Trabajadores activos, jubilados y pensionados se movilizaron este jueves 24 de septiembre en distintos estados de Venezuela para exigir mejoras salariales y pensiones dignas, de acuerdo con un reporte difundido por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Según la ONG, las manifestaciones se realizaron en Distrito Capital, Lara, Yaracuy, Miranda, Aragua, Mérida, Cojedes, Carabobo, Bolívar, Portuguesa, Trujillo, Apure, Guárico, Sucre, Barinas y Zulia, donde los trabajadores reclamaron la recuperación del poder adquisitivo y mejores condiciones para quienes dependen de salarios y pensiones.
Provea señaló que el salario mínimo y las pensiones permanecen congelados desde marzo de 2022, mientras que durante los últimos años se ha aplicado una política de bonificaciones al ingreso.
La organización cuestionó que estos pagos no hayan sustituido las obligaciones asociadas al salario y la seguridad social.
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El reclamo también está relacionado con la situación de las convenciones colectivas. Provea sostiene que la institucionalidad de la negociación colectiva fue debilitada mediante medidas como el Instructivo de la Onapre y el Memorándum 2792, instrumentos que, según la ONG, afectaron los derechos laborales y la capacidad de los trabajadores para negociar sus condiciones de empleo.
En su informe anual más reciente, Provea documentó que el salario mínimo venezolano permaneció durante más de 1.300 días en 130 bolívares y que el ingreso complementado mediante bonos no tiene el mismo impacto sobre prestaciones sociales, pensiones y seguridad social.
La organización también señaló que las protestas laborales representaron una parte importante de las movilizaciones registradas en 2025.
La situación de los pensionados también ha sido señalada por Provea como uno de los principales problemas de la seguridad social venezolana. En mayo de 2026, la organización indicó que la pensión se mantenía en 130 bolívares mensuales y advirtió sobre el deterioro de su capacidad adquisitiva.
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Las movilizaciones vuelven a colocar en el centro del debate las exigencias de trabajadores, jubilados y pensionados, quienes reclaman que sus ingresos permitan cubrir sus necesidades básicas y que se restituyan mecanismos efectivos de negociación y protección de los derechos laborales.
