El gobierno lanza un nuevo gancho de control social con la decisión de confiscar la nómina de las universidades y de las escuelas que forman parte del subsidio AVEC, para obligar al personal de educación a cobrar a través de la Plataforma Patria, a pesar de que ni el gobierno es su patrono, ni ellos son empleados públicos


Conocen de sobra los educadores aquella historia del lobo que amenaza con soplar y soplar hasta tu casa derrumbar. La han vivido de cerca y de nuevo sienten el resoplido que insiste en tumbar lo que encuentre a su paso. Ahora llega con la decisión unilateral del gobierno, por la vía del Ministerio de Educación Universitaria de confiscar la nómina de las universidades nacionales para obligar al personal a cobrar a través de la plataforma Patria, a pesar de que ni el gobierno es su patrono, ni los docentes y trabajadores educativos son empleados públicos.

En todos los frentes, el resoplido ha debilitado los otrora cimientos sólidos de las universidades a punta de asfixia presupuestaria, impedimentos para la renovación de autoridades, retrasos continuos y estratégicos en la asignación de recursos, pero sin duda el más eficiente ha sido el debilitamiento del músculo docente, administrativo y obrero, hasta dejar en el hueso las reivindicaciones salariales y volverlas irrisorias, lo que ha convertido a las universidades en una estructura con paredes de paja sin capacidad de funcionamiento, débil y desarticulada ante el vendaval que supuso la pandemia. El soplido final que necesitaba el lobo.

Patria o muerte

La ronda del lobo la viene sufriendo el sector educativo desde hace más de una década, cuando se promulgó la Ley Orgánica de Educación en 2009, en la que se establecen normativas que de entrada atentaban contra el principio de autonomía universitaria, garantizado en el artículo 9 de la Ley de Universidades y más allá en el artículo 109 de la Constitución: “Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”.

Lo detalla la Ley de Universidades: “Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas, académica, para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión que fueren necesario para el cumplimiento de sus fines; administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo; y económica y financiera, para organizar y administrar su patrimonio”.

El 6 de marzo, el rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci, alertó a través de su cuenta en Twitter que se había enterado a través de un chat de personal de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) sobre una información emitida por Omar Oberto, director del área de planificación y presupuesto del Ministerio de Educación Universitaria, en la que aseguraba que a partir de la primera quincena de marzo los pagos al personal de las universidades se harían efectivo mediante la plataforma Patria.

 

De inmediato, las autoridades de las diez casas de estudio nacionales que conforman la Asociación de Rectores Universitarios (Averu) junto a las asociaciones de profesores y los sindicatos de trabajadores reaccionaron ante la decisión que no solo fue unilateral e inconsulta, sino que jamás fue comunicada formalmente a quienes tienen la responsabilidad como patronos de este personal: las autoridades de cada universidad.

Debido a que los Consejos Universitarios acordaron no enviar la información de las nóminas, cuatro días después del anuncio, las rectoras Cecilia García-Arocha (UCV), Jessy Divo (UC), Rita Añez (Unexpo) y el rector Raúl López (UPEL) se reunieron con el ministro César Trompiz en el que hubo una especie de acuerdo de retrasar la medida, pero ninguna rectificación de la decisión.

“Exigimos que se paguen los gastos de funcionamiento antes de abril de este año”, notificó sin mayor precisión la rectora de la UCV, quien también es presidenta de Averu y posteriormente anunció que introduciría un recurso de nulidad ante el TSJ debido a la imposición del Ministerio.

El presidente de la Asociación de Profesores de la USB, William Anseume, informó que el Consejo Directivo de la USB rechazó el envío de la información de nómina a la OPSU para cargarla en el Sistema Patria, pero advirtió que en esa reunión directiva “el representante del ministro salvó su voto y amenazó veladamente con la suspensión de sueldos y otras acciones ‘legales’ contra el CD”, publicó Anseume en su cuenta de Twitter.

 

Las representantes de los diferentes sectores que conforman la comunidad universitaria coinciden en que esta decisión impuesta es otro mecanismo de control social que el gobierno utiliza para intervenir las casas de estudio, que ahora decide atacar en lo más obvio: el pago de los salarios.

Pero hay otras razones que ejemplifican el por qué de la negativa unánime que han tenido las universidades nacionales ante esta medida. El rector de la USB, Enrique Planchart, explica que la experiencia previa en la centralización de algunas áreas de funcionamiento de las instituciones solo ha dejado como resultado la paralización y desmantelamiento de los servicios.

Ocurrió con el manejo del comedor estudiantil que pasó a funcionar bajo el convenio Sedefanb/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, mediante el cual el gobierno se comprometió a suministrar los insumos para la elaboración de los menús: proteínas, verduras, víveres, pero por la inconstancia en la entrega, las comidas no cumplían con los nutrientes mínimos y tampoco alcanzaban para alimentar a más de 70% de los estudiantes que dependían de estas comidas, hasta que finalmente tuvieron que cerrar el comedor por falta de presupuesto y de insumos.

