La irrupción de grupos irregulares colombianos en Venezuela comenzó en 2005 auspiciada por el expresidente Chávez, desde entonces, la guerrilla controla parte del territorio nacional al punto de que, participa en la entrega de programas estatales como el CLAP  y dispone de al menos cinco emisoras de radio, que utiliza para adoctrinar a los ciudadanos, según denunció la ONG dirigida por Javier  Tarazona    

Más de ocho organizaciones terroristas de origen colombiano operan en 20 estados de Venezuela, con el conocimiento y la permisividad de la Fuerza Armada Nacional, (FAN), denunció Javier Tarazona, presidente de la ONG Fundaredes.

Durante la presentación  del boletín N°26: «Fuerzas Armadas Venezolanas cooperan con grupos armados irregulares», el abogado y activista detalló  que estos grupos de la guerilla colombiana, impulsan alrededor de 17 actividades ilícitas  entre las que destacan: narcotráfico, contrabando, microtráfico, cultivo de droga, adoctrinamiento,  de personas, sicariato, desapariciones, secuestros, “delitos que han ido en aumento, al igual, que sus áreas de acción”.

Según el documento, estas organizaciones paramilitares colombianas han consolidado su presencia en entidades como; Mérida, Trujillo, Barinas, Lara, Carabobo, portuguesa, Aragua, Guárico, Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Yaracuy, Amazonas, Táchira, Apure, Zulia y Distrito Capital, entre otras, con la protección y complicidad de los cuerpos de seguridad y otras instituciones, vinculadas al Estado Venezolano.

Ya en el mes de septiembre, Fundaredes denunciaba que  al menos 10 frentes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y  nueve de las grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común (FARC), extendía su control  en los territorios de Apure, Táchira y Zulia.

«Hoy Fundaredes está consignando ante instancias locales, nacionales e internacionales los elementos que constituyen las investigaciones desarrolladas en el boletín N°26. Le estamos exigiendo al CONAS (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro) que detenga las actividades de extorsión y de amenaza que reciben constantemente los ciudadanos venezolanos”, aseguró.

En ese sentido, Tarazona asevera que el grado de complicidad que existe entre las autoridades venezolanas y la guerrilla colombiana, quedó demostrado en el informe de Fundaredes, que, apoyándose en información de organizaciones internacionales como Human Rights Watch e Insight Crime, hace una detallada recopilación de: crímenes violentos, explotación y contrabando de minerales entre otros.

“Allí se evidencia el consentimiento de sus operaciones a través de instituciones con personalidad jurídica, la permisividad en su expansión con objetivos geoestratégicos hacia otras naciones como Brasil, Trinidad y Tobago y el Reino de los Países Bajos por el mar Caribe así con el desarrollo de operaciones a través de pistas clandestinas en la extracción de oro, coltán y diamantes”, precisó.

 

 

En ese sentido, el presidente de Fundaredes, enfatizó que el Arco Minero del Orinoco, es un área de especial interés para los grupos irregulares colombianos que la utilizan de «caja fuerte, para financiar sus operaciones terroristas».

Asimismo, Tarazona indicó que se está solicital Sistema Interamericano de los Derechos Humanos de la OEA y a la Comisión de DDHH de Naciones Unidas, “que actúe en función del proceso ilegal que constituyen las operaciones del ELN, las FARC, el EPL, las Fuerza Bolivarianas de Liberación, los grupos paramilitares como Los Rastrojos, Los Arubeños, las Autodefensas colombianas y venezolanas, entre otras células terroristas que operan no solo en los estados fronterizos”.

Fundaredes destaca que la influencia de la guerrilla colombiana en Venezuela, comenzó en 2005, durante el Gobierno de Chávez, quien la impulsó debido a que se identificaba con la ideología marxista de estos grupos irregulares.

“Desde el ejercicio del poder de Hugo Chávez el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla de Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército Popular de Liberación, han tenido en el Estado Venezolano las fuerzas aliadas para sus operaciones y la internacionalización del delito”, expresó Javier Tarazona.

su incidencia en el Estado se ha incrementado, a tal punto que ahora participan en el reparto de alimentos a las comunidades bajo su dominio, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y disponen de al menos cinco emisoras radiales en el espectro radioeléctrico, venezolano, que administra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), según denuncia la ONG.

Finalmente, Tarazona enfatizó que al permitir – por acción u omisión- la irrupción de grupos irregulares  en territorio venezolano, las fuerzas de seguridad del Estado violentan los artículos; 3, 55, 326 y 327 de la constitución, donde se establece: “la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad”, el derecho de los ciudadanos a ser protegidos frente a situaciones que amenacen su integridad física,  y las disposiciones para resguardar la seguridad de la nación.

“¿Qué pasó con la soberanía nacional?- se supone que las Fuerzas Armadas Venezolanas tienen entre sus competencias brindar seguridad a los ciudadanos, ¿dónde perdió este estamento militar su razón de ser, que no es otra cosa que la protección del Estado, de la soberanía y la de los ciudadanos?”, increpó.

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