El 19 de octubre, la Voz de América informó que Estados Unidos emitió una
advertencia en la que amenazó con revocar el alivio temporal de las sanciones
petroleras a Venezuela si el gobierno del presidente Nicolás Maduro no
garantizaba, «antes del final de noviembre», la rehabilitación de candidatos
presidenciales opositores y la liberación de presos estadounidenses.
Esta advertencia no provino de un solo portavoz, sino que fue expresada de
manera simultánea por varios funcionarios de alto rango, incluyendo al Secretario
de Estado, Antony Blinken, el encargado del Hemisferio Occidental, Brian Nichols,
y Juan González, del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.
En respuesta, Jorge Rodríguez, el principal delegado gubernamental en las
negociaciones, señaló que no existía un acuerdo entre las partes con respecto a
este punto en particular.
TRANSPARENCIA
Esta controversia plantea varias interrogantes en relación a la transparencia de los
acuerdos y a los mecanismos para su seguimiento y verificación. Por tanto, es
fundamental que el público esté informado sobre el contenido de los acuerdos y
que se trabaje de manera conjunta para resolver los obstáculos que puedan surgir.
Hasta el momento, se ha podido tener acceso al documento suscrito en Barbados
entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria. Sin embargo, se ha
conocido que, de manera paralela, los gobiernos de Estados Unidos y de
Venezuela han llegado a acuerdos cuyos detalles no han sido divulgados.
Estos acuerdos bilaterales abarcarían asuntos que van más allá del contenido del
texto de Barbados, como las medidas específicas y el cronograma del alivio de las
sanciones, así como el asunto relacionado con la migración y las deportaciones, la
liberación de prisioneros, la reanudación de vuelos y otros aspectos.
ADENDA
Se trataría de un acuerdo más global entre ambos gobiernos, mientras que el texto
firmado en Barbados representaría una suerte de adenda relativo a las
condiciones electorales. Ahora bien, ¿ese acuerdo global es verbal o hay un texto
formal que lleve la firma de ambas partes? En cualquier caso, sería un convenio
legítimo que requiere un seguimiento adecuado.
No obstante, la falta de información ya ha generado problemas en cuanto a las
posibilidades de verificación por parte de la ciudadanía, como se refleja en los
debates en torno al tema de las inhabilitaciones.
CUMPLIMIENTO
En Barbados, se firmó un acuerdo con puntos definidos sobre varios aspectos. Un
resumen de la BBC destaca los temas acordados: la celebración de los comicios
en el segundo semestre de 2024, la autorización de todos los candidatos
presidenciales, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales, la promoción
de auditorías para el proceso, la participación de observadores internacionales y
una actualización del registro electoral que incluya a los venezolanos en el
exterior.
Sin embargo, la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que deja “sin
efecto” las primarias del 22 de octubre, ha reavivado el debate sobre el
cumplimiento de los acuerdos. Esta controversia puede resolverse de forma
práctica, debido a que las primarias no estaban diseñadas para tener efectos
legales, sino que representaban un compromiso político entre los participantes que
no obedece a decisiones judiciales.
Según el marco legal, el próximo año cada partido político determinará, en eventos
por separado, quiénes serán sus candidatos. En ese momento, los partidos
integrantes de la Plataforma Unitaria decidirán si mantienen el compromiso o si
estiman que “las circunstancias han cambiado”.
ESEQUIBO
Además del acuerdo electoral, en Barbados se firmó un pacto adicional en relación
con la defensa del Esequibo y Citgo. También es posible que este punto haya sido
objeto de discusión en las conversaciones directas entre Venezuela y Estados
Unidos, aunque sin conclusiones, teniendo en cuenta que Washington se ha
convertido en parte del conflicto por los intereses en juego, su presencia militar en
las aguas del Esequibo, así como por su rol determinante, junto al Reino Unido, en
los pasos dados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Venezuela.
Sobre el Esequibo, Venezuela ha convocado un referendo para ratificar el
compromiso con la defensa de sus derechos y para reafirmar que la CIJ carece de
jurisdicción sobre esta disputa. En consecuencia, ha anunciado que no reconocerá
ninguna resolución de la CIJ que menoscabe su soberanía sobre ese territorio.
