El asesinato de Javier Ordóñez encendió la mecha de un descontento social acumulado y pone a prueba a nuestros líderes en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente. Por Alejandro Santos Rubino.

Quién hubiera imaginado que en un abrir y cerrar de ojos el país pasaría de la más estricta de las cuarentenas en las casas al desbocado estallido social en las calles. Pasamos de la silenciosa soledad pandémica al sonoro grito de indignación ciudadana, a las barricadas incendiarias, a la brutalidad policial y a la muerte violenta. Bastó aquel video, retratando el flagrante abuso de la fuerza de dos policías que mataron a Javier Ordóñez, para que se destapara una olla a presión. Como si la rabia contenida de una juventud llena de frustraciones, miedos y desesperanza hubiera encontrado finalmente una válvula de escape luego del prolongado encierro.

La vertiginosa sucesión de hechos fue saliéndose de control y su desenlace, una vez se despejó la niebla, dejó un cuadro de horror. En 48 horas, las protestas dejaron 13 muertos, 66 ciudadanos heridos con arma de fuego, casi 200 policías heridos, disturbios en diez ciudades, 54 CAI destruidos, 206 buses de TransMilenio vandalizados y cientos de establecimientos de comercios destruidos. Una expresión más bien organizada de violencia urbana que no tenía antecedentes en un país que creía haberlo visto todo en materia de intolerancia, sublevación y abuso de autoridad.

Lo que comenzó como una legítima protesta por el uso excesivo de la fuerza de la Policía terminó en una guerra campal en las calles de varias ciudades del país, donde se combinaron todas las formas de protesta social y de lucha urbana: los vándalos profesionales, los pacíficos indignados, los anarquistas organizados, las milicias urbanas del ELN, las disidencias de las Farc, las pandillas barriales y hasta los espontáneos con hambre. Y la reacción oficial no pudo ser peor: actos indiscriminados de brutalidad perpetrados por decenas de agentes descontrolados y sin preparación, disparando al aire y a la multitud enardecida.


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Toda esta lógica de confrontación, como si fuera poco, atizada por unas redes sociales que en los momentos más tensos solo incitaban al odio, la violencia y la estigmatización. Y, mientras tanto, la mayoría silenciosa atemorizada ante tanto despliegue de caos y descontrol.

¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué está pasando en la Policía para que se estén presentando estos crecientes actos de brutalidad? ¿Qué tanto de lo ocurrido en Bogotá y en otras ciudades es un laboratorio de lo que está pasando en el resto del país? ¿Qué tan poderosos son los tentáculos de las organizaciones criminales que están detrás de esta violencia urbana organizada? ¿Dónde están las voces de los líderes que llamen a la cordura? ¿Qué tanto está en juego la estabilidad del país?

En primer lugar, hay que reconocer que faltó liderazgo: del presidente, de la alcaldesa y del director de la Policía, entre otros dirigentes. Al presidente le faltó más empatía con las víctimas y sintonía con las causas de los hechos violentos que ocurrían. A la alcaldesa le faltó asumir que ella es la primera autoridad de la ciudad y no la oposición al Gobierno. Y al director de la Policía le faltó prontitud en las decisiones, reconocer los errores, dar órdenes claras a sus hombres y tener una comunicación directa con la ciudadanía. Más allá del clamor por una reforma a la Policía, es urgente un cambio en su dirección que acabe de una vez por todas con las duras peleas de poder en la cúpula y la desmotivación en los mandos medios.


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Cuando más se necesitaba llamados a la cordura para evitar más muertos, Gustavo Petro le echaba gasolina al fuego al disparar ráfagas de trinos que convocaban a la rebelión contra la tiranía, socavaba toda autoridad y se erigía como el mesías de un pueblo que necesita sublevarse y romper las cadenas de la opresión oligárquica. En el otro extremo Álvaro Uribe, también desde su trinchera digital, pedía más tanquetas, más militares, más toques de queda, más deportaciones, buscando convertirse en el mesías de la mano dura.

Y en el medio de esos extremos que se retroalimentan, un abanico de dirigentes y congresistas de todos los sabores pescaban en río revuelto y trataban de sacar la cabeza en busca de tendencias, likes y seguidores que seguramente nunca llegarán. Un espectáculo entre patético y rocambolesco de una clase política que no ha estado a la altura de una sociedad que cada día demuestra ser más útil que ellos en los destinos del país.

Sobre todo cuando la nación enfrenta uno de sus desafíos más grandes en un siglo y requiere de sus dirigentes, como nunca antes, liderazgo, consensos y ponderación. La pandemia ha dejado una economía en la lona, uno de los desempleos más altos del mundo, un tejido empresarial con respiración artificial y un retroceso en las conquistas sociales de más de una década. La única manera de superar una crisis de esta magnitud es con la fortaleza de las instituciones, el talante de sus líderes y la resiliencia de la sociedad.


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Colombia ha demostrado en el pasado esa capacidad de superar la adversidad y avanzar en medio de tantas amenazas a la democracia. Desde el narcoterrorismo de los ochenta, pasando por la violencia guerrillera de los noventa o la barbarie paramilitar de comienzo de este siglo. Y hoy, cuando esos fantasmas del pasado pretenden revivir en distintas regiones de la mano del narcotráfico y la ilegalidad, es cuando más legitimidad necesita el Estado y más diálogo necesitan las clases dirigentes, públicas y privadas. Los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y las crecientes masacres que vienen ocurriendo son la expresión de una nueva y cruenta violencia del posconflicto y lo ocurrido en las calles en los últimos días son la cara oscura de la conflictividad de la pospandemia.

Sin duda, ese sentimiento de rabia se venía gestando de tiempo atrás y no es un fenómeno colombiano. Ya habíamos visto cómo las protestas antiestablecimiento de unas clases medias que luchan por sus derechos se habían tomado las calles del mundo antes de la pandemia. Una nueva generación de indignados con conciencia política y reivindicaciones sociales, étnicas, raciales y éticas.

En Colombia, ese volcán en erupción de una juventud llena de rabia y frustraciones solo necesitó un chispazo para tomarse las calles. Y ese es uno de los retos más importantes del país cuando el desempleo juvenil supera el 30 por ciento, y la posibilidad de tener una educación superior es cada día más difícil, más aún en la Colombia rural, donde las tentaciones de la ilegalidad están acabando con sus sueños. Porque casi todos los muertos en las protestas, así como casi todos los acribillados en las más de 30 masacres de este año, tenían menos de 25 años.

Muchos se preguntan hoy para dónde va el país. Hay nerviosismo y perplejidad cuando más necesitamos confianza y estabilidad. Pero el país saldrá adelante como lo ha hecho en el pasado en los momentos más difíciles. Hoy, cuando el populismo está respirando en la nuca, el reto para los líderes políticos será proteger los valores democráticos y el Estado de derecho. Si es imposible llegar a consensos o acuerdos, al menos es necesario abrir espacios de diálogo como una manera de reconocer la diferencia, respetar los argumentos, desactivar los prejuicios y humanizar la política. La reunión entre el presidente y la alcaldesa es un paso en esa dirección.


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En estos momentos de angustia, los colombianos necesitan que sus gobernantes estén al mando y que sus instituciones funcionen. Estas últimas son el muro de contención de una nación que se ha construido con tanta sangre y esfuerzo y son también la garantía de una recuperación económica que pedimos a gritos. Incluida la institución de la Policía, que más allá de lo ocurrido ha desempeñado un papel esencial en la defensa de la democracia y de la vida de los colombianos ante tantos embates de la violencia.

Semana de Colombia

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