Días antes de que su necio desdén por la covid-19 llevara a López Obrador a convertirse en uno de los casi dos millones de mexicanos contagiados por el virus, el mandatario estaba enfrascado en una disputa pública con el Instituto Nacional Electoral (INE), análogo al CNE venezolano. A diferencia de este, el INE funciona de manera equilibrada, apegado a la ley y, por lo tanto, confiable, virtudes que no alcanzará ni remotamente su homólogo de acá mientras se comporte como dócil instrumento del régimen.

Los ataques de AMLO contra el INE surgieron del aviso que le hizo ese organismo para que, a partir del 4 de abril cuando se inicie la campaña electoral para gobernadores (15) y diputados federales (500), suspenda la transmisión completa y en vivo que hace por los medios del Estado —aunque no en cadena— de sus cotidianas ruedas de prensa, bautizadas La Mañanera, con la cual el mandatario abre su agenda del día  a las 7 a.m.

Se basa el INE en el artículo 134 de la constitución mexicana, según el cual los servidores públicos, desde el más bajo hasta el más encumbrado nivel ejecutivo, no pueden influir en las campañas electorales mientras ocupen su cargo. Se les exige equidad e imparcialidad.

El constituyente quiso evitar prácticas ventajistas desde toda posición de poder público, aparte de que en la actualidad, en imitación de un tipo de abuso que aquí conocemos demasiado bien, AMLO se ha dedicado a atacar desde su tempranera tribuna a políticos opositores y a los medios de comunicación.

Y ello a pesar de que las encuestas revelan que su partido ganaría 14 de las 15 gobernaciones en juego.

Por nada iba a perder López Obrador la oportunidad de victimizarse calificando la medida del INE como “un acto de censura, un agravio y un atentado a la libertad” y para exhortar a sus seguidores, asimismo, a que opinen “si está bien que el INE nos silencie”.

 

 

Es lo más parecido a la frase de aquella inefable y socarrona presidenta del CNE que frente al reclamo por abusos semejantes se escudó diciendo: “Yo no puedo evitar que el presidente haga cadenas”. No se trataba de impedir las cadenas, pero sí de evitar que el mandatario abusador y violador de la ley las utilizara en provecho proselitista en plena campaña y arremetiera en los términos más soeces contra sus adversarios políticos o la “contrarrevolución”.

Con razón Lucena ha pasado a la historia como la funcionaria pública que  más ha hecho, por acción u omisión, para alejar a los venezolanos de las mesas de votación.

Ese simple vistazo a la legislación mexicana nos recuerda cabalmente la trágica realidad de nuestros procesos electorales, en los cuales además de la postración del órgano rector rige una hegemonía comunicacional ejercida de manera brutal, mucho más en tiempos de comicios, bajo el criterio de que “nuestro socialismo necesita una hegemonía comunicacional y todas las comunicaciones deben depender del Estado como bien público”, según revelara con impudicia aquel ministrico que hoy vive holgadamente en tierras bien lejanas del país que ayudó a destruir.

Acabamos de ver en la pasada “campaña” electoral para la Asamblea Nacional el uso cotidiano de Nicolás Maduro de todos los canales públicos y de algunos privados, como si de su propiedad exclusiva y de su partido se trataran.

Intervenciones diarias durante semanas que sumaron centenares de horas de aparición en televisión, pero además rotando en la pantalla a otros funcionarios, gobernadores, ministros, dirigentes del PSUV en sesiones partidistas que incurrían en el mismo delito, comúnmente conocido como peculado de uso.

Pero también impresiona la pasividad con la que la oposición —la dura, la semidura y la blandengue— está aceptando ese cepo que constituye una de las claves del ventajismo electoral del chavismo y sin cuya eliminación no habrá elecciones verdaderamente justas y libres en Venezuela.

Cabe preguntarse si es que para las elecciones legislativas y presidenciales que, nos dicen, son las únicas en las que se podría participar, aterrizaremos con candidatos, CNE, condiciones, medios plurales y todo el resto del mandado hecho. O si eso no hay que comenzar a forjarlo desde ya, apoyándose en el respaldo internacional, organizándose y participando a todos los niveles como lo están pidiendo diversos sectores de la sociedad. Esa aparece, descartados atajos descabellados, como la única ruta… y cuanto antes se decida, mejor.

Gregorio Salazar es Periodista. Exsecretario general del SNTP.

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo

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