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Esta es la tarea que le pusieron a Maduro en el Consejo de DDHH de la ONU

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El Estado venezolano, representado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, enfrentó el inicio del tercer Examen Periódico Universal (EPU) entre serios cuestionamientos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la cháchara de las sanciones y recomendaciones reiteradas, pero no obligatorias, sobre ratificación de protocolos, lucha contra la trata de migrantes, independencia judicial y cese a la persecución política


La mañana de este martes 25 de enero se inició el tercer Examen Periódico Universal (EPU) a Venezuela dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde el Gobierno venezolano, representado por Delcy Rodríguez, se insistió en las sanciones; mientras que 116 países se anotaron en lista para hacer sus cuestionamientos y una serie de recomendaciones, casi todas coincidentes.

Estas recomendaciones, que no son obligatorias para el Estado venezolano, van desde la ratificación de protocolos contra la tortura y desapariciones forzadas, lucha contra la trata de migrantes, reformar el sistema de justicia y garantizar su independencia; además del cese de la persecución política, a periodistas y defensores.

Desde Venezuela y vía Zoom, la vicepresidenta Delcy Rodríguez protestó por la permanencia en el Consejo de países que implementan sanciones como Estados Unidos, y descargó en tres oportunidades a Reino Unido por el juicio del oro venezolano.

Además, permitió el derecho de palabra a otros ocho funcionarios para dar cifras sobre los esfuerzos de Venezuela en cumplir con los 24 compromisos voluntarios adoptados por el régimen de Maduro y las 193 recomendaciones hechas en el segundo EPU.

Entre ellos se mencionó un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) en el último trimestre de 7,6%, una disminución de la mortalidad materna en 11,5% (sin explicar cuál es el porcentaje actual) o una baja en las muertes carcelarias de 0,05%, según la ministra Mirelis Contreras.

El lado bueno para Venezuela fue el apoyo de países amigos o con afinidades ideológicas como Cuba, Irán, Siria, Rusia, China, Corea del Norte o Timor Leste. Cada uno de ellos mencionó las «medidas coercitivas unilaterales» como la principal razón para que el gobierno de Maduro no haya cumplido ciertas metas.

Sin embargo, estos países hicieron recomendaciones dirigidas a aumentar la cobertura en salud, alimentación y llegar a las población más vulnerables, reforzar la Comisión Nacional contra la tortura o implementar planes efectivos para disminuir la violencia contra la mujer o garantizar la igualdad de género.

Incluso desde Rusia se recomendó aceptar la instalación de la Oficina país de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, con la que el Gobierno venezolano tiene una carta de entendimiento vigente; así como la cooperación con los procedimientos especiales, como se le conoce a los Grupos de Trabajo y distintas Relatorías de Naciones Unidas.

El lado menos amable de la ONU

La preocupación por las restricciones en el espacio cívico, ataques a defensores y organizaciones no gubernamentales, periodistas, y las continuas violaciones a derechos humanos fundamentales en el país fueron recurrentes dentro del EPU a Venezuela.

La mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe, excluyendo a Bolivia, Nicaragua y Cuba, recomendaron una cooperación plena con el Consejo de DDHH y permitir la visita de la Misión de Determinación de Hechos, que se regrese al sistema interamericano de derechos humanos y aceptar la Oficina país de la Alta Comisionada.

Otra recomendación reiterada fue que Venezuela ejerza medidas efectivas para restaurar la independencia del sistema judicial, de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo; publicar el presupuesto nacional; eliminar la discriminación en el acceso a programas sociales; cesar la intervención a universidades y revisar la legislación que criminaliza la labor de defensores y organizaciones de derechos humanos. 

El cese de la persecución por motivos políticos, la petición de investigaciones efectivas en violaciones al derecho a la vida y la ratificación del Convenio contra la desaparición forzada de personas así como el Protocolo contra la Tortura fueron peticiones recurrentes de países europeos y asiáticos. 

Mientras que Serbia, Tailandia, Congo, Djibouti, Liechtenstein, Filipinas y Rumania recomendaron un verdadero combate contra la trata de personas, a través de la implementación de planes e identificación de población vulnerables, sobre todo mujeres, niños y migrantes. 

Derechos no olvidados

Desde Sudáfrica se recomendó reformar el sistema carcelario para garantizar las normas Nelson Mandela. India y Emiratos Árabes Unidos hicieron solicitudes respecto a las personas con discapacidad para eliminar su discriminación y reforzar las capacidades de personal docente, especialmente aquellos que trabajan con este sector poblacional.

La representante de Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte pidió acabar con la esclavitud forzada y explotación sexual en el Arco Minero del Orinoco, mientras que Angola recomendó al Estado venezolano ratificar convenios sobre reducción de la apatridia.

El embajador del Reino de Bahrein ante la ONU recomendó elaborar un marco institucional para fortalecer los esfuezos existentes para eliminar la violencia contra mujeres y niños, así como la reducción de la mortalidad materna.

Una intervención particular fue la de los Estados Vaticanos, que recomendaron continuar los esfuerzos para el diálogo y la reconciliación nacional, fortalecer políticas para acceso a bienes esenciales; además de mejorar la lucha contra la violencia, especialmente en ejecuciones extrajudiciales, y garantizar independencia judicial, combatir impunidad y aportar reparación a las víctimas.

Mientras que Islandia, además de recomendar un plan nacional para atajar el incremento de la violencia sexual contra niñas, mujeres y población LGBTI, pidió hacer las reformas necesarias en el Código civil venezolano para permitir matrimonios entre personas del mismo sexo.

Rifirrafe con Estados Unidos

«Estados Unidos está preocupado por los abusos del régimen de Maduro». Y ahí se detuvo por primera vez la intervención de ese país, debido a los reclamos de Venezuela por el uso de expresiones «indecorosas» y no acordes al lenguaje implementado en la ONU, que reconoce a Nicolás Maduro como presidente y su administración como un gobierno soberano. 

Héctor Constant, representante permanente venezolano ante la ONU, pidió al presidente del Consejo, el argentino Federico Villegas, garantizar que en el informe sean excluidas estas menciones, antes de una intervención de Cuba donde se solicitó no proyectar el vídeo y, en cambio, pedir a la delegación estadounidense sus recomendaciones por escrito debido al uso de «lenguaje inapropiado». 

La moción de Cuba no fue aprobada en el Consejo, y se siguió con la intervención de EEUU que pidió rendición de cuentas de todos los operativos de colectivos pro régimen responsables de abusos de derechos humanos, la liberación de todos los presos políticos y que se tomen pasos inmediatos para que cesen detenciones arbitrarias.

Los reclamos venezolanos por lenguaje no acorde también se repitió con Francia e Israel, pese a que este último país hizo un elogio a Colombia sobre la adopción de medidas para recibir a migrantes venezolanos. 

TAL CUAL

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