Según las últimas denuncias del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las mujeres privadas de libertad en Venezuela enfrentan condiciones inhumanas y de extrema vulnerabilidad
En las excarcelaciones de personas presas por razones políticas en Venezuela, por lo general, las mujeres resultan menos beneficiadas con estas medidas, como lo evidencian los dos últimos casos ocurridos en julio y agosto de este 2025.
Entre las 13 personas que salieron de prisión con medidas sustitutivas de libertad recientemente, decididas en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, hay cuatro mujeres, lo que constituye el 1,6% del total de personas a quienes se les concedieron estos beneficios.
Hasta este 26 de agosto, la ONG Foro Penal contabilizó 816 presos políticos en el país. De ese número 96 son mujeres.
Este 24 de agosto excarcelaron a Mayra Castro, Diana Berríos, Margarita Asenza y Arelis Ojeda. Tres más que en el mes de julio pasado, cuando salieron con medidas sustitutivas 71 hombres y una sola mujer, Aixa Daniela Boada López, quien permaneció en el anexo femenino del Internado Judicial del estado Sucre desde agosto de 2024.
Según las últimas denuncias del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las mujeres privadas de libertad en Venezuela enfrentan condiciones inhumanas y de extrema vulnerabilidad.
La organización señala repetidamente que, además del hacinamiento crítico que afecta especialmente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la única prisión para mujeres en el país, las reclusas enfrentan serios problemas.
Sufren de desnutrición, carecen de acceso a servicios básicos esenciales como agua potable y productos de higiene menstrual, además de que reciben una atención médica deficiente. A esto se suma el hecho de que no todas las presas políticas se encuentran recluidas en esta prisión; muchas están en anexos dentro de cárceles de hombres, que no cumplen con los estándares mínimos para cumplir su arresto de forma adecuada y además comparten celdas con privadas de libertad por delitos comunes.
Luego de ser violentadas en sus derechos humanos, desde el domingo pasado están junto a sus familias:
Mayra Castro
Es una dirigente municipal del partido Primero Justicia y activista social en los Valles del Tuy, en el estado Miranda. La detuvieron el 2 de agosto de 2024, como parte de la ola de represión poselectoral. Su encarcelamiento se extendió hasta el 24 de agosto de 2025. Estuvo 387 días en detención.
Durante este tiempo, Castro permaneció en un calabozo policial en el estado Miranda, un lugar no apto para estancias prolongadas según las leyes venezolanas, mientras su familia y diversas organizaciones exigían su libertad.
Durante su prisión, los familiares y defensores de derechos humanos denunciaron tratos inhumanos y un gran deterioro del estado de salud de la activista municipal.
En la cárcel sufrió una lesión ocular que le causó epiescleritis, una inflamación benigna y no infecciosa de la epiesclerótica. Otras dolencias fueron migrañas, gastritis crónica, edema en las extremidades, retención de líquidos y bronquitis aguda.
Su situación se agravó al punto de que debieron llevarla a urgencias por un fuerte dolor lumbar que, según una evaluación médica, se originaba por una afectación hepática. A pesar de necesitar una ecografía para un diagnóstico preciso, solo recibió tratamiento paliativo, sin que se le garantizara la atención médica integral que su condición exigía.
Aunque un reconocimiento médico forense certificó su delicado estado de salud en noviembre de 2024, y de que su familia consignó una solicitud de libertad ante el Tribunal Segundo de Control contra el Terrorismo, sus peticiones no obtuvieron respuesta.
Los pesares de su reclusión quedaron plasmados en una carta que escribió en diciembre desde su celda, donde expresó: «No merezco morir en prisión y mis hijos no merecen todo lo que está pasando».
Mayra Castro es una dirigente del partido Primero Justicia en los Valles del Tuy, estado Miranda. Foto: Cortesía
Diana Berríos
Es abogada y exdirectora de Talento Humano de la Alcaldía de Maracaibo, en el estado Zulia, a quien apresaron funcionarios del Sebin la noche del 4 de octubre de 2024. Su arresto se llevó a cabo tras una serie de detenciones contra funcionarios municipales, incluido el entonces alcalde Rafael Ramírez Colina, y ocurrió horas después de que Berríos, en cumplimiento de sus funciones, designara a Vanessa Linares —esposa del alcalde del mandatario— como alcaldesa encargada para dar continuidad a la gestión.
Su detención, que ocurrió en el Palacio Municipal de Maracaibo, recibió la condena de voceros políticos, que la calificaron como un acto arbitrario directamente ligado al nombramiento que Berríos realizó.
Es abogada y fue directora de Talento Humano de la Alcaldía de Maracaibo bajo la gestión de Rafael Ramírez Colina (Cortesía)
Margarita Assenza
Es una abogada ítalo-venezolana, que permaneció casi once meses detenida en los calabozos de El Helicoide, en Caracas, a más de 690 kilómetros de Maracaibo, donde la arrestaron.
A Assenza, quien se desempeñaba como directora de la Oficina de Secretaría Privada del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, la detuvieron en octubre de 2024, junto a otros funcionarios que trabajaban para el alcalde, por supuestos hechos de corrupción.
Medios italianos señalan que su liberación es el resultado de un “largo trabajo diplomático” que llevaron adelante instituciones italianas, por las gestiones del ministro de Exteriores de ese país, Antonio Tajani, y el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni.
Arelis Ojeda
Se desempeñaba como administradora de la Alcaldía de Cabimas al momento de su detención en diciembre de 2024. A Ojeda la arrestaron junto a su esposo Benito Chirinos, en Cabimas, estado Zulia, cuerpos de seguridad del Estado. Permaneció privada de libertad durante más de ocho meses.
