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Provea pide investigar a Carmen Meléndez por el caso de la masacre en La Vega

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Marino Alvarado, director de Provea, dijo que a un año de los hechos en La Vega en Caracas, existe «un silencio absoluto de las autoridades, no ha habido investigación y no ha habido sanción a los responsables»


La organización no gubernamental Provea denunció este sábado 8 de enero, la impunidad que persiste en el caso de la presunta «ejecución extrajudicial» de 23 civiles en un operativo policial en la parroquia La Vega en Caracas. Este hecho que ocurrió hace un año fue denominado como «la masacre de La Vega» y en el cual participaron funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado.

Marino Alvarado, director de Provea, dijo que existe «un silencio absoluto de las autoridades, no ha habido investigación y no ha habido sanción a los responsables».

En un video difundido este sábado, Alvarado agregó que este es un hecho que generó la mayor cantidad de víctimas en un operativo de seguridad ciudadana en los últimos 50 años.

Solicitó además que sea investigada la actual alcaldesa de Caracas y exministra almirante Carmen Meléndez, quien en ese momento dirigía a todas las fuerzas policiales de competencia nacional. Igualmente, pidió sea investigado el director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), José Miguel Domínguez, quien dirigió directamente este operativo; así como a otro número de funcionarios.

En un informe elaborado conjuntamente entre Provea y la organización Centro Gumilla, se indicó que aunque algunos de los funcionarios que participaron en el operativo que pudieran tener responsabilidad en los crímenes perpetrados, han sido identificados, pero que no han rendido cuentas a la Justicia.

El documento reitera que los habitantes de La Vega siguen esperando por una investigación en medio del desamparo e impunidad estructural. Mientras que «el Estado mantiene su lógica represiva sobre las comunidades».

«La casi totalidad de las 23 víctimas primero fueron detenidas y posteriormente asesinadas delante de sus familiares o en lugares cercanos a los sitios donde fueron detenidas», denunciaron las organizaciones en el informe.

Alvarado recordó que el la administración de Nicolás Maduro se comprometió con la Corte Penal Internacional (CPI) a investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad, por lo que solicitó una vez más al fiscal Tareck William Saab a investigar estos hechos ocurridos en La Vega.

«Exhortamos a usted señor Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, a pedir al Ministerio Público a una investigación y posterior sanción, así como que se de a conocer en detalle los nombres de las víctimas y se indemnice a los familiares de las víctimas. No a la impunidad, no a la criminalización de los jóvenes pobres de los barrios de Venezuela», dijo el director de Provea.

Entre las conclusiones del informe de la ONG Provea y del Centro Gumilla se señala que la masacre de La Vega «es el resultado de una política de Estado contra la población civil de ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas» en las zonas pobres de Venezuela que constituyen crímenes de derecho internacional.

La mayoría de las víctimas de conformidad con testimonios de los familiares, fotos de las víctimas y actas de defunción fueron asesinadas por disparos en el torax y en el abdomen.

«Una política apuntalada por una impunidad estructural que favorece la repetición de las violaciones con pleno conocimiento de las más altas autoridades del Estado venezolano», destacó el documento.

Como ejemplo de la falta de decisión gubernamental para avanzar en las investigaciones, se indicó que a pesar que familiares de las víctimas dieron los nombres de testigos claves, no se conoce que alguno de esos testigos haya sido llamado a declarar. «Aunque familiares lograron también identificar algunos funcionarios policiales de los que actuaron, tampoco se conoce que hayan sido llamados a declarar».


Ahiana Figueroa

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