Lo mismo pasó con el transporte estudiantil y el que funcionaba para los trabajadores administrativos, obreros y académicos, un servicio prioritario por las características de la sede de la USB que se quedó sin asignación presupuestaria de la OPSU para hacer reparaciones, comprar repuestos o para sustituir por autobuses nuevos. Ni siquiera tenían recursos para pagar un servicio tercerizado de rutas. Las pocas unidades que quedaron operativas se habilitaron por donaciones externas.

Explican las autoridades de la USB que el gobierno también dejó de pagar desde 2020 el 8,5% que corresponde al personal activo y pensionado por las prestaciones sociales acumuladas anualmente, y tampoco se han pagado los planes de salud y funerarios que fueron centralizados a través del Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (Sismeu) en 2017 que en la práctica desapareció por la falta de cobertura.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv) emitió un remitido en el que ratifican que “las universidades son las empleadoras de los profesores y que junto a esta decisión inconsulta se le suma el anuncio de las nuevas tablas del hambre, vigentes a partir del mes de marzo, que se trata de otra imposición violatoria de la libertad sindical, ya que no pasó por el necesario diálogo social tripartito entre las universidades autónomas (nuestras empleadoras), los gremios y sindicatos (representantes de los universitarios) y el ejecutivo nacional”, expresa el documento.

Agregan que se están comprometiendo los aportes a las cajas de ahorro, los gremios y los Institutos de Previsión del Profesorado. “Las universidades han dejado de recibir los recursos para funcionar por parte de la OPSU. Ahora, al pretender llevarse la nómina, estamos ante la confiscación definitiva del presupuesto universitario, un paso más hacia el cierre de la universidad pública”.

¿Cuál sueldo?

El aumento salarial al que hace referencia la directiva de Fapuv llegó sin que ocurriera una reunión con los gremios, como dicta la normativa laboral y se hizo casi silenciosamente junto a la notificación del traslado de la nómina a la plataforma Patria. Los salarios básicos del escalafón aumentaron de 1.200.000 a 1.800.000 bolívares, el equivalente a un dólar.

Varios docentes reportaron haber recibido un monto correspondiente a su quincena en sus cuentas bancarias pero desconocían de cuál instancia provenía. Otros señalaban que efectivamente se había efectuado un primer pago en el sistema Patria (a pesar de que las autoridades se han negado a entregar la información) pero añadían que el depósito sufrió un aparente «error de comas».

 

Los docentes han llegado al punto límite de enfrentarse a un país con tres años en hiperinflación cobrando salarios de un dólar. Pero llevan más de una década de subsidiar con otros ingresos la posibilidad de seguir dando clases, lo que reveló las grietas insostenibles en medio de una pandemia que exigió migrar a la educación a distancia, o mejor dicho en línea, sin tener capacidad siquiera de cubrir sus rentas de telefonía.

 

 

El observatorio de DDHH de la ULA muestra que las brechas deficitarias son parte de una política de asfixia presupuestaria: por ejemplo, esta institución requiere al menos 818.000 dólares mensuales para poder pagar un salario más ajustado a la realidad de sus trabajadores, lo que representa un aproximado de 15 millones de dólares al año para cumplirlo. Sin embargo, el presupuesto total para todo el año que recibirá la ULA en 2021 apenas alcanza los 998.000 dólares, unos 80 mil dólares al mes, 10% de lo que realmente requiere.

 

Ni autonomía, ni convenios

Y mientras la diatriba seguía su curso sin respuestas claras ni interlocutores definidos, una semana después el mismo anuncio de la incautación de nóminas para pasar al sistema Patria también le llegó a la directiva de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), que agrupa 831 instituciones educativas y de la que dependen más de 35 mil trabajadores, entre ellos la red más extensa de educación popular: las escuelas de Fe y Alegría.

 

En un comunicado Fe y Alegría junto con AVEC exigieron la reconsideración de esta decisión administrativa emanada esta vez del despacho del ministro de Educación Aristóbulo Istúriz, una medida que viola el convenio que tiene 31 años de funcionamiento entre el ME y AVEC firmado en enero entre ambas partes. “Nos resulta incomprensible, que por una decisión unilateral se imponga una modificación al régimen establecido en el convenio sin discusión alguna, sin una explicación de lo que se pretende con el cambio”.

Al igual que en el caso de la medida impuesta a las autoridades universitarias, señalan que la migración de las nóminas al sistema Patria genera un cambio de patronos, que afectará la autonomía, la calidad educativa, los aspectos administrativos, de seguimiento y de trabajo colectivo de las instancias que conforman AVEC.

“Creemos que es urgente profundizar los mecanismos de diálogo constructivo entre AVEC y el Ministerio de Educación en el marco del Convenio con el propósito de resolver esta situación que en nada contribuye a mejorar los niveles de convivencia en el ámbito educativo”.

TAL CUAL

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