Debido a los incumplimientos de pago a los colegios privados, algunas instituciones educativas han decidido eliminar los convenios con las empresas básicas, lo que deja a los menores sin la posibilidad de recibir educación de calidad.
En el marco del inicio del año escolar 2022-2023, trabajadores de algunas empresas que conforman el grupo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) manifestaron que el holding está violentando el derecho a la educación de sus hijos, ya que se niega a cumplir con los convenios de pago establecidos en sus contrataciones colectivas, en las que se establece que las estatales deben pagar la matrícula escolar de los representados que cursen estudios en planteles privados.
Los empleados explicaron que el contrato colectivo estipula dos tipos de convenio: uno en el cual la empresa se encargaba de cancelar la totalidad de la matrícula posterior a la inscripción del alumno; y otro, en el que el representante debía cancelar el costo de las mensualidades y esperar que la compañía le hiciese un reembolso del pago.
Sin embargo, según los denunciantes, las industrias han roto estos convenios con varios de los colegios de la ciudad debido a retrasos en las obligaciones de pago por parte de las compañías. Asimismo, los trabajadores enfatizaron en que la segunda modalidad de pago les perjudica, ya que las estatales tardan mucho en hacerles el reembolso y, cuando lo reciben, el dinero se ha devaluado.
En años anteriores la empresa contaba con transportes escolares para cubrir varias rutas en la ciudad y trasladar a los que denominan ferromineritos en sus redes sociales. No obstante, desde hace algún tiempo la compañía ya no cuenta con este servicio
“Los beneficios sociales de los trabajadores de Sidor han sido vulnerados a través del memorándum 2792. Ya Sidor eliminó muchos beneficios sociales como los juguetes de Navidad, los planes vacacionales y, desde hace tres años, está tratando de eliminar el beneficio educativo. Cuando toca inscribir a los niños, el colegio privado pone su presupuesto y Sidor busca la manera de evadir los pagos. Siempre se crea una controversia. Debido a eso, muchos trabajadores optan por sacar a sus hijos de colegios privados e inscribirlos en planteles públicos que ya sabemos cómo están”, declaró Jean Franco, miembro de la organización laboral Unidad en la Coincidencia de Sidor.
El Colegio Monte Carmelo no habría logrado llegar a un acuerdo con la estatal de acero y, en consecuencia, más de 300 alumnos están en peligro de quedar fuera de la institución. Según información ofrecida a los medios de comunicación, la institución no quiere seguir recibiendo pagos por parte de la empresa, sino que sean los padres quienes cancelen la matrícula y, posteriormente, la compañía lo reembolse.
“Hay quienes tienen 3 o 4 hijos estudiando. Las mensualidades cuestan alrededor de 70 dólares, cuando los trabajadores que estamos como no requeridos cobramos 60 dólares quincenales. Si el trabajador tiene dos o tres hijos, ¿cómo paga el colegio o su alimentación? En mi caso, soy uno de los afectados. Mi hijo está en tercer grado y estudiaba en un colegio privado ubicado en Sierra Parima. Por el mismo tema de los convenios de pago, tuve que sacarlo de la institución”, explicó Franco, quien enfatizó en que lo que se mantiene activo es la figura del reembolso, el cual es intermitente, ya que la empresa tarda mucho tiempo en retribuirle el pago a los obreros.
Stock en el pago de la matrícula
El vocero de Unidad en la Coincidencia, César Soto, explicó en entrevista para Correo del Caroní que el caso más reciente fue el del Colegio Monte Carmelo, plantel cuya matrícula es de 75 dólares.
Soto adujo que, en el caso de Sidor, la empresa fijó un tope para el pago de instituciones educativas de 40 a 45 dólares. Los trabajadores cuyos hijos estudien en colegios con mensualidades más altas deberán responsabilizarse por la diferencia, ya que la empresa solo cubrirá el monto estipulado.
“Eso está fuera de ley. Eso no puede eliminarse porque es parte de la contratación colectiva. La empresa debe responder por el 100% de la matrícula. Sidor aún mantiene algunos convenios donde él paga directamente al colegio, pero, en los casos que requieren reembolso, es una preocupación más para el trabajador. Al no tener listín de pago, ni siquiera sabemos si la empresa realmente nos devuelve el dinero o no. Le están quitando el derecho a nuestros hijos de tener una educación de calidad”, expresó el dirigente laboral.
