El TSJ dijo que este informe -donde se vincula a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios con crímenes de lesa humanidad- fue elaborado «por una comisión paralela e impulsada por el hostil y minoritario auto determinado Grupo de Lima»


El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se unió a la ola de reacciones del régimen de Nicolás Maduro al informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, publicado el pasado 16 de septiembre, y lo tildaron de un «mecanismo de agresión» contra el país por parte de los países del Grupo de Lima.

En un pronunciamiento oficial leído por el magistrado Maikel Moreno, el TSJ dijo que este informe -donde se vincula a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios con crímenes de lesa humanidad- fue elaborado «por una comisión paralela e impulsada por el hostil y minoritario auto determinado Grupo de Lima».

Según Moreno, este informe que detalla un esquema de persecución contra población civil y dirigentes políticos a través de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, se hizo de forma unilateral y parcializada, por lo que considera que hubo «franca manipulación y el uso indebido del sistema internacional de derechos humanos».

 

 

«Tal y como se ha expresado por los distintos representantes del Poder Público nacional, el informe, carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida, ya que no se realizó en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y se fundamentó en deposiciones de presuntas víctimas y testigos promovidos de manera anónima y unilateral, incumpliéndose el principio elemental de transparencia que debe caracterizar cualquier actuación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas», dijo el presidente del TSJ.

 

 

Con esto, Moreno también desconoce las comunicaciones que enviaron los integrantes de la Misión de Determinación de Hechos al Gobierno venezolano para que permitieran su ingreso al paísa, así como las peticiones de reuniones para obtener información oficial e incluso recibir el informe para dar sus opiniones.

A juicio del presidente del TSJ, el informe tampoco vislumbra la verificación real de la situación jurídica de los agraviados. «Lamentamos que estas prácticas, al margen de la racionalidad y de la buena fe que rige las relaciones internacionales entre los Estados y los organismos multilaterales como Naciones Unidas, sirvan de instrumento para tratar de entorpecer y destruir los procesos de diálogos establecidos entre el gobierno y la oposición para la resolución pacífica y democrática de sus conflictos».

Además, dijo que esto forma parte de una «vieja estrategia de agresión» contra Venezuela, por lo que dijo que el objetivo es «utilizar los derechos humanos como herramienta política, para agredir a la institucionalidad democrática (…) el Tribunal Supremo de Justicia seguirá siendo garante de la estabilidad política y de la paz».

En una declaración conjunta desde la sede del Ministerio Público, el sábado 19 de septiembre, el canciller de la República, Jorge Arreaza, junto al Fiscal General impuesto por la ANC, Tarek William Saab, presentaron sus argumentos para tratar de descalificar el informe presentado el pasado 16 de septiembre por la Misión Independiente de Verificación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Hasta la fecha, el gobernante venezolano Nicolás Maduro no se ha pronunciado oficialmente sobre este informe, que lo señala directamente de ser responsable de delitos y crímenes de lesa humanidad al ordenar y permitir que se cometieran detenciones, ejecuciones y torturas contra la población de forma sistemática en el país desde 2014.

TAL CUAL

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