A juicio del economista Melvis Humbría el retiro de la concesión a la empresa Chevrón tendrá grandes impactos en la economía del país y sus efectos en la población más desasistidas se harán sentir a corto plazo. Está medida tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) provocará entre otros: Reducción del flujo de divisas en aproximadamente 4 mil millones de dólares, igualmente se afectará nuestra producción petrolera en un 25%, así mismo se incrementarán los descuentos en los precios del crudo para colocarlos en los mercados. Las consecuencias inmediatas serán mayores niveles inflacionarios y en el año 2026 sentiremos mayor recesión económica.
Para el también dirigente político del MAS el hecho de que algunos connotados líderes opositores celebren con «bombos y platillos» la acción de la OFAC coloca en evidencia que estos señores albergan en su seno mucha maldad y una inmensa ignorancia en materia económica, ya que los estudios y experiencias del pasado han demostrado que al final del día quien paga las consecuencias por medidas de esta naturaleza son los que menos tienen.
El economista Humbría indicó igualmente que la caída de ingresos de una manera brutal implicaría menor intervención bancaria al Banco Central de Venezuela (BCV) afectando la debilitada estabilidad cambiaría. En pocas palabras nos espera en un futuro no muy lejano un mayor precio de la moneda estadounidense lo cual afectará a la mayoría de la población. Nos veremos también afectados en nuevas inversiones internas y externas por la desconfianza de los empresarios, ello afectará el consumo y la producción nacional.
Humbría hizo un llamado a los dirigentes políticos que aúpan sanciones y disfrutan cuando las mismas se aplican a dejar de mentir y de crear falsas expectativas a los venezolanos ya que en el mundo y en Venezuela por lo vivido en los últimos tiempos «las sanciones económicas no tumban gobierno», más aún los fortalece porque aplican mayores niveles de control social y se les pone en bandeja de plata la excusa perfecta para no cumplir con las exigencias salariales de gremios y sindicatos de la administración pública central y descentralizada.
