Denunciamos ante la opinión pública regional y nacional, la grave situación,
que en abierta violación de disposiciones constitucionales y legales, se viene
registrando en el eje Terrestre Costero y Marino de nuestro estado Vargas.
Según Manuel Guacará, vocero del grupo Ciudadanos por el ambiente, han
venido cercando kilómetros de espacios ganados al mar, con fines comerciales y
con el aval y complicidad de la Gobernación del estado y Alcaldía del municipio.
Esta acción es violatoria de las normativas legales como la Ley de
Ordenación Territorial, Ley Orgánica del Ambiente, Ley de zonas Costeras,
Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Área de Protección y
Recuperación Ambiental del Estado Vargas, Ley de Tierras baldías y
ejidos, Ordenanza de Zonificación Urbana del municipio Vargas,
Ordenanza de Construcción y Urbanismo. Prosigue el denunciante;Estas
violaciones han contado con el visto bueno de las autoridades del estado y
municipales, lo cual ha venido a generar un gravísimo problema de
contaminación de nuestras playas, que sumado al ya existente lanzamiento
aguas negras y servidas, sin ningún tipo de tratamiento e impregnadas de
residuos fecales que bajan por ríos y quebradas directamente a nuestras playas,
esto las convierte en enormes reservorio de contaminación en detrimento de la
salud de los ciudadanos usuarios.
Los espacios ganados al mar están siendo utilizados de manera ilícita al
efectuar construcciones para uso comercial, al margen de las leyes y demás
normas nacionales y locales. Son kilómetros de cercas y muros de concreto que
impiden el acceso a las playas y a la visual marina, desfigurando así el paisaje
natural que es sustituido por murallas de concreto. El secretismo que envuelve
estas construcciones, la permisología, el origen del capital invertido, el descargo
de las aguas negras servidas no tratadas, la presunta carencia de estudios
sobre impacto ambiental, el presunto otorgamiento de conformidades de uso, la
propiedad de la tierra y el uso, generan un ambiente de incertidumbre en
propios y extraños que nos hace concluir que pudiéramos estar frente a unos
hechos que atentan contra la salud pública, cercenan el derecho al uso público
para la recreación y el disfrute de estos espacios, delitos ambientales y daños al
patrimonio público.
En este sentido, hacemos un llamado a organismos como el Instituto
Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), el Ministerio del Poder Popular del
Ambiente, Fiscalía Ambiental del Ministerio Público, Dirección de Control
Urbano, Protector Ambiental, Asamblea Nacional y Procuraduría General, la
Contraloría General de la Republica, a objeto de iniciar las investigaciones y
medidas sancionatorias que ponga fin a esta ilegalidad. Llamamos a los
ciudadanos a ejercer contraloría social , de manera muy particular, sociedad civil
organizada.
