El interinato estuvo varios meses negociando con un consorcio un proyecto de recuperación de activos. Dos venezolanos, dueños del consorcio, que se han visto envueltos en varias polémicas, pautaron quedarse con el 18% de lo recuperado

Aunque no contaban con experiencia en recuperación de activos ni con una favorable reputación, los venezolanos Jorge Reyes y Pedro Antar concertaron la creación de un consorcio con el único propósito de rescatar los bienes de Venezuela represados en los países de Petrocaribe (14 naciones). El Gobierno interino de Guaidó negoció con ambos venezolanos, pese a los polémicos hechos en los que han estado involucrados.

El caso y la buena pro

Este lunes 14 de septiembre la periodista venezolana Patricia Poleo publicó en su plataforma Factores de Poder una denuncia por parte de Antar y Reyes en contra del Gobierno interino de Juan Guaidó. Según los dos venezolanos, hubo negociaciones entre el interinato y Caribbean Recovery Assets (CRA), el consorcio de ambos con el objetivo de recuperar activos; sin embargo, las negociaciones se cayeron porque, de acuerdo con la denuncia presentada por Poleo, hubo un intento de extorsión.

La historia es la siguiente: CRA presentó sus servicios de recuperación de activos al Gobierno de Guaidó en 2019; luego de varias reuniones exploratorias, con algunos diputados de la Asamblea Nacional venezolana y una llamada con el mismo presidente, el interinato creó la «Comisión presidencial para la Gestión de Activos», presidida por Javier Troconis.

Esta Comisión fue la responsable, según la denuncia, de evaluar el proyecto de Jorge Reyes y Pedro Antar. En un principio se suponía que la responsabilidad debía recaer sobre el entonces procurador general de Guaidó, José Ignacio Hernández; sin embargo, por «falta de tiempo», se terminó adjudicando el compromiso a la novel Comisión.

Las discusiones prosperaron hasta que, en diciembre, Javier Troconis sumó a las negociaciones a Magin Blasi-Blanchard y a su hermano, Fernando Blasi-Blanchard, «encargado de negocios de Juan Guaidó en Washington y mano derecha del embajador Carlos Vecchio».

Hubo un modelo de contrato sobre la mesa y, finalmente, el 23 de diciembre de 2019, según información de Poleo, Reyes y Antar se reunieron con los hermanos Blasi-Blanchart: Magin le compartió a los dueños del Consorcio las condiciones «que, según ellos, exigía Troconis para la firma del contrato, entre las que se fija una comisión de 750 mil dólares» y la mitad de los honorarios que cobraría el Consorcio de la recuperación de activos —es decir, Troconis pedía el 50% del bono de éxito de CRA.

Lo anterior, de acuerdo con la denuncia, es la extorsión, porque los requisitos de Troconis disienten de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero «que prohibe en Estados Unidos a las empresas y a estadounidenses pagar sobornos a funcionarios extranjeros para promover acuerdos comerciales». Este argumento fue esgrimido por Reyes y Antar en un correo enviado al comisionado presidencial de Guaidó el 30 de diciembre de 2019.

«Complacer esas solicitudes es cometer un crimen federal en Estados Unidos», dijo Antar a Patricia Poleo.

Pese a la oposición del consorcio a las exigencias del funcionario del Gobierno interino, Javier Troconis les envió a Reyes y a Antar, el dos de enero de 2020, una carta con «otorgamiento de adjudicación» (o buena pro).

«Es grato dirigirnos a ustedes en la oportunidad de comunicarles que su representada ha sido favorecida con la adjudicación del proceso de selección llevado por esta comisión, bajo la modalidad de contratación directa», se lee en la carta firmada por Javier Troconis y sellada por la Presidencia de Juan Guaidó.

A los pocos días, todo se desmoronó: supuestamente, Magin Blasi-Blanchart, en representación de Troconis, exigió a Reyes y a Antar el pago de $750 mil y un adelanto inmediato de $50 mil (de lo contrario, se suspenderían las negociaciones).

Antar y Reyes, opuestos a pagar, insistieron a Troconis con el cumplimiento de la buena pro y tuvieron intercambios con el procurador general José Ignacio Hernández (quien desconoció la palabra empeñada por el Comisionado presidencial y los hermanos Blasi-Blanchart). Los intercambios continuaron hasta que los dueños del consorcio dejaron de insistir.

