La reforma a la Ley Orgánica de Contraloría es una de las leyes que en octubre de 2022, el gobernante Nicolás Maduro ordenó debatir y sancionar en un nuevo intento por lograr el reconocimiento del Estado comunal. Fue sancionada por mayoría calificada. La bancada de oposición se abstuvo a votar
Este jueves 25 de mayo la Asamblea Nacional (AN) del 2020 sancionó la reforma a la Ley Orgánica de Contraloría Social, norma que establece la transferencia de bienes y competencias a las comunidades con funciones compartidas donde la acción privada no incida en los intereses comunales.
Esta es una de las leyes que, en octubre de 2022, el gobernante Nicolás Maduro ordenó debatir y sancionar en un nuevo intento por lograr el reconocimiento del Estado comunal, a través de reformas legales, estructuras de poder que no están incluidas en la Constitución.
La reforma a la Ley Orgánica de Contraloría Social fue apoyada por la mayoría calificada de la que goza la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los diputados de oposición se abstuvieron de votar y fue remitida al Ejecutivo para su promulgación.
En noviembre del 2022 la reforma fue presentada a la plenaria por la diputada Gabriela Peña (PSUV – Miranda). «Estamos planteándonos la formación a todos los sectores en esta materia, que todos los entes que tengan competencia en el tema del control social deben generar programas formativos para que el pueblo se empodere. Hay un detalle y es el flagelo de la corrupción, hay que derrotarla», explicó en ese momento.
Aseveró que el proyecto de reforma permitirá al Estado tener mayor eficiencia en el combate contra los ilícitos y responder efectivamente a la ciudadanía.
La reforma en su artículo 12 establece que los Consejos de Contraloría Comunal son la instancia encargada de la prevención, evaluación, control y seguimiento de planes y proyectos que se deriven de gestión pública y popular, así como de actividades privadas que puedan afectar derechos o intereses colectivos
La reforma a la Ley Orgánica de Contraloría Social fue apoyada por la mayoría calificada de la que goza la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los diputados de oposición se abstuvieron de votar y fue remitida al Ejecutivo para su promulgación.
En noviembre del 2022 la reforma fue presentada a la plenaria por la diputada Gabriela Peña (PSUV – Miranda). «Estamos planteándonos la formación a todos los sectores en esta materia, que todos los entes que tengan competencia en el tema del control social deben generar programas formativos para que el pueblo se empodere. Hay un detalle y es el flagelo de la corrupción, hay que derrotarla», explicó en ese momento.
Aseveró que el proyecto de reforma permitirá al Estado tener mayor eficiencia en el combate contra los ilícitos y responder efectivamente a la ciudadanía.
La reforma en su artículo 12 establece que los Consejos de Contraloría Comunal son la instancia encargada de la prevención, evaluación, control y seguimiento de planes y proyectos que se deriven de gestión pública y popular, así como de actividades privadas que puedan afectar derechos o intereses colectivos
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