“Hagamos leyes para ese 5 % y perseguir la sociedad entera a los tramposos, a los que están operando y no quieren pagar alquiler, a los que están cerrados y les quieren subir el alquiler”, precisó en entrevista con Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Ratificó que “primar el acuerdo entre las partes es lo mejor que ha podido pasar porque el Estado no tiene que meter la mano, que esté para corregir las cosas que no están bien.

Domínguez explicó que hay una confusión con la caducidad de la suspensión de pagos de alquileres. “El decreto original decía que el 2 de septiembre tenían que sentarse arrendador y arrendatario a negociar cómo se iban a pagar esos meses pasados”.

Precisó que debido a que la situación de pandemia no se ha resuelto, el gobierno decidió prorrogar la medida por seis meses más. “En mi sector pareciese que prevaleció la decencia y eso hay que destacarlo”.

Apuntó que todo negocio que esté abierto dentro del plan de flexibilización, está obligado a pagar el alquiler “si no está abierto te puedes acoger a la norma de exoneración, desde el día 15 de marzo no desde 2 de septiembre”.

Explicó que el decreto estipula que si las partes no se ponen de acuerdo hay que ir a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda –Sunavi- en caso de viviendas y, en locales comerciales, a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela –Sundde-.

Rechazó que el presidente Nicolás Maduro haya priorizado la suspensión de los desalojos en vez de recalcar que si no hay acuerdo entre las partes, los organismos encargados dirimirán el desacuerdo. “Hay que estudiar cada caso, hay buenos arrendatarios y hay malos”.

 

 

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio

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