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Los espacios públicos en Caracas están bajo «la ley del aplique» y vacíos legales

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Ciudadanos, ya sea en moto o carro, así como los parqueros, aplican sus propios métodos para ocupar las aceras, calles y avenidas de Caracas. Algunos la denominan «la ley del aplique», que en la realidad se traduce en la «ley del más fuerte». Para Juan Carlos Vidal, exconcejal y abogado municipalista, la falta de legislación en materia de espacios públicos convierte el vacío legal en «un gran negocio para las alcaldías». Nelson Faraco, abogado y asesor de la Comisión de Desarrollo del Concejo Municipal de Libertador, asegura que desde el 2017 no existe una ordenanza de convivencia ciudadana en ese municipio, tampoco una ley que regule, expresamente, el uso indebido de estos espacios y circulación

El Área Metropolitana de Caracas, compuesta por cinco municipios y al menos 60 avenidas principales, se transforma en caos en lugares neurálgicos de la ciudad, debido a la toma del espacio público por parte de los mismos ciudadanos, ya sea en carro o moto, o los parqueros, también conocidos como cuida carros.

En las avenidas Urdaneta, Solano, Casanova (municipio Libertador) y calles contiguas, por mencionar algunas, pueden contarse hasta cinco parqueros en una misma cuadra. Muchos se apoderaron de las calles y aceras, que apartan con conos y cualquier objeto, para quienes puedan pagar por tener su vehículo «vigilado» mientras hacen un trámite, van de compras o visitan un familiar.

Aunque algunos piden colaboración por «el servicio de vigilancia», otros tienen tarifa y hasta más cara que la de estacionamientos privados (Bs. 12 en tarifa plana).

«Esto para mí es la ley de calle, la ley del aplique. Yo tengo derecho a pararme donde puedo sin tener que pagarle 20 bolívares a esos tipos», comenta una conductora que se bajó a recoger una encomienda frente al Parque Los Caobos, en Bellas Artes. Achaca la situación «a la dinámica espontánea que surge de la falta de ley y de la improvisación, que luego es institucionalizada y se queda así».

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La mujer asegura que el único motivo por el cual paga «es como para que no le pase nada a mi carro, para evitarme daños, no porque sienta seguridad de que me lo cuiden».

Frente al Centro Comercial Líder, en el municipio Sucre, al este de la ciudad, la discusión permanente entre parqueros y motorizados delivery al momento de buscar un pedido terminó en un acuerdo entre las empresas de pedidos y los administradores del mall, para la habilitación de un espacio exclusivo para repartidores y así evitar confrontaciones.

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«Fui a buscar un pedido y el parquero me quería cobrar un dólar por entrar y salir rápido. Yo no le pagué nada, porque él no es dueño de eso. Creo que se molestó, pero quería que le pagara lo que me gano yo por llevar ese pedido», dijo un repartidor que no quiso ser identificado.

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De vacíos legales y negocio por los espacios públicos

Para el abogado municipalista Juan Carlos Vidal, exprefecto y exconcejal del municipio Sucre del estado Miranda por el partido Primero Justicia, la existencia de esta figura de cuidador, parquero o bien cuidado, «es una actitud absolutamente ilegal y antijurídica» que obedece a «una omisión del poder público municipal, que es quien debe actuar para que esa situación anómala e irregular no ocurra».

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Explica que desde el año 2010 la Constitución delegó en otras leyes de menor jerarquía el desarrollo de ciertos asuntos legales. En este caso, la Ley Orgánica del Poder Municipal da las facultades legislativas a los municipios para crear su propia legislación, por lo que es el único ente responsable de legislar en esa materia.

«Al no existir una ordenanza municipal que regule el uso y funcionamiento de los espacios públicos, hay un vacío legal, pues la única ley que toca ‘tímidamente’ el tema, es la Ley de Tránsito Terrestre. También los artículos 50 y 51 de la Constitución nacional relativos a la libre circulación», detalla el abogado.

Vidal, docente en la Universidad Monteávila, asegura que, en la práctica, el vacío legal se ha convertido en «un gran negocio» para las alcaldías. «Si no legislan en materia de ocupación y uso de espacios públicos, no hay ordenanza ni dónde pagar un impuesto por estacionar en una calle. Allí entra la modalidad de la grúa, lo cual es un secuestro del vehículo sin una orden judicial previa, aparte del cobro del dinero, que es en dólares y en efectivo».

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El abogado municipalista destaca que la mayoría de los 335 municipios del país no son autosustentables. Tienen problemas de flujo de caja para hacer obras municipales y pagar sus nóminas. El impuesto por estacionar en espacios públicos permitidos pudiera ser una fuerza extraordinaria de ingreso municipal, «pero ha faltado capacitación para legislar en esa materia y voluntad política de los alcaldes para cobrar por aparcar en espacios públicos».

Libertador, municipio sin convivencia ciudadana

Dos proyectos de ordenanzas que contemplan artículos para «garantizar la libre circulación vehicular y peatonal» por calles, aceras, avenidas y demás espacios públicos y de circulación peatonal se discuten puertas adentro del Concejo del Municipio Libertador de Caracas, situado frente a la Plaza Miranda, en el centro de la ciudad.

