Las protestas, convocadas por la Central Obrera y los sindicatos del MAS, rechazan el aplazamiento de las presidenciales y piden la renuncia del Gobierno interino

FERNANDO MOLINA

Miles de personas de distintos lugares de Bolivia marcharon este martes en el municipio de El Alto, colindante con La Paz, en contra del aplazamiento de las elecciones dispuesto la semana pasada por el Tribunal Supremo Electoral. Movilizaciones de menor tamaño se realizaron en otras ciudades del país. “Elecciones ya”, “democracia, sí; dictadura, no” y “fuera Áñez” cantaban los manifestantes convocados por la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, la coalición de sindicatos afiliados al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales

El Gobierno interino encabezado por Jeanine Áñez calificó las protestas de “disminuidas”, pero al mismo tiempo las condenó y las calificó como una suerte de ataque biológico de los campesinos del MAS a la población urbana. “No [vinieron a] una marcha, sino que llegaron del Chapare para infectar al pueblo [de La Paz y El Alto]”, declaró el lunes el ministro de Defensa, Fernando López. En la misma línea, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó de que las fuerzas policiales estaban buscando “de cinco a diez personas altamente sospechosas de covid-19” que habían llegado desde el Chapare, la región boliviana de los cocales.

Estos mensajes fueron acogidos favorablemente en las redes sociales por una parte de la clase media urbana, que expresó su repudio a la “irresponsabilidad” y la “crueldad” de los líderes del MAS por convocar a concentraciones masivas en un momento en el que el país está colapsado por la pandemia y supera los 2.500 muertos. Con este mismo argumento, el Gobierno pidió a la Fiscalía que procesara al candidato del MAS, Luis Arce, por “daños a la salud”, delito penado con hasta ocho años de prisión. El candidato, sin embargo, no figuraba como organizador de las marchas. Arce también está siendo procesado por una de sus actuaciones como ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales. Además, la permanencia del MAS en la carrera electoral depende de cómo el Tribunal Electoral resuelva la demanda de inhabilitación presentada en contra de este partido por, supuestamente, haber difundido encuestas propias, una actividad prohibida por la ley electoral.

El MAS ha acusado al Gobierno de “criminalizar la protesta social” y ha asegurado que la lucha por “recuperar la democracia” es suficientemente importante como para correr unos riesgos que, por otra parte, los sectores populares de la población enfrentan de todas maneras. La mayoría de los bolivianos no pueden quedarse en casa si quieren comer y tienen que salir para hacer trámites o cobrar.

Los sistemas de salud y funerarios bolivianos se encuentran colapsados y desorganizados por los contagios y por los conflictos internos de Administración. Algunos servicios básicos, como la provisión de gas licuado en La Paz y El Alto, han dejado de funcionar por estas mismas razones. Si bien la presidenta interina ha sido dada de alta de la enfermedad, varios ministros, gobernadores y alcaldes siguen aislados o acaban de anunciar que también se contagiaron.

En Bolivia hay escasez de respiradores y de medicamentos básicos para la covid-19, como la azitromicina y la dexametazona. Continúa en ascenso el número de fallecidos sin explicación en casas, automóviles, salas de espera de hospitales y clínicas, e incluso en las calles. La estimación es que el 80% de esas muertes se producen por coronavirus. Los contagiados son, según las cifras oficiales, casi 70.000, pero las carencias en el esquema de detección multiplican las sospechas de que sean muchos más, ya que las pruebas de diagnóstico diariamente disponibles suelen ser inferiores –a veces muy inferiores– a la demanda existente. En el momento en el que la pandemia estalló, la cantidad de unidades de terapia intensiva y de médicos especializados era menor a la de un país en vías de desarrollo promedio.

Tomando en cuenta estos hechos, pero también presionado por las fuerzas políticas contrarias a realizar elecciones este año, el Tribunal Electoral postergó la fecha del 6 de septiembre al 18 de octubre, asegurando que será la definitiva. En respuesta, el MAS y los sindicatos decidieron organizar las marchas para presionar, también ellos, a la autoridad electoral. Aunque el rechazo a la posibilidad de que el MAS sea inhabilitado no fue una demanda explícita, también ha estado entre las reivindicaciones que han motivado las protestas.

La polarización política no solamente se da en torno a la fecha de elecciones; también evidencia la pelea entre el gobierno de Áñez y el legislativo, controlado por el MAS, en torno a varios otros asuntos. Una ley muy reclamada por los oradores en la concentración que culminó en El Alto es la que obliga a las clínicas privadas a atender a enfermos de covid-19 a un precio regulado y pagado por el Estado. Esta ley, aprobada por la Asamblea Legislativa, ha sido objetada por Áñez y, por tanto, no puede ejecutarse. La mayoría opositora del Parlamento también ha considerado autorizar el uso del dióxido de cloro o “sal milagrosa” en la lucha contra el coronavirus. Esta sustancia desinfectante ha sido prohibida por las autoridades de la salud, aunque es usada entre los sectores populares de la población, que exigen su legalización a través de una parte de la bancada parlamentaria del MAS.

EL PAIS DE ESPAÑA

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