El canciller Jorge Arreaza y el Fiscal Tarek William Saab insistieron en que la misión no recopiló datos en el territorio venezolano pero obviaron que el Gobierno nunca permitió el ingreso ni autorizó las visitas del equipo que levantó el informe


El canciller Jorge Arreaza junto al Fiscal General impuesto por la ANC, Tarek William Saab, descalificaron, en una declaración conjunta, el informe presentado por la Misión Independiente de Verificación de Hechos por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual se documentan delitos de lesa humanidad por parte del Gobierno venezolano.

La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela estuvo presidida por Marta Valiñas, Francisco Cox Vial y Paul Seils y se estableció en virtud de la resolución 42/25, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2019.

Su mandato de un año fue investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014. Los miembros de la Misión no pudieron visitar Venezuela debido a la ausencia de respuesta gubernamental pese a las reiteradas solicitudes.

Sin embargo, Arreaza lo calificó como «una piratería jurídica» y dijo que a representantes del Gobierno de Nicolás Maduro les habían advertido que se adelantaría la presentación del informe con la única intención de torpedear el proceso de diálogo con la representación de la Unión Europea para que tuviera impacto en el Grupo de Contacto Internacional en el contexto de la realización del venidero proceso electoral del 6 de diciembre.

«Es una responsabilidad compartida dar respuesta. Recordamos que desde 2015 ya en el Consejo de DDHH (de la ONU) se hizo la denuncia de que se preparaba un ataque contra Venezuela a partir del tema de los DDHH», dijo el canciller e hizo referencia al documento. «Como saben ha aparecido un informe de una comisión de expertos. Hay que aclarar que en el Consejo de DDHH de la ONU se aprueba una resolución que tienen mandatos, trabajamos en 2018, fue ratificada en 2019 y esperamos se renueve porque trabajamos de forma cercana con la oficina de (Michelle) Bachelet y ese equipo se va a triplicar. En 2019 rechazamos la conformación de esta misión. Se hizo por el afán de algunos países de atacar instituciones en Venezuela», precisó Arreaza.

 

 

Dijo que en 2017 el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) se había construido con la misma metodología: «a distancia con llamadas telefónicas». Por ello el canciller se refirió a las recientes declaraciones hechas por el presidente de Colombia, Iván Duque, en las que señalaba que había que valorar el informe que «se había hecho en el terreno».

Arreaza respondió enfáticamente con el argumento principal de lo que el Gobierno venezolano considera un error de origen: ¡Duque, ellos (la misión) no ha pisado Venezuela ni la pisarán! Lo que busca el informe es la muerte moral» y asomó que el documento busca «torpedear el proceso de diálogo en Venezuela, como por ejemplo los indultos».

Señaló específicamente a Francisco Cox, uno de los integrantes de la misión, como «defensor de la dictadura de (Augusto) Pinochet que exculpa al presidente de Chile, Sebastián Piñera, de crímenes de lesa humanidad. Para que vean el doble rasero, el doble discurso» e insistió en que «cobraron 5 millones de dólares sin haber trabajado en el terreno».

Sushi y ejercicios

El canciller intentó desmontar algunas partes del informe en el que se menciona la documentación de 54 casos de ejecuciones extrajudiciales, 95 casos de tortura y 112 actos de encarcelamiento.

Eso es lo que ocurre en Colombia en una semana», fue la respuesta de Arreaza en una especie de competencia de récords entre países y que ante la mirada del representante de la política exterior venezolana aún parece un número bajo.

Luego presentó videos de dos casos emblemáticos: el tiempo de prisión del dirigente político Leopoldo López y el diputado Juan Requesens. «Ellos dicen que durante la detención de Leopoldo  López fue victima de tortura y malos tratos pero allí están las fotos cantando y compartiendo en el patio con unos compañeros y también montando arbolitos en Ramo Verde con sus hijos, en una celda de 27, 61 M2, más grande que muchas viviendas que entregaba la IV República», dijo. En una de las fotos se observa a López en el comedor con parte de su familia y Arreaza especificó «allí está comiendo algo que tanto le gusta a la clase media y alta venezolana: sushi». 

Cuando hizo referencia al caso de Juan Requesens dijo que sería él mismo quien lo iba a desmentir y mostró un video en el cual el diputado decía que le habían permitido visitas continuas de su familia, que comía bien, que había recibido atención médica y en varios momentos grababan a Requesens trotando y ejercitándose en áreas externas del Helicoide.

También describieron los elementos de su celda en el que enumeraban la «cama ergonómica, ventilador, televisión por cable para su entretenimiento, escritorio y libros para adecuada lectura, además de equipos del gimnasio que estaban remodelando».

Números borrosos

A su lado, el Fiscal impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, consideró que el informe presentado el pasado 16 de septiembre por la Misión de determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela «es un reporte sesgado en lo político y mediocre en lo jurídico con un error de origen grave: lo hicieron vía internet, sin hablar con autoridades venezolanas, solo copiar y pegar notas de prensa y declaraciones de actores políticos».

Por lo que agregó que era importante destacar las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público desde el inicio de su gestión en agosto de 2017 y dijo que desde que asumió el cargo ha «rendido cuentas públicas de manera semanal y casi diaria en relación a esclarecer los casos que implican violaciones a los DDHH», aunque la aseveración de Saab no tiene asidero en los registros oficiales, ya que aunque es una obligación constitucional, la Fiscalía no presenta Informes de gestión desde 2016, por tanto el último documento referencial con cifras oficiales ocurrió durante la gestión de la anterior Fiscal Luisa Ortega Díaz.

El fiscal impuesto por la ANC precisó que el Ministerio Público ha imputado a 565 funcionarios de seguridad del Estado señalados de presunta responsabilidad de vulneraciones de DDHH. Saab no precisó la cantidad por todos los delitos que pueden estar contemplados en la calificación de «vulneraciones de DDHH». Dijo que la cifra era desde agosto de 2017 «porque antes hubo inacción», una precisión muy clara que respaldó el canciller Arreaza al recordar que Luisa Ortega Díaz estuvo 10 años al frente de la Fiscalía «sin hacer nada solo consolidando mafias», según detalló el canciller, años en los cuales estuvo Hugo Chávez y sucesivamente Nicolás Maduro en el poder Ejecutivo.

 

El fiscal Saab detalló que de esa cifra de 565 había 143 funcionarios del Cicpc y 138 pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Brevemente repasó que de esas acusaciones aparecen delitos de homicidio, torturas, tratos crueles e inhumanos y privación ilegitima de la libertad. No detalló cuántos casos corresponden a cada delito.

Destacó que fueron detenidos 447 funcionarios de distintos organismos y 21 particulares para un total de 465 personas que están privadas de libertad por violaciones a DDHH, de los cuales 109 pertenecían a la PNB. De ese grupo ya tienen sentencia condenatoria un total de 127 funcionarios de seguridad y 13 civiles, es decir 140 personas condenadas.

TAL CUAL

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