La maldad como un patrón sistemático
Para Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en una entrevista telefónica con Efecto Cocuyo, las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela no son actos de justicia, sino resultados de negociaciones políticas.
Aseguró que «todas las libertades con medidas que han dado son negociadas. Es una decisión de ellos (el Ejecutivo), no de un juez«.
Prado subrayó que el trato a los presos políticos es un acto de «maldad» por parte de los funcionarios de seguridad del Estado y ve una clara discriminación en la excarcelación de mujeres, ya que generalmente se libera a muchos más hombres, pese a que la situación de las mujeres en prisión puede ser más cruel que para los hombres.
El defensor de derechos humanos explicó que la detención arbitraria de mujeres, a diferencia de los arrestos por delitos comunes, puede ocurrir por razones tan triviales como estar en el lugar y momento equivocados, como por ejemplo: ir en un taxi, caminando, o por ser familiar de alguien buscado. “Una detención de este tipo altera completamente sus vidas”, dijo.
Sin atención diferenciada para presas políticas
Una vez en prisión, el trato que reciben las presas políticas es inhumano y carece de respeto a sus derechos fundamentales. Prado enfatizó que las cárceles no cumplen con ningún estándar mínimo de derechos humanos para mujeres privadas de libertad. La falta de privacidad es total, ya que incluso ellas tienen que «hacer necesidades abiertamente» y «bañarse allí públicamente».
En la prisión las mujeres no tienen acceso a productos esenciales de higiene personal. «Imagínate lo que puede sentir una mujer que tenga el período y no tenga toalla sanitaria», advirtió el activista, quien sostuvo que este tipo de actos son a propósito y el OVP lo calificó como un «patrón sistemático para violentar la salud mental de las mujeres en prisión por casos políticos».
Uno de los casos más emblemáticos de prisión política de mujeres en el país es el de la jueza María Lourdes Afiuni, a quien violentaron de distintas formas en prisión, y a, su juicio, el ensañamiento contra ella sirvió como una advertencia para las mujeres en el Poder Judicial.
Señaló que casos como el de Rocío San Miguel y Dignora Hernández, a quien se llevaron a empujones y entre gritos de auxilio, son ejemplos de cómo los funcionarios de la gestión chavista buscan intimidar a cualquiera que se oponga.
96 aún quedan tras los barrotes
El Foro Penal dijo esta semana que 96 mujeres aún permanecen detenidas por razones políticas en el país. Las condiciones en las que se encuentran, según múltiples informes sobre derechos humanos, son deplorables y muchas enfrentan problemas de salud graves, que no son atendidos por los especialistas en la salud.
Los casos de Rocío San Miguel, Emirlendris Benítez, Dignora Hernández y Yosida Vanegas ilustran las crueles realidades del encarcelamientro por motivos políticos en Venezuela.
San Miguel, abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, lleva más de un año detenida sin que se le respete el debido proceso. Su abogado, Juan González Taguaruco, denuncia que aún le niegan una operación para una fractura en el hombro, que sufrió a finales de 2024. A pesar de que el diagnóstico tardó cuatro meses en ser verificado, solo recibe analgésicos de manera irregular.
La ONG Provea, en distintas oportunidades, exigió una medida humanitaria para que la activista la atendieron médicos de su confianza, ya que las condiciones en El Helicoide, donde se encuentra, no son adecuadas para un postoperatorio y rehabilitación.
Otro caso notable es el de Emirlendris Benítez, quien es víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes desde su arresto. A esta comerciante la arrestaron en 2018 sin una orden judicial, una situación común en muchos casos. La sentenciaron a 30 años de prisión por su supuesta implicación en el «caso del Dron», el del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, aunque su familia insiste firmemente en su inocencia.
A pesar de estar embarazada de cuatro meses en el momento de su arresto, la golpearon y torturaron, lo que le provocó un aborto espontáneo. Las torturas también le causaron problemas de salud, como un intenso dolor en la columna que le impide estar de pie por mucho tiempo y por esta razón utiliza una silla de ruedas.
Dignora Hernández, secretaria política nacional de Vente Venezuela, también cumplió un año desde su arresto en marzo de 2024, que fue violento como se vio en un video cuando la apresaron. A pesar de que su detención fue pública, sus familiares no supieron de su paradero durante casi 60 días, una práctica que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón califica como desaparición forzada de corta duración y que se hizo frecuente durante las protestas poselectorales. Aunque recibe visitas, el hacinamiento y la falta de agua potable en El Helicoide agravan sus alergias e hipertensión.
Trato discriminatorio contra mujeres mayores
El caso de Yosida Vanegas, a pesar de su avanzada edad, resalta el trato discriminatorio hacia las mujeres mayores. A sus 68 años la arrestaron en 2023, sin orden judicial, bajo la acusación de financiar el terrorismo. Su hija, Giowanna, sostiene que Yosida está presa por ser la madre del sargento Juan Carlos Monasterio, quien fue implicado en el caso Dron.
A Vanegas, una jubilada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la sometieron a torturas psicológicas, según denunciaron sus familiares, y sufre de sangrado rectal, artrosis degenerativa y problemas de presión asociados a su edad.
Las excarcelaciones de Mayra Castro, Diana Berríos, Margarita Assenza y Arelis Ojeda son un rayo de esperanza, pero no oculta la oscuridad que se cierra sobre el resto de las presas políticas que siguen tras los barrotes en el país, en condiciones deplorables y la falta de atención médica que sus enfermedades requieren.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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