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De a cuerdo con un informe de la ONG Programa Venezolano de los Derechos Humanos (Provea), la migración y desplazamiento de poblaciones indígenas del estado Amazonas hacia Colombia, es uno de los fenómenos generados por la actual y extraordinaria crisis sociopolítica y económica venezolana.

Este trabajo de investigación sobre migración de poblaciones indígenas -y desplazamientos forzados-, viene a completar y a actualizar nuestro informe Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Venezolana 2019 – 2020, donde se revela de manera integral su situación socioambiental e impactos generados por la crisis sociopolítica venezolana, presencia de actividades mineras y grupos irregulares armados en sus territorios, así como la desatención estatal de esta importante población del país, aseguró la ONG.

El exponencial repunte de minería iniciado alrededor del año 2008, se trató de sectores de los municipios Alto Orinoco, Atabapo y Manapiare, que con el paso del tiempo y la agudización de algunos elementos sociales que iremos analizando, pasó a convertirse en una actividad practicada de manera generalizada en los siete municipios de esta entidad, con el agravante de ser ejecutadas y controladas por grupos irregulares armados provenientes de Colombia y Brasil, quienes ejercen control sobre dichos territorios y todas la implicaciones que representa su presencia ante poblaciones de especial vulnerabilidad social, que además, a juzgar por la evidente opacidad y omisión oficial, cuentan con apoyo y consorcio del gobierno venezolano para realizar esta y otras actividades ilícitas.

Otro de los elementos que ha influido negativamente en las condiciones sociales de los pueblos indígenas, vinculado al fenómeno migratorio y desplazamientos, es la presencia de grupos irregulares armados en sus territorios: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC – Disidencias), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Garimpeiros (mineros brasileros), quienes con su extracción y mercado ilegal de oro, narcotráfico, contrabando y otras actividades ilícitas, encarecen los precios de bienes y servicios en esta zona, dejando a los mercados tradicionales locales con pocas ventajas de rentabilidad y sostenibilidad económica.

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