En conversación con el PanAm Post, José Ignacio Hernández, refiriéndose a una nota publicada previamente en este diario (en la que se detalla con mayor amplitud el caso), dijo: «No tengo registrada reunión alguna con la firma CRA, ni jamás fui consultado sobre su posible contratación».

«Mi primer contacto directo con CRA fue por correo electrónico el 27 de marzo de 2020, cuando la firma informó a la Oficina del Procurador Especial que, a pesar de las gestiones que había emprendido para la recuperación de cuentas por cobrar en el marco de Petrocaribe, no había podido suscribir el correspondiente contrato, luego de la buena pro que, a su decir, habría obtenido», aseguró Hernández.

Al respecto, Antar y Reyes enviaron al PanAm Post un documento que, según explican, es la minuta de una reunión que hubo el jueves 22 de agosto de 2019 entre ellos y José Ignacio Hernández; el entonces presidente de la junta ad hoc de PDVSA, Luis Pacheco; Yon Goicoechea y el secretario de Juan Guaidó, Marco Aurelio Quiñones.

Documento concedido por Reyes y Antar al PanAm Post.

José Ignacio Hernández insiste: «Nunca tuve conocimiento alguno sobre las actuaciones previas a esa fecha, ni tuve conocimiento, por ello, de la buena pro, que la empresa dice haber obtenido».

Sin embargo, la buena pro sí existió. Javier Troconis, en nombre del Gobierno de Venezuela, endeudó su palabra con el anuncio de que el Consorcio Caribbean Recovery Assets había «sido favorecido con la adjudicación de selección llevado por esta comisión».

Las negociaciones, que empezaron en abril, prosperaron hasta recibir la adjudicación el dos de enero de 2020. Fueron encuentros y discusiones entre el interinato y los dueños del Consorcio, ambos inmersos en otros escándalos de estafas.

Primera página de buena pro presentada por la periodista Patricia Poleo.
Segunda página de la buena pro presentada por la periodista Patricia Poleo.

El PanAm Post trató de contactar al comisionado Javier Troconis, pero no hubo respuesta para el momento de la publicación de este reportaje.

Two foxes

En su comunicación con el PanAm Post, José Ignacio Hernández aseguró que, «por medio de los embajadores Tarre y Vecchio, fue informado de que la empresa CRA había contactado embajadores de países miembros de Petrocaribe, en gestiones de cobro de supuestas cuentas pendientes a favor de PDVSA».

Fue por esa información, según cuenta, que Hernández decidió reiterarles a Antar y a Reyes, el 16 de junio, que «no podían actuar en nombre y representación de PDVSA».

Al ser consultados, Antar y Reyes dijeron al PanAm Post que, como ellos nunca recibieron una orden de suspender el proyecto —luego de que les adjudicaran el contrato—, continuaron con las labores de la recuperación de activos. Al respecto, enviaron al PanAm Post la carta que recibió el embajador de Santa Lucía en Washington DC por parte del Consorcio.

Son varios los elementos que resaltan de la decisión de explorar el proyecto con Caribbean Recovery Assets: ni Reyes ni Antar tienen experiencia en recuperación de activos, jamás han estado vinculados a esos esfuerzos, y la cuota que planteaban cobrar de lo recuperado era excesivamente alta: 18% de los activos. Sin embargo, Troconis insistió. Y lo hizo con un venezolano que, en 2015, se vio involucrado en una gigantesca trama de estafa a Venezuela y un venezolano que estuvo preso en Bahamas también por estafa.

No muy lejos de Alex Saab

Un reportaje publicado entre El Nuevo Herald, Armando.info y El Universo el 25 de abril de 2015 lo expuso. Él negó estar involucrado, aseguró que fue engañado, pero la información sugiere lo contrario.

Cuando un fraude millonario en Ecuador y Venezuela a partir de empresas fantasmas en Florida se hizo público, Pedro Antar dijo a El Nuevo Herald: «Esto es un abuso. Él actuó a mis espaldas». Antar se refiere a Pedro Emilio Silva Conde, quien ese año apareció como el beneficiario (con $4,5 millones) de una trama de importaciones y exportaciones a Ecuador gracias a contratos con el régimen chavista en el marco de la utilización de la moneda SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional).

