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La migración pobre, por Esperanza Hermida

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Desde que iniciaron las olas migratorias venezolanas en el siglo XXI, diversas actitudes desarrollan tanto las sociedades de lado y lado de la frontera, así como sus gobiernos. Cada uno defendiendo intereses, dicta medidas de resguardo de mercados laborales locales, políticas públicas sobre derechos humanos y asume conductas colectivas e individuales que, en suma, mantienen al país como una fuente de exportación y comercialización de personas.

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Un primer incentivo al fenómeno migratorio surgió del propio gobierno venezolano que, por razones ideológicas y económicas, apoyó a las empresas y capitales aliados de Chávez. De esta forma, el sector industrial y financiero que no resultó favorecido en sus intereses por el cambio en la correlación de fuerzas políticas, mudó sus operaciones a otras latitudes. Y en ese contexto, la expropiación gubernamental de bienes inmobiliarios industriales, agroindustriales y comerciales en todo el territorio nacional, modificó la estructura de la propiedad de la tierra, de las cadenas de comercialización y producción de alimentos, así como de los negocios más jugosos en materia de intercambio internacional, incluida la energía eléctrica y el petróleo. Para ese momento, la migración venezolana que tenía dinero para invertir fue bienvenida.

Un segundo empuje fue la decisión gubernamental de sustituir y desmejorar en sus condiciones de trabajo al personal de dirección y mandos medios en diversos sectores productivos y de servicios públicos. Gente afectada por estas medidas excluyentes que contaba con nivel profesional, experiencia y capacitación técnica —para garantizar la calidad del sistema de salud, educación y la operatividad de los procesos industriales y comerciales en las empresas del Estado— terminó siendo captada por países de todo el mundo.

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Ecuador empleó docentes de nuestro país. EEUU, México y todos los países OPEP abrieron sus puertas al personal petrolero venezolano, mientras que en las ciencias de la salud —medicina entre ellas— es muy alta la cotización internacional de los y las profesionales de origen venezolano. Las políticas puntuales de apertura sociolaboral y ventajas comparativas de ejercer oficios o profesiones en otros países con mejores remuneraciones, respecto a la devaluación de la capacidad adquisitiva del salario en Venezuela, contribuyó a hacer viable la migración de la mano de obra calificada.

La multiplicidad de causas de la migración de los estratos sociales más bajos es objeto de estudio por parte de diferentes organismos e instituciones independientes del Estado, que funcionan dentro y fuera de Venezuela. Dado que privan las razones de naturaleza económica a las que se suma la inseguridad personal, el éxodo de la gente más pobre del país es un fenómeno de alto impacto. Una dura realidad, dramática y muy triste. La cantidad de migrantes, los métodos utilizados, las distancias recorridas y los peligros que sortean, estarían superando el acumulado histórico de países en la región con procesos de desplazamiento de su población durante el siglo XX, por motivo de conflictos armados, dictaduras y precariedad económica.

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Particularmente resalta el cambio de las tendencias migratorias venezolanas, porque si bien el flujo se había concentrado en Latinoamérica y el Caribe durante los últimos cinco años, recientemente se incrementó  hacia Estados Unidos.

Como explicaciones a esa variación aparecen, de un lado, la flexibilidad que había manifestado hasta ahora el gobierno estadounidense, y del otro, el endurecimiento de las condiciones para admitir personas provenientes de Venezuela por parte del resto de gobiernos de la región.  A ello se suma, sin duda, los efectos de la acción de la delincuencia, traducida en el tráfico de migrantes de nuestro país. El tráfico de seres humanos ha sido un negocio lucrativo desde tiempos inmemoriales en todo el planeta.

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Ahora bien, el gobierno de los Estados Unidos decidió reanudar la aplicación de la deportación a la migración venezolana ilegal, con lo cual es previsible, en el corto plazo, un nuevo viraje en la orientación de la diáspora venezolana. El caso es que mientras los diferentes países del continente adoptan diversas políticas frente a la masiva llegada de compatriotas, el gobierno venezolano se queda de brazos cruzados.

Incapaz de articular un discurso coherente ante la magnitud de la tragedia humana que significa huir de la pobreza y la inestabilidad, Maduro niega la existencia de una crisis migratoria, guarda silencio o descalifica los oficios de la población venezolana migrante. Esas actitudes del gobierno nacional no pasan desapercibidas, pues demuestran su desinterés por fomentar el retorno de la ciudadanía. Evidencian el carácter capitalista con que aborda el tema, toda vez que la narrativa oficial enfatiza en el fomento y aplauso a la inversión extranjera.

Por lo visto, la gente pobre de Venezuela no es bienvenida ni como visita ni en su casa.

Esperanza Hermida es activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria

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