Pequeños mineros y la Alianza Agrominera Mama Pancha emplazan directamente al ministro Héctor Silva tras sufrir amedrentamiento del Gepamo, cobros ilegales para la emisión del RUM y el despojo de arenas saneadas de pasivos ambientales a su propio costo, mientras las oficinas locales de la CVM se niegan a recibir correspondencia y fijar la cuota de arrime al Estado.
Una red de extorsión, abusos de poder e inseguridad jurídica mantiene paralizada la labor de los pequeños mineros en el sector Nacupay de El Callao, estado Bolívar, así lo denunciaron dirigentes de la Alianza Agrominera Mama Pancha, quienes increparon directamente al ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, para cuestionar si está al tanto de cómo los funcionarios locales han viciado los procesos institucionales.
El Registro Único Minero (RUM), trámite supuestamente gratuito por ley expedido por dicho ministerio para identificar legalmente a las alianzas y tramitar las guías de transporte del Senafim, se convirtió en un negocio especulativo donde las oficinas locales exigen cobros ilegales que oscilan entre los 5 mil y los 25 mil dólares americanos.
Esta barrera económica impracticable condena a cientos de familias trabajadoras a la ilegalidad forzada, vulnerando su derecho constitucional al trabajo y dejándolas sin el sustento diario para sus hijos.
La violencia institucional escaló de manera alarmante el pasado 22 de septiembre, cuando una comisión mixta irrumpió arbitrariamente en el área de trabajo y centro de procesamiento de la Alianza Agrominera Mama Pancha, organización formalmente constituida desde 2023 en el corredor vial del sector Nacupai y con coordenadas perfectamente delimitadas.
El operativo fue ejecutado por efectivos del Gepamo fuertemente armados y encapuchados, actuando con armas largas para amedrentar a los trabajadores.
La incursión se realizó sin presentar orden judicial ni actas de retención, con la intención de confiscar e incautar arbitrariamente el material acopiado.
Yunices Barreto, presidenta de la alianza, y Gipxi García, vicepresidente, denunciaron públicamente que estas vías de hecho responden a un patrón sistemático de amedrentamiento para robar el fruto del trabajo minero.
Identificaron como responsables de ejecutar estas directrices locales al capitán Luisen Álvarez, jefe regional de la CVM en El Callao, conjuntamente con Erinkcson Valecillos, gerente de Pequeña Minería de Minerven.
Con este actuar al margen de la ley, la CVM incurre en faltas graves directas contra las cláusulas y estipulaciones vinculantes de la concesión otorgada, violando el principio de seguridad jurídica, el debido proceso, la estabilidad contractual, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley de Minas y las garantías constitucionales del libre ejercicio de la actividad económica debidamente autorizada.
Las arenas que las comisiones armadas pretendían confiscar provienen de un proceso de saneamiento ambiental asumido y financiado en su totalidad por la propia Alianza Agrominera Mama Pancha, sin recibir auxilio financiero del Estado.
Señalan los denunciantes que esta zona padecía un crítico pasivo ambiental heredado por estatales disueltas como Minerven, Planta Perú y Revemin, las cuales abandonaron toneladas de relaves contaminados con cianuro que inundaron tierras de cultivo y la quebrada Mucupla, poniendo en riesgo la salud de la comunidad y de los niños del sector.
La alianza ejecutó la limpieza del terreno contando con toda la permisología legal al día, incluyendo AARN, Racda y las actas de fiscalización del Ministerio del Ecosocialismo (Minec) y de la propia CVM.
A la arbitrariedad de los procedimientos señalados se suma una irregularidad de carácter legal: La empresa Minerven carece de cualidad e inexistencia jurídica para actuar en la zona, puesto que fue disuelta y absorbida legalmente por la CVM según lo estipulado en la Gaceta Oficial del pasado 6 de marzo.
Pese a esto, la CVM en El Callao incurre en un silencio administrativo deliberado, habiendo ignorado al menos seis solicitudes formales entregadas por la alianza, entre julio y septiembre de 2026, para inspeccionar las áreas y fijar la cuota legal de arrime de mineral al Estado, llegando al extremo de negarse rotundamente a recibir más correspondencia oficial en sus taquillas.
Frente a esta crisis institucional, el liderazgo de la organización minera enfatiza que no se trata de brigadas improvisadas sino de una concesión legal cuyos derechos e inventarios deben respetarse. Exigen formalmente al ministro Héctor Silva una audiencia pública para tomar medidas y adecentar la actividad minera en El Callao, poner fin a la persecución ejercida por la red de funcionarios locales y garantizar que el Estado reciba lo que legalmente le corresponde sin atropellar a la pequeña minería.
CORREO DEL CARONI