Según publicaron los medios, Pedro Emilio Silva Conde utilizó una casilla postal en Brickell que es propiedad de Pedro Antar. Por ello, Antar dijo a El Nuevo Herald que Silva Conde actuó a sus espaldas.

Frente a este episodio, Antar dijo al PanAm Post: «Conozco a Pedro Silva desde hace años. Él puso mi dirección, sin consultarme, para una transacción. Fue un irrespeto, pero ese dinero nunca pasó por mi cuenta».

Por el escándalo en Ecuador, Pedro Emilio Silva Conde fue llamado a la justicia y, en consecuencia, apresado por INTERPOL y extraditado a Quito en enero de 2016. Pagó prisión y hoy está libre en España.

No obstante, hubo otro personaje, hoy mucho más célebre, que estuvo igualmente involucrado en el fraude millonario entre Ecuador y Venezuela: en el marco del SUCRE y las operaciones de sobrefacturación, «una empresa, el Fondo Global de Construcción», se lee en Armando.info, «en 2012 y 2013 recibió de contratistas del Estado venezolano al menos $159 millones para el suministro de casas prefabricadas, pero solo entregó productos equivalentes a 3 millones de dólares»; el empresario detrás del Fondo es Álex Saab.

Para el momento no existía suficiente información sobre Saab, por lo que el reportaje de Armando.info, titulado En el fondo, las casas eran excusa para los dólares, no se enfoca en el colombiano; sin embargo, señala: «El Fondo Global de Construcción, con su casa matriz en Colombia, constituyó entonces bajo el mismo nombre una firma en Ecuador, que tenía como socios al colombiano Álvaro Pulido Vargas y al venezolano Luis Sánchez Yánez. En Venezuela, sería registrada, también en marzo de 2012, otra empresa bajo el mismo nombre».

«En los convenios firmados entre Venezuela y Colombia para la construcción de casas prefabricadas, figura Álex Saab como representante del Fondo Global de Construcción». Poco después de la publicación de estos reportajes, la estrecha relación entre Álvaro Pulido y Saab se confirmó en varios trabajos de investigación.

Justo cuando estalló el escándalo del Fondo Global de Construcción en Ecuador, el entonces abogado de Álex Saab, el colombiano Abelardo De La Espriella, aseguró en La W, que el Fondo Global ecuatoriano no tenía ningún nexo con el empresario colombiano, pese a ser el propietario de una empresa colombiana con el mismo nombre —y que fue favorecida en un convenio que se firmó entre Colombia y Venezuela en noviembre de 2011—.

Las declaraciones de De La Espriella no se sostuvieron con el tiempo y poco después se hizo explícita la relación de Saab con el Fondo Global de Construcción de Ecuador. De hecho, Saab y Pulido fueron investigados en Ecuador y la Fiscalía solicito la detención de ambos (hasta que el caso fue sobreseído).

Lo que descuella aquí es que De La Espriella utilizó, en su momento, exactamente el mismo argumento que el abogado del Fondo Global de Construcción de Ecuador, Jorge Zavala Egas, sin razón alguna, dio al diario El Universo sobre una empresa de Miami cuyo nombre es casi idéntico a las empresas de Saab: el Fondo Global de Construcción ecuatoriano «no guarda relación con otra del mismo nombre, de Miami, que tiene como representantes a los venezolanos Pedro Antar y Pedro Emilio Silva Conde».

Los Fondos Globales de Construcciones

Pedro Emilio Silva Conde estuvo envuelto en el mismo escándalo de importaciones y exportaciones falsas entre Ecuador y Venezuela que Álex Saab y Álvaro Pulido. El casillero de Pedro Antar fue utilizado, presuntamente sin su permiso, por Silva Conde para la trama de estafa.

Pedro Silva y Pedro Antar fueron socios de una empresa llamada casi igual que las empresas de Saab: Fondo Global de Construcciones SAC.

La empresa de Antar y Silva, casualmente, fue constituida justo en el mismo tiempo en el que se desarrollaba la estafa en el marco del SUCRE. No duró ni un año: nació el 15 de diciembre de 2011 y el 26 de octubre de 2012 fue disuelta.

Documento de incorporación del Fondo Global de Construcciones de Pedro Emilio Silva y Pedro Antar.
Documento de incorporación del Fondo Global de Construcciones de Pedro Emilio Silva y Pedro Antar.

