La grave crisis política y económica del país exige un ejercicio de máxima madurez por parte de las fuerzas democráticas. En lugar de dispersar esfuerzos en prematuras carreras candidaturales en las regiones, la prioridad absoluta e impostergable debe ser la generación de un cambio político significativo desde la estructura central del Estado, mediante la convocatoria a elecciones presidenciales.
Mientras el régimen simula una normalización institucional y se ha adaptado a las pautas de un tutelaje estadounidense para mantenerse en el poder, la disidencia no puede permitirse el lujo de la división. Más bien, su objetivo estratégico superior debe prevalecer sobre cualquier interés grupal o particular. El inicio de esta lucha es el reconocimiento al mandato popular del pasado 28 de julio, donde el fraude oficialista intentó sepultar el contundente triunfo de Edmundo González.
La lógica democrática exige el respeto a esos resultados; sin embargo, la experiencia política demuestra que el chavismo no abandonará el poder de manera voluntaria, a pesar del contexto internacional que lo adversa. Por tal razón, la unidad de la alternativa democrática debe consolidarse en torno a la defensa de la soberanía popular ya expresada.
Para quebrar el continuismo del régimen, ante la coyuntura política que vive el país bajo el tutelaje gringo, es clave la combinación de presión ciudadana y real politik. La movilización de la, sociedad debe ser constante y organizada, elevando los costos de permanencia del oficialismo y forzando la apertura de elecciones presidenciales con verdaderas garantías. Esto no significa pasar la página del 28 de julio, tal como algunas voces han pretendido desde la propia oposición.
Esa fuerza colectiva es la única herramienta capaz de neutralizar la fachada de cambio del régimen y obligar a un proceso de transición democrática. En esa ruta estratégica, la dirigencia opositora debe sintonizarse urgententemente con el profundo drama social que padecen los venezolanos. La gente no busca un simple cambio de discursos, sino soluciones tangibles a una cotidianidad asfixiante donde el mísero sueldo no alcanza para cubrir la canasta familiar.
En resumidas cuentas, la unidad de las fuerzas democráticas debe traducirse en compromiso ético verdadero y enfocado en el bienestar de los ciudadanos. La reconstrucción de los servicios públicos, la generación de empleos dignos, la mejora salarial y la seguridad del sustento diario tienen que ser el centro de la agenda unitaria. Solo un bloque cohesionado, que subordine las apetencias partidistas y candidaturales al cambio estructural del país, será capaz de quebrar el continuismo y abrir el camino hacia la recuperación de Venezuela.
