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Onapre y la marea roja, por Esperanza Hermida

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La lucha y movilización unitaria de la masa trabajadora venezolana obligó al gobierno a cumplir con el pago completo del bono vacacional al personal docente y universitario. Pero no se puede bajar la guardia. Aunque Maduro echó para atrás la cancelación fraccionada de este derecho, amenaza que pocas semanas antes comunicaron públicamente sus ministros, sigue vigente el instructivo de la Onapre. Además, desde VTV, se continúa anunciando el espanta pájaros de una marea roja para amedrentar al pueblo en lucha.

La intención gubernamental es cercenar derechos laborales adquiridos históricamente, en especial, por el sector público, el magisterio venezolano y en las universidades nacionales. Argumentando diversas tesis, el gobierno ha declarado de manera reiterada que carece de músculo económico para afrontar sus compromisos con la obesa nómina que posee. Ese peso se hace más difícil hoy, pues el estado venezolano se erigió como el mayor empleador durante el siglo XX y una parte del XXI, financiándolo todo con una potente renta petrolera que en los últimos años mermó.

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Las causas de esta reducción en los ingresos que alimentaban el presupuesto nacional son diversas. Pero al parecer, lo fundamental es la caída en la producción petrolera y las limitaciones en la comercialización con el principal socio importador del crudo venezolano, que es EEUU. Por lo tanto, la educación y la salud pública a todos sus niveles, así como la administración de justicia, los entes descentralizados e institutos autónomos, la administración pública nacional, las gobernaciones, alcaldías, organismos con autonomía funcional y todos los planes asistencialistas, entre los que se cuentan la misión en amor mayor y las cajas CLAP, han sufrido el impacto negativo de la pérdida o rebaja de su financiamiento.

Por su parte, la deuda del estado venezolano con la seguridad social es enorme y crece de forma indetenible. El capital de las cotizaciones al IVSS se pulverizó. Actualmente la inflación engulle los aportes de las personas que trabajaron para la empresa privada y para el estado, así como los aportes patronales.

Estas contribuciones se hicieron con una paridad cambiaria del bolívar respecto al dólar, que ahora no existe, ni hay medidas de indexación. De otro lado, ya hace bastante tiempo que la corrupción echó mano de la fuente que pudo representar ese capital: sus arcas están vacías. Así lo demuestran las décadas acumuladas de protestas protagonizadas por las personas pensionadas y jubiladas, tanto en el territorio nacional como en el exterior del país.

De hecho, el próximo 25 de agosto se celebrará en Caracas, el XXVII encuentro nacional del emblemático comité por los derechos humanos de las personas pensionadas del IVSS, combativa organización conducida por un valiente y consecuente equipo de luchadores sociales que lidera el profesor Edgar Silva.

El gobierno nacional prosigue en su camino de castigar aún más a la masa laboral venezolana, en vez de enfrentar su déficit financiero pechando las ganancias de las trasnacionales rusas, chinas, españolas, italianas e incluso a las norteamericanas, que hacen negocios de exploración y explotación de oro y petróleo en el arco minero del Orinoco. La fiscalía no investiga y la administración de justicia tampoco sanciona la especulación del mercado cambiario, mientras los platos rotos de un dólar como moneda de intercambio comercial y de amplia circulación nacional, los paga un pueblo que cobra salarios en bolívares, cuando cobra…

Las autoridades gubernamentales, en general, lejos de investigar y penalizar el fraude de la gran misión vivienda Venezuela y los distintos desfalcos a los fondos públicos, privilegian y protegen a sus principales responsables, que son beneficiarios exclusivos de la larga crisis que acusa la economía venezolana.

En ese contexto de agresión a los derechos laborales, dos actuaciones de origen gubernamental se produjeron en medio de temor que Maduro siente ante las recientes movilizaciones populares. La primera es la convocatoria a una marcha de empleados y empleadas públicas, formulada de manera burda y hasta con errores de redacción, a través de las mismas autoridades del gobierno. El objetivo de esa invitación, que debía ser acatada con carácter obligatorio, fue darle tribuna al sindicalismo oficialista.

La pretensión era hacer aparecer a la Central Bolivariana Socialista, como actor protagonista de la coyuntura, recibir como gobierno sus supuestas peticiones y responderle, cual organización reconocida, con el anuncio del pago completo del bono vacacional al sector educativo. Sin embargo, ni porque el personal del sector público es la principal víctima del instructivo Onapre, las bases de la central sindical oficialista tuvieron alguna capacidad de movilización. Nadie cree en sus supuestos líderes. Menos aún el magisterio venezolano y en las universidades nacionales. La gente que trabaja en estos sectores ha sufrido durante años la violación y lesión a sus derechos. Sabe en carne propia, que esa central sindical oficialista es la organización más servil a las políticas laborales regresivas y reaccionarias del estado venezolano.

La segunda actuación gubernamental desesperada proviene de uno de los tristemente célebres programas nocturnos del canal del estado, de VTV. Allí se hizo alarde de una marea roja que acompañaría a la marcha convocada por la central oficialista. Expresando la profunda descalificación que hace el PSUV de la legítima demanda nacional de respeto a los derechos laborales, esa marcha iría a manifestar el apoyo supuesto e irrestricto de la clase trabajadora chavista y madurista a su gobierno.

El resultado real de esta alharaca es una fotografía con la plana mayor de la central oficialista, cabizbaja, disimulando su soledad con el gesto evasivo de ver sus teléfonos portátiles, y sin el acompañamiento apoteósico que inútilmente aspiraba.

Se trata de errores caros en el contexto de una década caracterizada por una imparable ola de luchas protagonizadas por las trabajadoras y trabajadores venezolanos, en defensa de sus derechos fundamentales. Estos torpes fallos demuestran las típicas prácticas antisindicales que realiza el gobierno y por las que se le denuncia en el plano internacional. Lo que debe hacer Maduro, en vez de maquillar la directiva de la Onapre y amenazar a través de VTV, es dejar sin efecto el instructivo que saquea los sueldos, y atender al clamor del pueblo por un salario igual a la canasta alimentaria.

Esperanza Hermida es activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria

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