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Gobierno «obrero» en guerra contra sus empleados para evadir salarios igualmente miserables

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Semanas de protestas contra el instructivo de la Onapre dieron resultados al hacer que el gobierno de Nicolás Maduro reculara y pagara el bono vacacional para los profesores universitarios y el magisterio en un solo depósito, pero la lucha está lejos de terminar, pues la exigencia apunta a la derogación del instructivo, el diálogo tripartito y el aumento de los salarios


La política laboral del gobierno de Nicolás Maduro sufrió un radical cambio en los últimos tres años. De los aumentos casi mensuales que se presenciaron en 2017 con promesas populistas sobre la protección salarial y el combate contra la «guerra económica», ahora el Ejecutivo escatima con el dinero que otorga a la administración pública, sus propios empleados.

Durante el último año solo se ha efectuado un ajuste salarial que llevó el mínimo de apenas $2,5 mensuales a $40 para el momento del aumento, un monto conformado por Bs 126 de sueldo y Bs 45 de bono de alimentación.

La inflación ya ha ganado terreno sobre esta remuneración, pues el salario que para marzo de 2022 equivalía a $40, ahora representa $28 según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) y $25 si se toma en cuenta el dólar paralelo que rige muchas operaciones comerciales en el país.

Esto deja a la administración pública en el umbral de la pobreza extrema, considerado por el Banco Mundial cuando el ingreso es inferior a $1,90 diarios. En este caso, la remuneración diaria no llega ni siquiera a la mitad, pues es de $0,83 por día.

Con este sueldo de miseria, el chavismo intenta promover la idea de que Venezuela está creciendo aceleradamente y que la profunda crisis económica y humanitaria existente al menos desde 2017 es parte del pasado.

Si bien es cierto que se ha evidenciado un crecimiento comercial en las ciudades más importantes del país, reflejado en la proliferación de bodegones, importación de vehículos de lujo, la reactivación del mercado de inmuebles de alto valor e incluso la aparición de cada vez más negocios; este fenómeno no ha traído consigo un incremento de la producción de bienes y servicios, de empleos y oportunidades. Como resultado, se experimenta una mayor desigualdad.

En pocas palabras, Venezuela es un país en donde el dinero fluye con mayor dinamismo que antes, pero solo unos pocos tienen acceso al capital. Los demás quedan rezagados ante un entorno económico inflacionario, con precios cada vez más elevados y un apoyo estatal que cada día está más ausente.

Esta es la realidad que padecen muchos trabajadores de la administración pública, alejados de esa «economía en crecimiento» que celebra el chavismo. Pero, incluso en estas condiciones paupérrimas, el Gobierno añade más complejidad al violar sus derechos laborales y hacer todo lo posible por ahorrarse recursos al momento de cumplir con sus obligaciones patronales.

*Lea también: Rectores denuncian violación de los derechos laborales del sector universitario

Es así como surge en la discusión el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) emitido desde 2018 y renovado en distintas oportunidades, agregando cada vez más condicionantes que perjudican la remuneración de los trabajadores de la administración pública.

El último instructivo emitido fija montos a pagar por distintas primas que figuran en los contratos de los trabajadores e incluso en el cálculo de las tablas salariales. Como al momento de otorgar beneficios como vacaciones, aguinaldos o incluso para calcular la liquidación se toma en cuenta el salario integral tras sumar todas estas primas, el instructivo acaba por perjudicar también los cálculos de dichos beneficios.

Este es el motivo por el cual los profesores de la educación universitaria han protestado durante meses, hasta lograr adherir a la misma lucha al magisterio, los jubilados y pensionados, trabajadores de la salud y otros sectores en la exigencia de la derogación del instructivo.

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salarios Onapre Maduro

Las protestas de los sindicatos de las universidades no han cesado desde finales de marzo, después de que las tablas salariales del sector fuesen modificadas por métodos de cálculo establecidos por el instructivo de la Onapre

El primer paso fue concentrarse en el pago del bono vacacional que adeudaba el Gobierno tanto el año pasado como este. Eran 105 días de vacaciones que debían pagarse tomando en cuenta las primas establecidas en los contratos de los trabajadores.

La administración pública pretendía cancelar esta deuda en cuatro partes, incluyendo una el año próximo, a merced de la inflación. Las protestas ejercieron suficiente presión al Gobierno como para que recularan y aprobaran un pago único. Sin embargo, los problemas siguen y con ellos las exigencias mediante protestas en la calle.

Pagando miseria

El bono vacacional se calcula en función de las tablas salariales y las primas que a cada trabajador le correspondan. Debido a la aplicación del instructivo Onapre, estas tablas y primas no reflejan los montos que corresponderían por contrato.

Según cálculos de federaciones de profesores, el bono en algunos casos se ve reducido incluso a la mitad y los más perjudicados son los que más antigüedad tienen y quienes más funciones cumplen en sus trabajos.

