Las dificultades de los refugiados congoleños no terminan cuando salen de su país de origen; para protegerse entre ellos, han creado una cooperativa en Kampala

PABLO MORAGA

FOTO..Mariam Kilimani (nombre ficticio) en la casa donde vive refugiada con sus cinco hijos en Kampala. PABLO MORAGA

A Solange Kabuo le gustaba la vida que los rebeldes le arrancaron. Estaba enamorada de un pastor evangelista con el que había tenido cinco hijos. Después de pasar las mañanas en el huerto familiar, casi siempre encontraba tiempo para charlar con sus amigas. En Bunyakiri, una ciudad pequeña en el este de la República Democrática del Congo, los problemas de Kabuo solían llegar de noche. En ocasiones, el estruendo espeluznante de la guerra la despertaba en medio de la oscuridad. Cuando escuchaba disparos o bombas, su marido la tranquilizaba. No tenían por qué asustarse porque su casa era un lugar seguro. Los grupos armados luchaban en los pueblos, a muchos kilómetros de distancia. Eran ruandeses: los mismos milicianos que, tras matar a al menos 800.000 personas durante el genocidio contra los tutsis de 1994, se trasladaron a las entrañas del Congo.

Las Fuerzas Militares de la República Democrática del Congo (FARDC) no eran capaces de detener el horror que se esparcía por las regiones rurales del noreste del país. Para derrotar a los rebeldes, algunos lugareños determinaron armarse a sí mismos. Kabuo no recuerda cómo conoció esa noticia. Quizás la escuchó en la radio. O quizás la comentaron sus amigas. Pero sabe que, tras descubrirla, se alegró mucho. Nunca imaginó que, con el paso del tiempo, esos grupos se transformarían en otra pesadilla para la población. Los milicianos congoleños eran aún más violentos. Copiaron los métodos de los de Ruanda: además de luchar contra otros rebeldes, atacaban a los civiles. Estaban por todas partes, también en las ciudades. Para Kabuo, recoger los casquillos de los AK-47 en el huerto que antes usaba para alimentar a su familia se convirtió en una rutina.

“Era imposible descansar”, dice Kabuo. “Pensaba que los rebeldes podían entrar en nuestra casa en cualquier momento”.

Kabuo tiene 44 años. Ahora vive en una casa humilde en Kampala, la capital de Uganda. Es una refugiada. Los niños corretean de una esquina a otra de la habitación como si no hubiese nada más importante en el mundo que divertirse. Mientras tanto, ella, sentada en un sofá amplio, cuenta con una voz suave, casi susurrando, que su esposo desapareció en 2014. Entonces decidió escapar. Se escondió en el remolque de un camión para emprender el viaje más largo que ha hecho hasta ahora. Pensaba que en Uganda encontraría un rincón seguro con oportunidades para sus pequeños. Sin embargo, halló un escenario distinto.

Una cooperativa de refugiados urbanos

En Uganda residen 1,4 millones de refugiados. La legislación ugandesa les permite circular con libertad de una ciudad a otra, acudir tanto a los hospitales como a las escuelas públicas, o abrir cualquier tipo de negocio. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), esta nación tiene uno de los modelos de acogida más generosos del mundo. Sin embargo, esas medidas no son suficientes para integrar a los refugiados ni garantizan su bienestar.

En ocasiones, cuando Williamson Kajibwami, un hombre congoleño de 46 años, repasa los problemas que ha soportado desde que buscó refugio en Uganda, se arrepiente de haber escapado de su país. Pero en el momento en el que partió, pensaba que no tenía otra opción. Los rebeldes habían quemado su casa. Querían matarlo. Caminó durante tres días, desde la ciudad de Goma hasta la frontera de Bunagana, en Uganda, ocultándose entre los arbustos. “Sobre todo durante los primeros años, sin conocer los idiomas locales ni las costumbres de Uganda, era prácticamente imposible conseguir un empleo”, recuerda Kajibwami. “Mis cinco hijos pasaban hambre. No teníamos dinero para pagar el alquiler de nuestra casa o las facturas de los hospitales. Dependíamos de la solidaridad de otros refugiados”.

