Al menos 3.982 desplazados venezolanos han huido hacia Colombia desde que la FAN atacó a supuestos grupos guerrilleros en Apure. Desde el municipio colombiano de Arauquita han alzado su voz para denunciar las presuntas atrocidades cometidas por el Ejército venezolano y las FAES


La abogada Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano y defensora de los derechos humanos, aseguró este sábado 27 de marzo que decenas de testimonios de venezolanos víctimas de los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Apure y de abusos cometidos por castrenses y funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron entregados a los representantes en Venezuela de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Michelle Bachelet.

«Los testimonios están donde tienen que estar: en manos de las autoridades internacionales, entre ellas la oficina de la señora Bachelet y otros organismos. Levantamos expedientes por violaciones a derechos humanos que fueron remitidos a autoridades internacionales. Tenemos decenas de testimonios de mucha gente de La Victoria, estado Apure. No estamos pidiendo nada diferente a justicia, a una investigación imparcial», dijo Solórzano en un live transmitido en su cuenta oficial de Instagram la tarde de este 27 de marzo.

En la transmisión participó Emir Remolina, uno de los venezolanos desplazados que se encuentra actualmente en Colombia y a quien le asesinaron a sus padres, su hermano y a su tío. «Cuando llegaron los del Conas y las FAES fue cuando empezó la gente a desaparecer, fue cuando mataron a mis padres. No entiendo por qué se metieron con ellos, todo el mundo sabe que son gente inocente, que no tiene nada que ver. Tampoco mi hermano ni mi tío», dijo Remolina durante el live.

De acuerdo con el diario El Tiempo, los grandes perdedores de los enfrentamientos que iniciaron el pasado domingo en La Victoria, estado Apure –fronterizo con el departamento colombiano de Arauca– son las familias colombo venezolanas que habitan en este sector.

El último censo realizado por Migración Colombia y la Alcaldía de Arauquita (Arauca) arrojó un total de 3.982 personas de nacionalidad venezolana, quienes llegaron huyendo de los combates entre los frentes 10 y 28-Domingo Laín Sáenz de las disidencias de las extintas FARC y las Fuerza Armada Nacional (FAN).

 

 

El ingreso a Colombia continua y, desde allí, hombres y mujeres han alzado sus voces para responsabilizar a la FAN de una actuación violenta, en el marco del conflicto, que les había obligado a huir.

“Hemos recibido denuncias creíbles de abusos por parte de las fuerzas de seguridad en contra de la población de Apure”, afirmó, el jueves, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Es el caso de Yanilce -hermana de dos de las cinco personas que presuntamente fueron masacradas en el estado Apure por la FAN y el FAES- quien responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de los asesinatos.

“El gobierno venezolano masacró a la mitad de mi familia, cuando yo le trabajé 18 años al gobierno venezolano, y no fue en una sola institución, le trabajé a cuatro instituciones del gobierno venezolano y el pago que me da es masacrando a mi familia simplemente porque tienen una cédula colombiana“, denunció Yanilce, en un video grabado por El Tiempo de Colombia.

 

Entre los que permanecen en Venezuela también ha habido valientes que han dado la cara para denunciar violaciones a los Derechos Humanos.

Raiza Isabel Remolina grabó un vídeo que pidió hacer viral en el que contaba cómo cinco miembros de su familia habían sido sacados de una vivienda en el barrio 5 de Julio, de La Victoria, en el marco de un operativo de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) –que están desde el martes en el sitio del conflicto apoyando a la Fanb–, y aparecieron muertos, en El Ripia, que es la zona donde se desarrollaron los enfrentamientos de este jueves, y ataviados con otra vestimenta, similar a la de los guerrilleros.

“Estaban haciendo eso con todas las familias de ese sector, a todos los regresaban después con vida, pero mi familia, lamentablemente aparecieron tirados en un campo. (…) Ellos no eran ningunos guerrilleros, eran gente de bien, gente trabajadora y luchadora”, dice la joven en el vídeo.