Así lo explicó el profesor universitario José Gregorio Afonso, secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), a quien le corresponde cobrar unos Bs 7.000 ($1.150) por su bono vacacional, pero solo recibirá Bs 4.200 ($690).

«Desde que implementan el instructivo de Onapre, todas nuestras remuneraciones disminuyeron entre un 45% y un 70%. El pago depende de los escalafones, las primas y las responsabilidades en la universidad», relató en una entrevista para Punto de Corte.

Pero para este punto, el bono pasa a ser secundario. Derogar el instructivo de Onapre es vital para sincerar, aunque sea ligeramente, el pago que reciben los trabajadores de la administración pública.

*Lea también: Estrategia de «calmar las aguas» sin tocar el instructivo Onapre le falla a Maduro

Para la secretaria de información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), Keta Stephany, el Gobierno debe reconocer la deuda que mantiene con los trabajadores desde marzo, cuando autorizó el aumento salarial, pero decidió pagarlo de manera incorrecta con el instructivo.

«Cuando ajustaron el salario mínimo, implementaron el instructivo para disminuir los montos de las tablas salariales. Eso tiene incidencia en el salario y se va a recuperar en el momento en el que logremos que se derogue el instructivo y se pague la deuda de salario que la implementación de ese instructivo ha causado desde marzo. Queremos que se reconozca que hay una deuda de salario», enfatizó.

Keta Stephany

Para Keta Stephany es claro que las protestas no se detendrán solo porque el Gobierno acordó el pago del bono vacacional

Las tablas salariales de la educación universitaria se ajustaron con el aumento salarial de marzo. Para aquel momento, la remuneración más baja correspondía a un instructor con una dedicación de dos horas, quien ingresaba Bs 27,14, equivalentes a $6,46 según el tipo de cambio del BCV para aquel momento (Bs 4,2 por dólar). Por otra parte, la remuneración máxima era para un titular de dedicación exclusiva, con un importe de Bs 522,16 que representaba $124,32.

Este aumento alejó al gremio del lamentable margen de entre $5,9 y $11,3 que percibían hasta marzo de 2022. Sin embargo, incluso el escalón más alto del nuevo salario se queda muy rezagado frente a las necesidades que surgen en la Venezuela actual.

*Lea también: Ni ajuste ni aumento: profesores salieron con las tablas salariales en la cabeza

El salario de $124 representaba apenas un 33,5% de la Canasta Básica Familiar publicada por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) para el mes de marzo. Gracias a la depreciación del bolívar y a la inflación bimonetaria, cuatro meses después la situación es aún peor.

Actualmente los Bs 522,16 del tope salarial para los profesores universitarios equivalen a $84. Ha perdido un 32% de su valor en dólares, mientras que la canasta alimentaria subió a $392. Ahora no se necesitan tres salarios para adquirir todos sus productos, sino casi cinco.

En un artículo publicado por Provea, Afonso recuerda cómo hasta 1982 los salarios en la UCV iban desde los $1.593 hasta los $3.302 según el escalafón de cada profesor. Incluso recalca que tras la llegada del chavismo hubo una leve mejora para los ya menguados salarios y se ubicaron en un margen de entre $944 y $2.209.

Fue bajo la gestión de Maduro que las remuneraciones cayeron gradualmente hasta llegar al foso de la miseria. El propio Afonso asegura que los profesores universitarios deben generar ingresos fuera de sus casas de estudio para financiar su profesión como docentes.

Pérdida de salarios en el sector universitario

En una década de gestión de Maduro, los salarios máximos de los profesores universitarios cayeron de $183 a $11,3 antes del último ajuste salarial decretado en marzo de 2022. Fuente: Provea

«Ya veníamos de un proceso de desalarización enorme. $120 al mes no es salario. Los universitarios trabajamos fuera de la universidad para financiar nuestra permanencia en ella», consideró.

Fuera del ámbito universitario, la situación es mucho peor para el resto de la administración pública. Los trabajadores no clasificados deben conformarse con el salario mínimo integral de Bs 171. En contraste, el tope salarial para los empleados mejor preparados era de Bs 440,21. Para aquel entonces, este margen en dólares era de entre $40,61 y $102,17; pero ahora el salario en bolívares perdió valor y el margen pasa a ser de $27,4 a $71,2.

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Privados determinan los salarios

Mientras que los trabajadores del sector público protestan para exigir el aumento de unos salarios que cada vez son más bajos, el sector privado ha tomado el protagonismo en el sector laboral del país.

Según los últimos estudios publicados por la consultora Anova, que colabora con el OVF, hasta junio la remuneración promedio en el sector privado alcanzaba los $119,5 mensuales. Esta media incluía los $107,4 que promediaban los obreros, $175,7 los profesionales y $261,4 los gerentes.

