Desde el mes de agosto, el trabajador de la siderúrgica se mantenía recluido en el Hospital Dr. Raúl Leoni, pese a las denuncias en redes sociales y prensa, nunca fue atendido.

Durante sus últimas semanas con vida, la familia del trabajador de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), José Ramón Mundaraín, hizo lo imposible para llamar la atención sobre su caso. Periódicamente, en cuentas de Twitter y cadenas de WhatsApp, Evelin Mundaraín difundió el estado de salud de su padre clamando atención médica especializada.

La asistencia privada nunca llegó y el pasado 27 de septiembre José Ramón murió. De acuerdo con el acta de defunción, falleció a consecuencia de un shock séptico e insuficiencia renal aguda.

El trabajador laboró dante 32 años en la acería, específicamente en el área de Laminación en Frío. Ya con edad para jubilarse, sin contrato colectivo y en nómina de una empresa casi cerrada, no hubo póliza de HCM que le ayudara ni cotización del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que le garantizara el derecho a la salud.

Su familia sostiene que Mundaraín murió por negligencia médica de la dirección de Hospital Dr. Raúl Leoni y la desatención del seguro que administra la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Desde hace dos años padecía una cardiopatía hipertensiva e isquémica dilatada que le venía generando problemas respiratorios, además tenía deficiencias renales y empezaba a presentar problemas con su hígado. Dada las complicaciones en el mes de agosto fue recluido en la Clínica Unare donde rechazaron atenderlo al supuestamente tener COVID-19.

Posterior a esto, lo remitieron al Hospital Uyapar. Le aplicaron la prueba rápida de COVID-19 que resultó negativa. Fue trasladado al Hospital Dr. Raúl Leoni buscando ser atendido en medicina interna dada la gravedad de su condición.

Estaba evolucionando bien hasta que luego de cuatro días autoridades del centro asistencial, sin justificación alguna, aseguran, lo recluyeron en el área donde tratan a pacientes con COVID-19. Se le atendió como contagiado durante un mes pese a que presentaba otra sintomatología.

“Le rogamos, directora por favor, saqué a mi papá de ahí, mi papá se está complicando”, expresó Evelin Mundaraín. Comentó que dentro de Guaiparo no le hicieron exámenes de laboratorio durante quince días y no se les informó sobre la evolución de su padre, “¿Cómo no se van a morir los pacientes?”, preguntó.

Tuvieron resultados de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) el 14 de septiembre, aunque dio negativo seguían sin sacar a su padre del área de COVID-19. “Yo lo saco cuando yo quiera, así que no me hagas usar mi poder, era lo que me decía la doctora a mí”, comentó Evelin.

Reclamó que en el hospital hicieron caso omiso de la condición que ya presentaba su padre. “Tú tienes que leerte el informe, tú tienes que leerte las historias, la trascendencia médica que tiene ese paciente para poder llegar a un diagnóstico y eso nunca pasó”, agregó.

Dentro de esta área Mundarain no era alimentado, ni tratado con los medicamentos que necesitaba. Aunque trataron de trasladarlo a una clínica, la CVG no activó el seguro para que recibiera atención en un centro privado.

Tres días antes de morir, José Ramón fue entregado descompensado a sus parientes. “Su hígado estaba inflamado, hacia pipí con sangre, fueron unos momentos de agonía”, comentó Berta. Consideran que lo sacaron de esa área porque ya no había forma de salvarle la vida.De acuerdo con el acta de defunción, José Ramón murió a consecuencia de un shock séptico e insuficiencia renal aguda. Berta y Evelin desconocen qué le generó la infección durante el tiempo recluido. Aseguran que médicos del hospital nunca les dieron respuesta sobre las complicaciones de su papá.

Berta exigió que se deje de discriminar a los trabajadores, que se reintegre el derecho al HCM. “Que se haga justicia, porque mi papá no tenía COVID y fue discriminado”, denunció.

Desatención de la empresa

El contrato colectivo de Sidor (2008-2010) establecía en su cláusula 100 la creación de un fondo autoadministrado de salud. Parte de los acuerdos de 2008 era la contratación de una póliza privada para la administración de la salud de los trabajadores, mientras creaban un sistema de salud administrado por los trabajadores y la empresa. Para iniciar esa transición se crearía una comisión especial de salud que tendría como misión el diseño de este sistema.

En 2016, tras la imposición de un controvertido contrato que jamás fue difundido, Sidor creó un método autogestionado llamado Fondo Autoadministrado de Salud del Ministerio del Poder Popular de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas (Fasmibes), en sustitución de la póliza de salud.

La medida generó una huelga de hambre en la siderúrgica. Dirigentes sindicales negaron que esa medida estuviese en los acuerdos suscritos en 2014 y que desmejoraba las condiciones de los más de 86 mil afiliados, entre empleados activos, jubilados y carga familiar.

Cuatro años después, y en plena pandemia, el acceso a ese fondo autoadministrado es cada vez más reducido, lo que ha llevado a que cientos de sidoristas no tengan garantizado el derecho a la salud y mueran sin atención.

JOSE RIVAS

CORREO DEL CARONI

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here