En Uganda residen 1,4 millones de refugiados. La legislación ugandesa les permite circular con libertad de una ciudad a otra, acudir a los hospitales y las escuelas públicas, o abrir cualquier tipo de negocio

Kajibwami es profesor de francés, pero trabaja vendiendo relojes de plástico en las calles de Kampala. En el 2017 comprendió que los refugiados debían unirse para protegerse entre ellos. Por eso creó la Asociación de Refugiados para el Desarrollo (RAD). Es una especie de cooperativa urbana donde sus miembros ponen en común una parte de sus ahorros. Además de socorrer a niños huérfanos, enseñar inglés a los recién llegados, cubrir las tasas escolares de decenas de chicos, organizar reuniones para que los refugiados compartan sus problemas, o movilizar fondos para impedir que los caseros expulsen a las familias que no pueden pagar sus alquileres, RAD ha abierto una peluquería que emplea a algunos miembros.

RAD estaba creciendo hasta que la COVID-19 la golpeó. La puerta metálica de su peluquería, que generaba casi todos los ingresos de la organización antes de que el virus aterrizase en Uganda, permaneció sellada durante más de tres meses, hasta el pasado 22 de julio. El gobierno había ordenado el cierre temporal de todos los salones de belleza, donde era imposible mantener el distanciamiento personal, entre otras restricciones para contener la pandemia. Aunque las autoridades ugandesas están retirando esas medidas poco a poco, muchos refugiados aún no pueden continuar sus actividades habituales. Las furgonetas de tránsito de pasajeros, los autobuses de Kampala, ahora deben circular con la mitad de sus asientos vacíos y sus precios han aumentado. No todos pueden pagar esas tarifas para desplazarse hasta el centro de la ciudad y trabajar como vendedores ambulantes. Otros han perdido sus mercancías. Los policías las confiscaron mientras intentaban venderlas durante el confinamiento. Según Acnur, la proporción de familias refugiadas en Kampala sin fuentes de ingresos ha crecido desde 31% antes de la pandemia hasta el 72% en la actualidad.

Williamson Kajibwami, un congoleño de 46 años, fundó en el 2017 la Asociación de Refugiados para el Desarrollo (RAD) en Uganda.
Williamson Kajibwami, un congoleño de 46 años, fundó en el 2017 la Asociación de Refugiados para el Desarrollo (RAD) en Uganda. P. MORAGA

En Uganda, los refugiados deben optar entre depender de las donaciones de las agencias de las Naciones Unidas dentro de campamentos abarrotados de personas, o probar su suerte en ciudades donde el desempleo es rampante. Los que escogen salir de los asentamientos diseñados para ellos no reciben asistencia humanitaria regular porque las autoridades presumen que son autosuficientes. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los refugiados congoleños no quieren regresar a sus hogares: tienen miedo. Han escapado de una guerra que, después de causar al menos un millón de muertos desde 1998 hasta el 2003, se resiste a terminar. Las heridas que causaron tanto dolor permanecen abiertas. En el este del Congo, donde el estado no garantiza al pueblo ni siquiera los servicios sociales más básicos ni su seguridad, 130 grupos armados continúan luchando para protegerse de otras milicias, consolidar algunas reclamaciones políticas, o conseguir un pedazo de uno los subsuelos más ricos del mundo, abarrotado de minerales. En este momento, 4,7 millones de congoleños —3,8 millones desplazados internos, y 914.000 refugiados— han abandonado sus casas para salvar sus vidas.

Resistir a pesar de los obstáculos

Mariam Kilimani (nombre ficticio por razones de seguridad) se siente cómoda mientras canta. Lo hace bien. Tiene una de las mejores voces de su coro, un grupo de amigas que se concentra cada semana en una iglesia en las afueras de Kampala para practicar canciones religiosas. Gracias a esas reuniones, Kilimani para de pensar en sus problemas durante unos minutos. Poco a poco, la música borra las imágenes horribles que ha acumulado en su cabeza desde que era pequeña.