Otro estudio más reciente —pero enfocado en la región de Caracas y en el sector de los servicios y el comercio— estableció el escalafón más bajo en $120 para los trabajadores no calificados, alrededor de $200 para los profesionales y entre $300 y $350 para cargos gerenciales.

Estas cantidades duplican o hasta triplican las ofrecidas por la administración pública. El discurso del chavismo, irónicamente, sigue promoviendo que la «revolución» es obrerista y el empresario privado perjudica al pueblo.

La exigencia: mejores salarios

Por más que mejoren los sueldos promedios del sector privado, la debacle económica es tal que ninguna media salarial de sector alguno se acerca a lo que la Constitución estipula sobre el salario mínimo. El artículo 91 de la carta magna reza lo siguiente:

«El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica».

Ningún promedio, ya sea de los salarios del sector público o del privado, alcanza la cifra requerida para cubrir la canasta alimentaria familiar y mucho menos de la canasta básica, cuyo valor se desconoce, ya que dejó de ser publicada por el Gobierno y por entes como el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda).

Diferencia de salarios entre públicos y privados

Actualmente se necesitan 14 salarios mínimos o tres remuneraciones promedio del sector privado para adquirir todos los productos de la canasta alimentaria. Fuente: OVF / Anova

Por eso la exigencia de los organismos sindicales se mantiene más vigente que nunca, especialmente tras demostrar que la rigidez del Gobierno puede flaquear, después de que los presionaron hasta que cedieron con el pago único del bono vacacional.

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El objetivo más inmediato es la derogación del instructivo de Onapre, pero la reivindicación de los salarios es la meta más importante. Para Stephany, los sueldos deben ser fijados de manera consensuada entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y los trabajadores.

«La pretensión salarial del sector pasa por una negociación con las federaciones. El diálogo tripartito es importante porque se debe incluir la fijación del salario mínimo. Es fundamental que se llegue a un acuerdo y el sector de los empleadores, de las centrales sindicales y el Estado fijen el salario mínimo», subrayó.

Enfatizó que las negociaciones deben partir de la base de que el escalafón más bajo de las escalas salariales reciba la remuneración suficiente como para cubrir la canasta básica, que es lo establecido por la Constitución y para poder entablar esta conversación, el Gobierno debe dejar de lado su hermetismo y poner sobre la mesa el presupuesto de la nación.

«El Gobierno no puede seguir diciendo que no tiene ingresos. Nos tienen que dar el presupuesto y decir qué porcentajes dedican para poder discutir los salarios. Lo mínimo a lo que se aspira es que el Obrero 1 gane lo que cuesta la canasta básica, porque eso es lo que dice la constitución. A partir de allí, que se aplique la tabla», sostuvo.

Esperanzas con la OIT

La lucha sindical espera encontrar oportunidades para entablar estas negociaciones, al ser un contexto propicio ahora que el gobierno venezolano se encuentra bajo el escrutinio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A raíz de un informe publicado por la Comisión de Encuesta de este organismo, en el cual se destacaban las violaciones del derecho laboral en el país, la presión internacional aumentó y en el Consejo de Administración celebrado en noviembre de 2021, Venezuela aceptó el incumplimiento y se comprometió a promover un diálogo social interno para solucionar los problemas. En abril de 2022 una comisión de alto nivel de la OIT supervisó la instalación de este diálogo que, por primera vez en la historia de la administración chavista, reunió a Gobierno, empleadores y representantes sindicales.

Gobierno presente en foro de diálogo social supervisado por la OIT

La primera ronda del Foro de Diálogo Social culminó el 28 de abril. El gobierno se comprometió a trabajar sobre esas bases para avanzar en posibles acuerdos futuros y la comisión de la OIT acordó darle seguimiento al proceso desde una sede de la organización en Lima, Perú.

En septiembre la comisión del organismo multilateral supervisará una segunda ronda del Foro de Diálogo Social, en la que se examinarán los avances en la resolución de los problemas denunciados por la Comisión de Encuesta, así como los logros del diálogo tripartito.

La imagen del gobierno de Maduro se verá mancillada en esta venidera actualización ante la OIT si las denuncias y protestas del sector laboral mantienen la intensidad. Por este motivo, las próximas semanas podrían ser esenciales para la lucha sindical.

«Es fundamental e importante ese diálogo con el apoyo de la OIT que va a venir en septiembre. Eso presiona al Gobierno porque deben entregar la memoria sobre cómo ha cumplido con esos convenios. Allí se incluirá la observación que hacemos las organizaciones sobre la violación de esos convenios. Eso se evaluará y luego irá a la discusión del Consejo de Administración. Eso sí es una presión importante para el Gobierno», insistió Stephany.

Brian Contreras

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