Justicia, Encuentro y Perdón recordó que la responsabilidad del Estado es garantizar la protección de los derechos humanos
La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón exigió este jueves atención médica para el exalcalde Carlos Chancellor, detenido el pasado 7 de agosto en el estado Bolívar y preso político, al denunciar que enfrenta una «casi ceguera» por «degeneración macular».
«No solo enfrenta una casi ceguera debido a la degeneración macular, sino que también sufre de tinnitus, una condición que le provoca un constante zumbido en ambos oídos», señaló la organización en una publicación en X.
Asimismo, dijo que a estas condiciones se suman problemas de diabetes y lesiones en la frente y la región dorsal de la espalda, «que inicialmente fueron consideradas benignas, pero que están creciendo rápidamente y podrían ser indicativas de malignidad».
«Insistimos en que, como cualquier ciudadano, Carlos tiene el derecho a recibir atención médica adecuada y oportuna. La situación actual pone en riesgo su salud y su vida, y la falta de atención médica no solo agrava su condición, sino que también constituye una violación grave de sus derechos fundamentales», añadió.
Justicia, Encuentro y Perdón recordó que la responsabilidad del Estado es garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas bajo custodia, «y esto incluye asegurar su acceso a los cuidados médicos necesarios».
Chancellor, cuatro veces alcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar y padre del jugador de la Vinotinto Jhon Chancellor, fue detenido en un puesto de control vial en el estado Anzoátegui cuando se dirigía a visitar a su familia, según medios locales.
La detención del exalcalde ─del partido Causa R─ se dio en medio de un contexto de crisis postelectoral, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Nicolás Maduro como el ganador de las presidenciales del 28 de julio, mientras que la oposición mayoritaria denunció fraude e insiste en que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia.
Vente Venezuela computa 280 dirigentes opositores y activistas detenidos -gran parte colaboradores de María Corina Machado y de González Urrutia-, a los que califica de «presos políticos», en su mayoría detenidos tras las elecciones
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