Su testimonio se suma al de otra pariente del grupo, Fabiola Álvarez, quien puso a circular un audio en el que, como ella, pedía también justicia y respeto por los Derechos Humanos.

“Lo que hicieron es una masacre, un falso positivo, porque jamás y nunca mis suegros fueron guerrilleros, fueron personas honradas, mi suegro trabajador del campo, mi cuñado era un niño, aún con 20 años no salía a calles de su barrio. Mi suegra era una señora de casa”, dice Álvarez.

Situación desesperada

“Lo que visibilizamos es una escalada de violencia al otro lado de la frontera, desatada por el narcotráfico y el microtráfico de los grupos armados ilegales en la zona. El flujo migratorio es ostensible, pues ya han llegado a Arauquita más de 1000 familias venezolanas que perdieron sus hogares por culpa de la violencia”, aseguró por su parte Carlos Camargo, Defensor del Pueblo de Colombia.

Por su parte, Facundo Castillo, Gobernador de Arauca, admitió que la situación es desesperada. Los recursos del departamento no dan para cubrir las necesidades básicas de los casi 4.000 refugiados que llegaron a Arauquita, una población fronteriza a hora y media de distancia de la capital del departamento, donde viven 43.339 personas, refiere Semana.

El mandatario departamental respondió a la alerta lanzada por la Defensoría del Pueblo, donde se asegura que 15.000 personas del municipio de Arauca se encuentran en riesgo por el accionar de disidencias y grupos al margen de la ley que buscan controlar la capital de la Orinoquía.

“El desplazamiento de la gente está llegando desde Arauquita hasta la capital del departamento, donde se están asentando en barrios irregulares. Considero que deben abrirse los canales diplomáticos para encontrarle una salida a esta difícil situación”, reportó el gobernador.

Por su parte, la Policía aumentó el pie de fuerza en Arauquita y activó un plan de contingencia para evitar que la “bomba migratoria” haga estallar la frágil estabilidad de Arauquita.

“Hicimos unos refuerzos por parte del comando del departamento y estamos articulándonos con Ejército y Armada en un puesto de mando unificado (PMU) que se reúne varias veces al día con la Gobernación de Arauca, Unidad de Gestión del Riesgo, Migración Colombia y la alcaldía de Arauquita.”, reveló el Coronel Fredy Pérez, comandante de la Policía de Arauca.

“El parte de orden público es de tranquilidad y las vías desde y hacia Arauquita están protegidas. No tenemos conocimiento de la situación al otro lado de la frontera, pues no existe articulación o informaciones oficiales por parte de las autoridades de ese país”, añadió el alto oficial colombiano.

«Los ataques desde el Poder no logran intimidarnos»

El coordinador de investigación y difusión del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, recordó que en el año 2000 se denunciaron las graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Armada y la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) (hoy Sebin) en el contexto del deslave de Vargas. «A Hugo Chavez le molestó nuestras denuncias y en un Aló Presidente nos acusó de estar desprestigiando a las Fuerzas Armadas y descalificó nuestras denuncias. A los pocos meses tuvo que reconocer públicamente que se habían violado derechos humanos».

«El Estado venezolano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que cuerpos armados del Estado produjeron graves violaciones a los derechos humanos en Vargas. Los ataques desde el Poder no han logrado intimidarnos ni impedir apoyemos a las víctimas en sus justos reclamos de justicia. Esta vez tampoco lo lograrán. Tampoco lo logró Lusinchi cuando se denunció la masacre de El Amparo. El derecho a la verdad y a la justicia siempre conlleva una permanente lucha contra la ‘verdad oficial’ que busca producir impunidad, tergiversar los hechos y dar la espalda a los familiares. En Venezuela no es distinto».

TAL CUAL

 

Galería de fotos del drama que se vive en Arauquita, Colombia:

 

 

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