Andiep: las empresas no cumplen con los plazos de pago
El presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), John Lara, manifestó que “las empresas básicas ya no están dándole ese beneficio al trabajador por decisión de ellas”.
Lara enfatizó en que los colegios privados no están negados a respetar los convenios, siempre y cuando las estatales cumplan con los compromisos de pago en el tiempo estipulado. Sin embargo, según los denunciantes, algunos colegios se niegan a trabajar bajo esta modalidad.
El Colegio Monte Carmelo no habría logrado llegar a un acuerdo con la estatal de acero y, en consecuencia, más de 300 alumnos están en peligro de quedar fuera de la institución. Según información ofrecida a los medios de comunicación, la institución no quiere seguir recibiendo pagos por parte de la empresa
“Los colegios privados nos hemos protegido. El procedimiento que estamos siguiendo es que el representante cancele, se le da la factura y la empresa debe reembolsar el dinero. El propósito es que el representante se entienda con la empresa porque ha habido muchos problemas en función de eso. Las compañías incumplen el pago y decidimos cortarle la sinvergüenzura a esa gente que está supuestamente dándole ese beneficio a los trabajadores”, señaló Lara.
A su vez, el representante educativo manifestó que estas medidas se toman para salvaguardar el ingreso de los planteles, ya que “esto nos afecta sustancialmente, es desgastante cobrarles el dinero a las empresas y nosotros necesitamos el pago para funcionar. Debemos pagar personal y también los impuestos que están bastante altos”.
Según Andiep en el marco de la pandemia hubo una deserción escolar sustancial y, tras el fin del confinamiento, apenas han tenido un incremento de 30% en lo población estudiantil, es por ello que las matrículas han presentado aumentos, pues son la vía para seguir pagando los costos operativos.
Ferrominera: sin transporte ni material escolar
Además del beneficio del pago de colegios privados, los ferromineros cuentan con planteles educativos propiedad de la compañía como la Unidad Educativa Colegio Diego de Ordaz I, Unidad Educativa Colegio Mario Lezama Esquivel, Unidad Educativa Colegio Palúa y Unidad Educativa Colegio General Piar.
Los ferromineros denunciaron que en estos casos la situación no es mejor, ya que los planteles tienen problemas de infraestructura, no está operativo el transporte escolar y la estatal dejó de entregar material escolar y uniformes para los alumnos.
“En el caso de los colegios privados, Ferrominera tarda mucho para pagar los reembolsos. La empresa tampoco está cumpliendo con la entrega de uniformes, útiles ni nada de lo que se entregaba. Los colegios de Ferrominera no están acondicionados. Es una situación grave”, manifestó un trabajador de la estatal del hierro cuyos hijos estudian en la Unidad Educativa Colegio Palúa.
En años anteriores la empresa contaba con transportes escolares para cubrir varias rutas en la ciudad y trasladar a los que denominan “ferromineritos” en sus redes sociales. No obstante, desde hace algún tiempo la compañía ya no cuenta con este servicio y, en el contexto de la crisis de combustible, para muchos padres es cuesta arriba trasladar a sus hijos a las escuelas.
César Marcano, trabajador desincorporado por su participación en protestas laborales a principios de año, enfatizó en que los niños han perdido muchos beneficios, entre ellos, planes vacacionales que no se hacen desde hace, al menos, cuatro años; la entrega de regalos, útiles escolares y uniformes. Asimismo destacó que los empleados deben cumplir horario y la ausencia de transporte escolar dificulta aún más su jornada.
“Yo tengo tres niños. Estudian aquí en la Diego de Ordaz de Puerto Ordaz, estoy pensando en sacarlos e inscribirlos en una escuela pública cerca de mi comunidad porque la empresa incumple con el transporte. El autobús no pasa desde hace mucho tiempo”, declaró un trabajador de FMO que prefirió mantenerse en anonimato.
coRREO DEL CARONI
