la división, la pérdida de capacidades organizativas y movilizadoras, en involución desde el contexto de victoria del 2015 al fracaso conjunto en el 2020.

Tenemos un país agredido y despedazado por el gobierno y abandonado por una oposición concentrada en su burbuja de lucha por el poder y derrotada por el espejismo de que se podía llegar más rápido a Miraflores por una vía insurreccional. Un país colocado por debajo de Cuba, el modelo bizarro de los revolucionarios en el poder.

La era Guaidó demuestra que para triunfar no es suficiente el coraje. Su estrategia insurreccional falló, fortaleció al régimen, debilitó a la oposición y separó a los políticos de la gente y sus necesidades. En vez de organizar la oposición social constituyó un gobierno interino. Instauró lo testimonial como sustituto de la realidad. Descendió del empate catastrófico al fracaso estratégico.

 

 

Los dirigentes de la llamada oposición mayoritaria, por estar más asociada al triunfo parlamentario del 2015 y conformada por partidos históricamente más fuertes, se niegan a reconocer ese fracaso para ocultar su responsabilidad. Presionados por sus bases quieren abandonar la línea insurreccional sin dar un paso claro hacia la negociación de las condiciones y la participación electoral. Parecieran tan fuera del país que se han refugiado en el más inexplicable y largo silencio.

Las encuestas indican un rechazo descomunal a Maduro y Guiadó. Es un emparejamiento cuantitativo, pero el cuestionamiento tiene motivos distintos: al presidente en ejercicio se lo repudia como responsable de la crisis, al líder opositor por desconfianza de que pueda vencer al autoritarismo. Lamentablemente, la respuesta a este reclamo por falta de eficacia no es la de corregir errores y reformular la estrategia.

Frente a la inhibición de quienes deberían orientar a la oposición, han comenzado a llenar el vacío nuevos actores no directamente partidistas: instituciones como la Iglesia o Fedecámaras, organizaciones de la sociedad civil, figuras independientes y luchadores por nuevos derechos.

Una emergencia oportuna porque la naturaleza de las elecciones de gobernadores y alcaldes se conecta más con las aspiraciones sobre condiciones de vida de la gente que con la lucha por el poder concentrada en la escogencia del presidente de la república.

Pese a la dificultad para rehacer la confianza de los ciudadanos en el voto y que el régimen intentará mantener sus ventajas para apabullar en todos los Estados y municipios, existen partidos que ya han tomado la decisión de participar, aunque con la vieja práctica de la repartición cupular de los candidatos. En estos partidos hay que distinguir entre quienes aplican su opción de enfrentamiento al gobierno y quienes están actuando como piezas impresentables del plan de control y dominio del Estado.

Hay que ver que en esa delgada línea de la participación no toda convivencia es connivencia.

Mientras los dirigentes políticos callen, los ciudadanos deben actuar. Aumentar la presión para mejorar las condiciones electorales y favorecer la promoción de candidatos independientes que posibiliten la unidad. Y, más que nunca, rescatar el derecho a elegir entre la democracia y un régimen que restringe y se propone sustituir el voto por las manos alzadas en las comunas.

Simón García es analista político. Cofundador del MAS.

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