Fuera del recinto, hacia las avenidas Baralt, Lecuna, San Martín y zonas aledaña, las infracciones de tránsito de toda índole, están a la orden del día, pese a la presencia de la policía vial en la zona.

Lo mismo ocurre con la ocupación parcial de aceras y calles por parte de vendedores informales, que usan estos espacios para deambular y exhibir su mercancía o armar un tarantín en plena vía pública, como medida paliativa para enfrentar la crisis, el desempleo y la insuficiencia salarial que padecen muchos venezolanos, aunque en el intento ocupen el único espacio de seguridad vial diseñado para peatones.

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En las cercanías del mercado de Quinta Crespo, municipio Libertador, los vendedores ambulantes y motorizados se han apropiado de las aceras y calles para conseguir el sustento Foto: Zulvyn Díaz

Pese a que ninguno de los proyectos en discusión fueron concebidos para regular el uso inapropiado de estos espacios ni prohibir que parqueros cobren por el uso legítimo de los espacios libres para estacionar, tampoco para evitar que los motorizados aparquen y circulen por aceras o para sancionar a propietarios de algunos locales comerciales que sacan y dejan mercancía y basura en plena vía pública; de cierto modo, responden a una necesidad de orden que permita a los ciudadanos circular libremente por la ciudad.

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Sin embargo, «no existe una ordenanza que regule, expresamente, los vendedores ambulantes que están en las calles», asegura Nelson Faraco (AD), abogado y asesor de la Comisión de Desarrollo Espiritual y Buen Vivir del Concejo Municipal de Libertador. Aunque, explica que «sí existe una instrucción administrativa para recoger a los vendedores ambulantes de varios espacios vistosos».

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El abogado explica que desde el año 2017, cuando se eliminó la Alcaldía Metropolitana de Caracas y Erika Farías ganó las elecciones de alcaldes, el municipio Libertador permanece sin ordenanza de convivencia ciudadana. Este año la Cámara municipal aprobó, en primera discusión, la primera Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Civismo y Justicia de Paz Comunal, en cinco años, aunque toca ligeramente el tema de la libre circulación peatonal y en condiciones adecuadas.

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Lo mismo ocurre con ambos documentos sometidos a debate en el Concejo Municipal. «El proyecto de Ordenanza para la Instalación de Zonas de Estacionamiento Limitado (ZEL), en el que actualmente trabajamos, prohíbe estacionarse sobre aceras y otras zonas destinadas al uso exclusivo de peatones, mientras que el otro regirá todo lo relacionado con la movilidad de vehículos alternos (transeúntes, bicicletas, patinetas), el uso de ciclovías y aceras exclusivo para los peatones y personas con movilidad reducida», explica José Gregorio Cáribas (UNT), concejal del municipio Libertador de Caracas y presidente de la Comisión de Desarrollo Espiritual y Buen Vivir.

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Tránsito peatonal y vehicular

Las calles, aceras y callejones no solo se trancan con vendedores ambulantes o motorizados buscando paquetería. Entradas de barrios y urbanizaciones de toda la ciudad han sido obstruidos con puertas, portones o rejillas instaladas en espacios de uso común, lo que los obliga a «dar vueltones» a los mismos habitantes para llegar a sus hogares.

Funcionarios viales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Cuerpo de Bomberos de Distrito Capital consultados por TalCual indicaron que «los encargados de aprobar o no el uso de rejas y puertas en espacios compartidos corresponde a los miembros del consejo comunal de cada sector. Ellos son quienes se encargan de su zona, consultar con sus vecinos y hacer las respectivas gestiones frente al Concejo Legislativo de cada municipio».

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Con relación al grado de peligrosidad para momentos de emergencias, los bomberos aseguran que resultan un problema a la hora de actuar con la rapidez que la situación amerita. «El mejor ejemplo de eso son los apartamentos de Parque Central. Muchos están llenos de rejas tras rejas».

Los bomberos recomiendan que en estos espacios se debe tener una persona encargada de abrir y cerrar de forma permanente, especialmente en casos de emergencia.

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Respecto a las violaciones constantes a las leyes de tránsito, un efectivo de la PNB, que prefirió no identificarse, aseguró que «no existen sanciones impresas para faltas como estacionar en una esquina, en los brocales amarillos o paradas de transporte, por lo que los conductores infringen más la normativa».

El policía explica que » ya no hay Departamento de Infracción, como había antes, y esto permite a los conductores abusar más la norma (…) Desde hace cuatro años no hay Departamento de Infracción luego de la transición del cambio de dicho departamento, que pertenecía al Instituto de Tránsito Terrestre (INTT) y pasó a formar parte del Ministerio de Interior de Justicia cuando asumió a la Policía Nacional Bolivariana. Entonces son organismos diferentes que no han engranado para crear otro departamento».

En mayo de este año, Tarek William Saab anunció en redes sociales que había ordenado a fiscales superiores que coordinaran con las policías municipales la fiscalización de quienes se dan a la tarea de cobrar por estacionar en los espacios públicos. No ha habido más información oficial sobre el desarrollo de ese plan presuntamente correctivo. El tuit del fiscal sirvió para que muchos ciudadanos aprovecharan de hacer sus denuncias al hilo.


Zulvyn Díaz

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