Salomé Sanguino ha perdido a dos de sus tres hijos en operativos de cuerpos de seguridad del Estado que luego fueron reportados como enfrentamientos. El caso más reciente fue el 3 de agosto.

El 3 de agosto de este año, cerca de las 4:00 pm, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ingresaron a la vivienda de Damiris Heredia, tía de Moisés Heredia, de 23 años de edad.

El joven acostumbraba a ir a casa de su tía para conectarse a internet. Ese 3 de agosto estaban él y el esposo de Damiris cuando llegó el comando policial. Rodearon la casa e ingresaron sin presentar antes una orden judicial, Moisés se escondió en el baño de la casa en donde fue ejecutado.

“Cuando mi esposo sale a cerrar la puerta, ya los hombres habían entrado. Mi esposo le dice a mi sobrino: Moisés vete. Y él se escondió en el baño. Ya había gente que se metieron por la parte de atrás, rompieron la cerradura porque eso estaba cerrado. Uno de los tipos le dijo a mi esposo que se saliera. Cuando sale, no pasaron ni dos minutos cuando se escucharon gritos de mi sobrino y luego disparos. A mi muchacho lo mataron de un solo tiro en el pecho”, relató Heredia.

En la entrada del baño quedó la marca de uno de los disparos. La puerta también está agujereada, y hasta un mural que tenía pensado vender fue destruido.

“Dijeron que fue un enfrentamiento, que se iba a escapar por la puerta del patio, y él no podía salir por ningún lado, la puerta de atrás estaba con seguro”, aseguró.

Este hecho se dio en el sector Aceiticos 2, en la parroquia La Sabanita de Ciudad Bolívar. Familiares presumen que a la víctima quisieron vincularlo con el homicidio de un septuagenario en el que está presuntamente involucrada una prima y otra joven. En los reportes policiales, sin embargo, no se reseña asociación alguna de Moisés con ese caso.

“Mi sobrino no está metido en ese caso”, sostuvo Heredia.

Segunda ejecución

Celina Ortiz, abuela de Moisés, señaló que este es el segundo hijo que un cuerpo de seguridad del Estado ejecuta a su hija Salomé Sanguino.

El primer caso fue el 27 de agosto de 2018 cuando ejecutaron a José Miguel Heredia Sanguino, de 23 años, a manos del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Bolívar (Sipeb).

“Al muchacho lo ejecutaron por lo que ellos denominan una confusión, y luego argumentan enfrentamiento policial. Tenemos dos años en el caso de José Miguel y no hemos visto ni la primera presentación de estos elementos plenamente identificados, porque son de cuerpos de seguridad. Los testigos presenciales han sido objeto de amenazas constantes por parte de estos cuerpos”, denunció Ortiz.

Los cuerpos policiales y militares de Venezuela asesinaron a 1.611 personas en los primeros seis meses de 2020, un promedio de 9 personas por día

Las ejecuciones extrajudiciales se explican, en parte, porque los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada

“Queremos saber hasta qué punto se cumple la Constitución nacional, que protege a los individuos donde se habla de los derechos humanos. Hasta dónde la víctima indirecta, que somos nosotros, se nos da a cumplir nuestros derechos y hasta dónde se tiende a prolongar la penalización. Pedimos lo que constantemente piden los venezolanos cuando se cometen estos hechos, justicia, pero que sea pronta”, agregó.

Hasta ahora no han tenido respuesta clara en ninguno de los dos casos. Todavía no conocen el número del expediente de Moisés Heredia, y por el de José Miguel, la constante respuesta de la Fiscalía de Derechos Fundamentales era que no había llegado el expediente o no les dejaron la copia del acta del mismo.

“Son dos hijos que le han matado a mi hija, esto no es un juego. Hechos punibles como estos no deben quedar callados, la voz del venezolano debe levantarse. Hemos buscado ayuda de todas las formas posibles. Nos sentimos desesperados porque es como si estuviésemos atados de mano. Estamos levantando la voz para hacer pública la denuncia de que a cada minuto se violan los derechos humanos de los venezolanos, los jóvenes son asesinados por cuerpos de seguridad y los homicidios están quedando impunes”, reiteró.

“Debe existir una ley que ampare a las víctimas indirectas, que somos nosotros, para que se cumpla y se penalice a estos elementos criminales que están formando las filas de los cuerpos de seguridad del Estado”, puntualizó.

Operativos de cuerpos de seguridad del Estado suelen efectuarse sin cumplir con el debido proceso para presentar a una persona con orden de captura o capturada en flagrancia. Por lo contrario, aplican estas ejecuciones que luego justifican en los partes policiales como supuestos enfrentamientos, sin reportar ningún herido o baja en el cuerpo policial.

A finales de septiembre de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 711 muertes entre junio y agosto de 2020, presuntamente a manos de fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2 mil muertes desde enero de 2020”, expuso la alta comisionada Michelle Bachelet.

De acuerdo con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), en Bolívar han sido ejecutadas 176 personas por cuerpos de seguridad entre enero y agosto de 2020.

Violencia institucional policial y militar

Los cuerpos policiales y militares de Venezuela asesinaron a 1.611 personas en los primeros seis meses de 2020, un promedio de 9 personas por día. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes pobres, entre 18 y 30 años de edad.

Los datos publicados son resultado de un trabajo conjunto que vienen realizando el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas Centro Gumilla y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Las dos organizaciones iniciaron desde el año pasado un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar.

Los miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos, y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia por parte del proyecto político oficialista. Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.

CORREO DEL CARONI

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