Kilimani tiene 26 años. Creció en Beni. Esa ciudad congoleña, además de recibir ataques constantes de los rebeldes desde el 2014, fue el epicentro de una epidemia de ébola que ha matado a por lo menos 2.280 personas. La crueldad de ese mundo generó un nudo de terror en el interior de Kilimani. Soportó la sensación horrenda de acostarse sin saber qué ocurrirá cada noche hasta 2017, cuando unos hombres armados entraron en su casa para violarla. Sucedió durante un combate. Además de otras heridas invisibles, Kilimani conserva de ese momento una cicatriz profunda en el brazo derecho. Los milicianos habían ocupado el barrio de la universidad de Beni para castigar a los estudiantes que protestaban contra la inseguridad, como el marido de Kilimani. Al amanecer, Kilimani y su familia decidieron refugiarse en Uganda. Caminaron durante dos días. Los niños lloraban porque les dolían los pies. Tras recorrer cerca de 100 kilómetros, llegaron a la frontera de Uganda. La cruzaron escondidos entre las montañas, de noche, en silencio, porque no tenían dinero para pagar sus visados.

El sitio donde Kilimani reside no se parece en nada a la ciudad de edificios brillantes que imaginaba mientras caminaba hacia Uganda. Es un barrio humilde con las calles sin asfaltar. El agua de un río cercano anega su casa después de cada tormenta. Kampala tampoco es el lugar seguro para las mujeres que Kilimani esperaba encontrar. Lo descubrió una noche de marzo. La congoleña había pasado todo el día en la calle, intentando vender sin mucho éxito relojes de plástico a los transeúntes. Unos hombres le cortaron el paso en un rincón oscuro: la violaron.

La congoleña Solange Kabuo es una de las empleadas de la peluquería de RAD en Kampala.
La congoleña Solange Kabuo es una de las empleadas de la peluquería de RAD en Kampala. P. MORAGA

“Pasé dos días sin saber qué hacer hasta que los denuncié”, dice Kilimani. “En la comisaría, los policías no comprendían mis idiomas. Nadie hablaba suajili ni francés. Tardé mucho tiempo en describirles mi agresión. Pensaban que estaba mintiendo. Me preguntaron por qué no había acudido antes. Me ignoraron. Siempre me ignoran. Tampoco nos defendieron cuando unos vecinos golpearon a uno de mis hijos en la calle mientras le gritaban: ‘¡Vuelve a tu país!’”.

Kilimani mantuvo la segunda violación como un secreto. Temía que su esposo le echase la culpa. Permaneció en silencio incluso cuando era imposible ocultar que su vientre estaba creciendo: se había quedado embarazada.

El marido de Kilimani abandonó a su familia poco después porque, según la congoleña, no toleraba el estrés de escuchar con el estómago vacío las amenazas del propietario de su casa cuando no podían pagar el alquiler a tiempo.

Kilimani se ha pintado los labios de rojo. Está preparada para marcharse a cantar. Antes de calzarse sus sandalias, acuesta con cuidado a su hija más pequeña, de dos años, en una cama de matrimonio, y la cubre con una mosquitera. Una amiga congoleña la cuidará durante su ausencia. Kilimani está contenta. Camina con un paso firme. Desde que canta en un coro tiene más confianza en sí misma. Avanza por un laberinto de callejuelas, mujeres cocinando en las puertas de sus casas, puentes precarios de madera que cruzan ríos, pastos donde las vacas comparten el espacio con docenas de garcillas. Habla sobre sus sueños: quiere que sus hijos estudien en un tercer país donde haya más oportunidades.

Kilimani encontró en RAD una comunidad en la que confiar. Gracias a la organización conoció a otras mujeres con historias parecidas. Para ella, «permanecer unidas en la única manera de resistir» porque, así, son «aún más fuertes».

EL PAIS DE ESPAÑA

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