La ONG Provea señaló que el proyecto, presentado por el gobierno de Nicolás Maduro como un motor económico, significó el inicio de un modelo basado en mayor extracción de renta primaria, con más opacidad y represión
El Arco Minero del Orinoco cumplió una década de creado, el 24 de febrero de 2016, años en los que ha dejado destrucción ambiental, violencia en territorios indígenas y debilitamiento de la institucionalidad ambiental en Venezuela.
La organización Provea recuerda que ese día se promulgó el Decreto N.º 2.248 que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, abarcando 111.843,70 kilómetros cuadrados en el sur del país.
El proyecto, presentado por el gobierno de Nicolás Maduro como un motor económico, significó el inicio de un modelo basado en mayor extracción de renta primaria, con más opacidad y represión.
“La minería es uno de los elementos que tenemos con la mejor planificación y proyección, y que nos permite hoy echar a andar este motor minero con mucha fuerza”, dijo Maduro en ese entonces.
También aseguró que había inversionistas “de 35 países” y que se daría un trato especial a la minería artesanal. Sin embargo, Provea sostiene que el decreto se aprobó sin consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y sin estudios de impacto ambiental y sociocultural.
Se transgredieron los pueblos indígenas
En la zona afectada se encuentran el Parque Nacional Canaima, el Jaua-Sarisariñama, la Reserva Forestal del Caura, la Reserva de Biosfera del Delta del Orinoco y otros monumentos naturales. Y habitan pueblos como los warao, pemón, ye’kwana, sanɨma, kari’ña, piaroa, akawayo, eñepa y mapoyo, entre otros.
La organización afirma que con el Arco Minero del Orinoco “se transgredió abiertamente el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho humano a un medio ambiente sano”.
En estos 10 años, la expansión minera se extendió más allá de los límites del decreto, impactando también el estado Amazonas.
Provea advierte que el proyecto es la principal amenaza a los derechos de los pueblos indígenas al sur del Orinoco.
El avance extractivo ha generado militarización y presencia de grupos armados irregulares, incluidos el ELN y disidencias de las FARC, que disputan el control de economías ilegales. La organización documenta desplazamientos, detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones, así como amenazas contra líderes indígenas.
Agrega que el impacto ambiental incluye deforestación y contaminación por mercurio en ríos y suelos, en un ecosistema elemental para la regulación climática global. Alerta asimismo que la Amazonía se acerca a “puntos críticos de deterioro ambiental irreversibles”.
La crisis también se refleja en la salud
En el municipio Autana, estado Amazonas, solo 3 de 12 ambulatorios están plenamente operativos, según datos citados por Provea de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas.
Parte del personal sanitario ha migrado a la minería ilegal por bajos salarios.
La malaria y la tuberculosis siguen siendo las principales causas de muerte entre indígenas. En los últimos años se han registrado más de 390 muertes de indígenas yanomami, en su mayoría por malaria.
También se reportan altas tasas de mortalidad materna e infantil y casos de malformaciones asociadas a contaminación por mercurio.
Provea señaló que en 2025 la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que la producción nacional de oro alcanzó 9,5 toneladas y anunció el Plan Oro y Expansión Minera 2026. Para la ONG, esto profundiza la expansión extractiva sin que se traduzca en mejoras para las comunidades.
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