En Fondo Global de Construcciones, Pedro Emilio Silva figura como el presidente y Pedro Antar como el vicepresidente.

Según dijo un experto financiero al PanAm Post, que pidió el anonimato por la sensibilidad del tema, «no es casualidad que Antar y Silva hayan tenido una empresa con un nombre casi idéntico a las de Saab».

«El método se conoce como bicicleteo. Se registra una empresa en varios países, con diferentes coordenadas bancarias, con el propósito de que un empresario pueda lograr contratos con el Estado para varias de sus empresas», dijo el experto.

«El Estado no puede contratar con más de una empresa de un individuo. Por eso es usual que se haga esta trampa. Se crean empresas espejos, supuestamente de diferentes dueños, y todas contratan con el Estado. Al final, resulta que es el mismo empresario el que está contratando. En este caso, podría ser Álex Saab. Antar y Silva pueden negar su vinculación, así como hace años De La Espriella negó la relación entre el Fondo Global colombiano y el ecuatoriano», dijo la fuente.

El PanAm Post consultó a Pedro Antar al respecto y aseguró: «No existe relación. Esa empresa se disolvió un año luego de creada, Pedro Silva me pidió a mí el favor que lo acompañara, pero eso nunca prosperó. Para el momento nadie sabía quien era Álex Saab». «Es una casualidad», insiste Antar.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Pedro Silva lo haya engañado para servir de frontman de Álex Saab en la empresa en Miami, Antar asegura: «No tengo ni idea, lo hubiera sabido. Esa empresa nunca se movió».

Estadía en las Bahamas

El 22 de mayo de 1997, el diario The Gleaner de Jamaica reportó en un artículo titulado Extranjeros acusados en Bahamas: «Un ciudadano canadiense-chino de 42 años y un venezolano de 29 años fueron acusados este martes con cargos de conspiración para cometer fraude con falsos documentos».

Luego de una estadía larga en una prisión de Bahamas, Jorge Antonio Reyes Quiroz tuvo que pagar una fianza de un millón dólares, según reporta el diario jamaiquino.

El PanAm Post preguntó a Jorge Reyes al respecto, y aseguró que «fue un problema con un cliente».

«Yo trabajaba en Nueva York como analista de riesgo y un cliente me llegó con unos cheques y me pidió que los depositara en las Bahamas. Cuando fuimos, en el banco nos enteramos de que los cheques eran falsos. Entonces el cliente se desapareció y tuvimos que asumir nosotros las consecuencias. Estuve preso 90 días en una prisión de máxima seguridad hasta que nos dejaron ir».

Se le preguntó a Reyes sobre la fianza (que reporta The Gleaner) y aseguró que él no tuvo que pagar ninguna fianza.

Hubo otro hecho sobre el que se le preguntó a Jorge Reyes: un contrato en el que él participó junto a los polémicos empresarios venezolanos Alejandro y Javier Ceballos, PDVSA y la Corporación Venezolana de Guayana a mediados del 2010.

Reyes no negó la información, pero aseguró haber estado marginado: «Me invitaron a participar como experto en risk management. Yo entré, en una sola llamada, y participé. Yo conocí a toda esa gente, pero eso al final no prosperó. Me llegó fue una solicitud de colaborar, me contrataron, robaron la idea y botaron».

El magistrado se desmarca

En varios de los intercambios de correo que presentó Patricia Poleo en su trabajo de investigación, aparece referido, por parte de Caribbean Recovery Assets, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Antonio Marval. Asimismo, hay copia de los correos al email «magistradoslegitimos@gmail.com».

Por esta razón, el PanAm Post envió un correo al presidente del Tribunal, el magistrado Miguel Ángel Martín, para verificar si existe una vinculación de la Corte con las negociaciones entre el interinato y el consorcio por la recuperación de activos de Venezuela.

«El Tribunal bajo mi dirección no está involucrado en ninguna acción sobre recuperación de capitales que gestionen los funcionarios del presidente interino o cualquier persona privada autorizada o no», respondió Martín al correo.

«La supuesta actuación del magistrado Antonio Marval señalada en los documentos publicitados en los medios de prensa deben ser consideradas a título personal y bajo su absoluta responsabilidad», agregó.

PANAM POST

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