Ante la diatriba política y diplomática entre los gobiernos de Maduro y Trump, la vicepresidenta nacional del MAS, María Verdeal, advirtió que quienes pagan las consecuencias son los venezolanos que están siendo perseguidos por los EE.UU debido a la orden del Ejecutivo de no enviar más aviones para repatriarlos.
Afirmó que la tensión entre ambos países se acentúa cada vez más debido a la revocatoria de la licencia de Chevron y la eliminación del TPS a más de 600 mil venezolanos que residen en los EE.UU.
«Los venezolanos ni ningún ser humano deben ser utilizados para dirimir una controversia económica y política. Los que viven allá se encuentran en un limbo y quienes vivimos en el país, pagaremos las consecuencias de la eliminación de licencias petroleras y su severo impacto en nuestra industria».
Ratificó que el MAS siempre se ha manifestado en contra de las sanciones porque lesionan la economía nacional y el bolsillo de los venezolanos, y en nada perjudican a quienes están en el poder.
«Con las sanciones, el gobierno justifica una vez más, su inacción para ajustar el salario, acometer las inversiones que necesita el país y otras medidas económicas».
Verdeal reiteró que las sanciones económicas acentúan las condiciones de pobreza de la población y no cumplen con el objetivo de producir «un cambio político».
Sin embargo, la vicepresidenta del MAS recalcó que la destrucción de la economía venezolana se inició con las expropiaciones que hizo el entonces presidente Hugo Chávez, así como con la persecución a la empresa privada.
Con respecto a las elecciones del 25 -M, Verdeal manifestó su preocupación porque a dos semanas de iniciarse el proceso de postulaciones, el CNE no informa cuáles son las tarjetas políticas habilitadas.
«Al país se le está acorralando, dejándolo en un callejón sin salida. Las elecciones son una coyuntura, pero hay que seguir levantando la voz para defender las escasas banderas democráticas que tenemos».
La dirigente política destacó la reciente manifestación en la cual se exigió la liberación de más de 120 mujeres, detenidas tras las elecciones del pasado 28 de julio.
PRENSA/MAS
