Nunca he estado de acuerdo con las temerarias sanciones, como tampoco jamás he respaldado la injerencia sobre nuestros asuntos internos a cuenta de la «solidaridad revolucionaria» de los gobiernos cubano, ruso, turco o chino ni tampoco de quienes, desde el Foro de Sao Paulo, pretenden pescar en río revuelto.

Por esa razón, considero que ratificar la declaratoria sobre Venezuela en cuanto a que sigue representando un peligro inusual, lejos de buscar una salida negociada y pacífica a la crisis del país, lo único que hace es atizar candelitas en la ya angustiante tragedia venezolana.

Los pareceres, desencuentros y hasta los enfrentamientos violentos, son nuestro problema. Solo nosotros y, en última instancia la justicia internacional con sus organismos de alzada, tienen la potestad de inmiscuirse y producir sanciones a quienes, por sentencia firme, se les imponga pagar condenas por sus delitos de lesa humanidad u otros tipos penales.

Atravesamos una crisis económica, expresada de manera brutal todos los días en la negación al derecho del buen vivir. Continuar por la ruta equivocada de exigir sanciones sin tomar en cuenta que ellas tendrán efectos negativos sobre la población, pone de relieve el flaco servicio de esa estrategia opositora, porque las mismas le permiten al gobierno evadir su responsabilidad por el caos creado.

Allí están los pueblos de Afganistán, Irak, Siria y Libia, como recientes testigos del conflicto armada y el zarpazo invasor.

Hay que desarmar la palabra, la hora de los discursos violentos y guerreristas, al margen de la pasión patriótica, deben ser puestos de lado para abrirle paso al diálogo, la negociación y la paz.

A quienes piensen que a Miraflores se debe llegar como sea, sepan que están a tiempo de rectificar, porque de materializarse cualquier acción ajena a la solución del conflicto de forma pacífica, democrática y electoral, es casi seguro que estará ahondando la crisis y posponiendo la única posibilidad que tenemos de salir del actual caos, tal como lo establece nuestra propia Constitución.

 

 

Es deber de todo Estado resguardarse de los intentos de desestabilización, pero eso en nada justifica políticas represivas violatorias de derechos humanos; tal como lo han hecho quienes desde Miraflores subyugan al país. El gobierno está obligado a dar marcha atrás y rendir cuentas de todas las acusaciones e informes presentados por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

No podemos seguir creyendo en cantos de sirenas y aferrarnos a que saldremos de este gobierno tan solo porque nos garanticemos que la administración de los EE. UU. y la Unión Europea exijan para Venezuela unas elecciones libres y continúen respaldando al “gobierno” encargado. Venezuela necesita un acuerdo político para lograr esas elecciones libres, pero lo que hará posible ese objetivo es ir al reencuentro de quienes desean vernos unidos más allá de los factores partidistas que orbitan alrededor de la “presidencia” encargada.

Es cierto que nuestra estrategia de lucha contra el régimen debe estar en atención a la crisis humanitaria que vive Venezuela, la defensa de los derechos humanos y la mayor presión dentro del país, así como fuera de él; pero siempre habrá que insistir en la necesidad de regresar al camino del cual jamás hemos debido separarnos: el del sufragio, porque solo el voto tiene la fuerza capaz de provocar la más severa sanción que deseamos los venezolanos.

Con el voto de las mayorías debemos ir con firmeza hacia los escenarios electorales convocados para designar nuevos gobernadores y alcaldes.

Nicolás Maduro, después de una megaderrota electoral como la que nuestro pueblo le propinará, no podrá evitar unas elecciones presidenciales y parlamentarias, tal como la han venido exigiendo Juan Guaido, el país y la comunidad internacional.

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo

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