En 1998 pocos se imaginaron que Venezuela iba a estar sumida en una catástrofe económica, social y política como la de hoy. La crisis humanitaria que la gente experimenta a lo largo y ancho del país es incomparable con cualquier otro momento de la historia venezolana posterior a la Guerra Federal.

La miseria de muchos venezolanos no se circunscribe al territorio nacional, cientos de miles de connacionales pasan penurias en países vecinos cuya capacidad para recibir migrantes está a tope y su tolerancia hacia los venezolanos se encuentra en declive. Todo lo anterior se agrava en el contexto de la pandemia de covid-19, haciendo que la situación de vulnerabilidad de los residentes en el país y de una buena parte de los emigrados se haya incrementado exponencialmente.

Muy probablemente nunca sabremos cuántos venezolanos han muerto de enfermedades prevenibles en los últimos años, tampoco cuántos de los que emigraron perecieron en el camino o fueron víctima de redes de trata de personas, trabajo esclavo y prostitución. Muy difícilmente sepamos cuántos compatriotas desesperados decidieron quitarse la vida o cuántos niños y niñas quedaron huérfanos o abandonados en el país o fuera de este. En resumen, la tragedia que vivimos como sociedad es inconmensurable.

Lo anterior no niega la existencia de hechos positivos, de personas que han logrado sus metas en otras latitudes o que haya en el país personas que con trabajo honesto mantengan sus negocios, universidades, escuelas.

Hay que destacar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, cuyos integrantes han dado un ejemplo de gallardía, tesón y compromiso que tanto necesita nuestra nación. Sin embargo, situaciones como la de los náufragos de Güiria nos recuerda que por cada historia de éxito hay muchas otras que culminan fatídicamente, algunas terminan como titulares de noticias que a los pocos meses nadie recordará, otras quedan solo en la memoria de quienes las sufrieron, pero ocultas a la opinión pública nacional.

El 2021 seguirá siendo trágico para los venezolanos, sobre todo para quienes viven dentro del país. La deriva autoritaria es cada vez más pronunciada, habiendo simulado unas elecciones presidenciales en 2018 y las parlamentarias en 2020, el Gobierno acabó con toda posibilidad de reinstitucionalización democrática a corto y mediano plazo.

Evidentemente, la responsabilidad total de esta situación recae en quienes dentro de la coalición dominante decidieron tomar y mantener el poder a sangre y fuego, prefiriendo gobernar sobre tierra arrasada antes que negociar una distribución más democrática del poder.

Pero del otro lado ha habido deficiencias importantes que han contribuido al resultado que vemos en este año que comienza. El 2021 es el año en el que se cristalizan los fracasos de todas las facciones opositoras. Por un lado tenemos la oferta engañosa de una “intervención humanitaria”. La supuesta invocación del principio de Responsabilidad de Proteger (R2P) o la aprobación del TIAR fue tan fraudulenta como la elección parlamentaria de 2020. Lamentablemente muchos se dejaron seducir por este engaño y asumieron posiciones absurdas, carentes de todo tipo de realismo.

 

 

Por otro lado, el sector minimalista de la oposición, es decir, los partidos y dirigentes que participaron en la Mesa de Diálogo Nacional (MDN), demostraron que la abyección vestida de la frase “hacer política” solo los llevó al fracaso. Promovieron y aceptaron un CNE abiertamente progubernamental a cambio de un puesto entre cinco que conforman el organismo electoral. Promovieron un estatuto electoral ad hoc que iba en contra de sus propios intereses y, peor aún, que iba en contra de la Constitución que decían defender. Invirtieron más recursos en atacar más a quienes les criticaban que en tratar de construir un nuevo movimiento opositor unificado con posibilidades reales de lograr una representación mínima en la AN. Al final del día fueron víctimas de sus propias decisiones, de su anuencia y arrogancia.

En definitiva, sirvieron de tontos útiles del Gobierno. Quizás, lo más increíble es que muchos de ellos, aunque no todos, siguen atribuyendo la responsabilidad de su fracaso al sector opositor que no participó, hundiéndose cada vez más en sus propias contradicciones.

Finalmente, la oposición del G4 y sus aliados fracasaron en su intento de convertirse en una opción política viable. Cada una de las decisiones tomadas desde el día de la juramentación de Juan Guaidó, en enero de 2019 hasta la Consulta Popular de diciembre de 2020, ha llevado al debilitamiento de su posición: (1) buscaron meter la ayuda humanitaria a la fuerza por la frontera, (2) fracasaron en un intento de golpe el 30 de abril de 2019, (3) promovieron sanciones que fortalecieron aún más los lazos del Gobierno con países autoritarios, los dotó de una narrativa que los victimiza, al tiempo que debilitaron a la sociedad venezolana, (4) se dejaron sabotear por el gobierno de Trump la única negociación seria (con independencia de si el Gobierno hubiese o no aceptado), (5) no elaboraron un plan electoral de cara a las parlamentarias de 2020 (con independencia de si luego participaban, se retiraban o continuaban hasta el final), (6) celebraron una consulta de dudosa confiabilidad y sin efectos políticos reales. Por último, (7) hicieron una modificación del Estatuto que rige la transición que les permite extenderse a sí mismos el mandato que terminaba en 2020, el cual tiene serias contradicciones con lo establecido en la Constitución.

En este sentido, el haber preferido ser “gobierno interino” antes que movimiento social solo condujo a un divorcio entre las bases sociales y la dirigencia política.

Se dejó de lado la lucha por condiciones electorales mínimas y se abandonaron todos los esfuerzos en aquellos frentes donde se tenían las fortalezas más importantes. Tampoco se capitalizó el descontento generalizado hacia el Gobierno para seguir minando sus bases de apoyo ni se procuró la construcción de una coalición democrática superior para el establecimiento de un movimiento con poder real. Adicionalmente, el manejo de fondos públicos ha sido poco transparente, sectario y sin mecanismos eficaces de control político y administrativo. Así, el gobierno interino terminó fundiendo un Ejecutivo ficticio con un Legislativo impotente. De esta suerte, para algunos políticos del G4 lo relevante es mantener el gobierno interino y sus puestos como burócratas en este, al tiempo que siguen buscando incrementar una serie de sanciones que evidentemente no cumplen el objetivo deseado y empeora la grave crisis socioeconómica generada por el Gobierno del PSUV.

Así las cosas, a partir del 5 de enero de 2021 el país tendrá un nuevo circo en la Asamblea Nacional, la cual será igual de inútil para el país como lo fue la Constituyente, pero funcional para el Gobierno.

Igualmente triste será que no habrá ningún actor de la oposición con capacidad de generar un respuesta mínimamente significativa ante lo que supone la estocada final a cualquier vestigio de institucionalidad democrática.

El 2021 será el año en que se consolida la Revolución Bolivariana, ese proyecto autoritario hegemónico que beneficia a muy pocos gracias al perjuicio de muchos, mientras que en el campo opositor se inicia una larga marcha por el desierto en la que nadie parece contar con el apoyo y agallas necesarias para dar un giro estratégico ante el fracaso del ciclo político 2013-2020.

Juan Manuel Trak es Sociólogo (UCAB). Máster en Ciencia Política y Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos (USAL). 

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