Por leonino e inconstitucional, por opaco, por incluir actores de la pasada y presente corrupción, el acuerdo petrolero que la administración Trump pretende imponer a los venezolanos no ha podido tener una arrancada más incierta y descalabrada.
Un mal comienzo que presagia un mal final.
El plan propuesto nace bajo el signo de la imposición y en connivencia con un gobierno ilegítimo. En consecuencia, el rechazo se ha levantado, con contadas excepciones individuales, a escala nacional y a niveles seguramente solo comparables con los que los sondeos de opinión atribuyen a la gestión, ya fuera de todo marco constitucional, de Delcy Rodríguez.
No había forma de que por la forma etérea, ventajista y atropellada como ha sido presentado el plan del gobierno estadounidense cocinado con Miraflores, no generara de inmediato en el común de los venezolanos una sensación de despojo, de arbitrariedad e inconmensurable abuso que lesiona profundamente el interés nacional.
Francisco Monaldi, Humberto Calderón Berti, Ricardo Hausmann, Moisés Naim, José Guerra, entre otras voces probas y respetables, advierten sobre la inconveniencia de sellar un pacto petrolero con bases tan difusas y sin garantías para los intereses de Venezuela.
Parte esencial y coincidente de sus visiones es la necesidad de que un acuerdo de semejantes dimensiones no sea firmado con un gobierno ilegítimo y envuelto en décadas de corruptelas.
Unas elecciones de donde surja un gobierno constitucional, con instituciones legitimadas y de amplio respaldo nacional, es un paso imprescindible para que Venezuela pueda discutir soberanamente las condiciones que más convienen a su presente y a su futuro.
En medio de este cuadro, como una llaga que hace de sello lacrado del pacto, aparece inexplicablemente la figura de un empresario cuyo delictivo historial ha sido escudriñado, diseccionado y divulgado por la prensa de investigación de Venezuela y los principales medios de Norteamérica y Europa.
Lo identifican como Alejandro Betancourt, el puente que garantizaría que los EEUU se quedaran con el 55 % del petróleo explotado sin desembolsar un céntimo de dólar.
Una de las partes más inexplicables de la propuesta de la administración Trump es la intención manifiesta de darle a la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono participación accionaria en empresas privadas, como se pretende hacer con la cuestionada Nabep del citado Betancourt.
En otro traspiés del plan petrolero de Trump, el Congreso norteamericano notificó a las autoridades del Pentágono que carecen de autoridad legal para involucrarse en tal aventura petrolera.
Desde acá cabe preguntarse: si el gobierno norteamericano está consciente y ha cuestionado el involucramiento de una empresa como la Gaesa en la economía cubana, y son conocidas sus nefastas consecuencias tanto allá como en la imitación venezolana que con iguales o peores resultados surgió aquí, ¿por qué se lanzan por camino tan retorcido y pedregoso?
Ningún venezolano en su sano juicio se negaría al relanzamiento de nuestra industria petrolera con condiciones claras, inversiones en capital y tecnología seguras y sostenibles en el tiempo, de forma de mejorar en el mayor grado posible las condiciones de vida de la población, hoy sin salarios dignos, sin servicios básicos como electricidad y agua, ni educación de calidad, sin una atención sanitaria al alcance de todos y, sobre todo, necesitada de oportunidades de superación en todos los órdenes de la vida.
Pero eso no es lo que se visualiza con la propuesta estadounidense.
Una verdadera alianza justa y legitimada conviene altamente a Venezuela y Estados Unidos.
Una sociedad que, como lo ha señalado María Corina Machado, única líder de la oposición a la vista, sería también clave en la seguridad y estabilidad del continente.
Por eso exige claridad en cuanto a los alcances, actores, financiamiento, garantías e implicaciones para el futuro del país.
Venezuela necesita un acuerdo energético con Estados Unidos para su reconstrucción. Pero eso no podría alcanzarse mediante una propuesta que por lo pronto luce como un consejo electoral salido de la chistera de un mandatario en apuros de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
tal cuL
