En una rueda de prensa respaldada por los expresos políticos Omar Torres y Kelvin Galván, el equipo de defensa de un grupo de excarcelados que permanecieron detenidos en el centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Zona 7, Boleíta, anunció el inicio formal de acciones legales y administrativas contra el Estado venezolano por daños y perjuicios, así como por graves violaciones a los derechos humanos.
El abogado defensor Moisés Gutiérrez enfatizó que el proceso de justicia en el país no puede avanzar sin una reparación integral a las víctimas.
“No puede haber perdón si no hay reparación. Los funcionarios del Estado venezolano, y puntualmente de la PNB, cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos”, declaró Gutiérrez.
El jurista detalló que entre las prácticas recurrentes documentadas en estos expedientes se encuentran las presiones y vulneraciones a la privacidad económica de los detenidos. “Cuando un ciudadano es detenido y se le exige acceso a sus cuentas bancarias, es una violación flagrante de derechos humanos”.
Asimismo, denunció la arbitrariedad en las aprehensión “se agarraron cerca de 60 personas en el lapso de una semana y se les vinculó en una causa sin fundamentos”.
A pesar del clima de hostigamiento y los riesgos profesionales, el equipo legal ratificó su compromiso con los afectados “hemos tomado la iniciativa, aun a riesgo de las amenazas, de tomar acciones contra el Estado venezolano. No se puede decir que hay transición si no hay reparación”.
Gutiérrez explicó que la estrategia legal se ajustará estrictamente a los canales regulares que establece la legislación nacional.
“El Estado tiene algunas prerrogativas y hemos iniciado ante el Ministerio de Interior y Justicia los trámites administrativos por tener a su cargo la Policía Nacional Bolivariana. Vamos a cumplir los pasos que tiene la ley y la Constitución”, detalló Gutiérrez.
Testimonios de la persecución y el despojo
Durante el encuentro con los medios de comunicación, Renny Chourio, exprisionero político y ex candidato a la Alcaldía del Municipio San Francisco del Zulia, relató los abusos perpetrados durante su detención y el allanamiento de su residencia.
“A mi casa fueron más de 50 funcionarios que pareciera que fueran buscando a un traficante. Todos encapuchados, con armas largas y camionetas de civil. Mi esposa pasó por un proceso muy difícil, mi hijastra y mis hijos también”, expresó Chourio.
El dirigente político denunció además el despojo sistemático de los bienes familiares durante el procedimiento “el dinero que teníamos ahorrado para comprar una vivienda se lo llevaron los funcionarios; eso para ellos es un botín de guerra”.
Chourio también relató los maltratos psicológicos y físicos sufridos durante los interrogatorios.
“En mi caso, cuando me entrevistaban en La Quebradita, por ser funcionario siempre me decían: Habla y di la verdad, porque si no te vamos a golpear. Hermano, la crueldad de esa gente no tiene límites”, manifestó.
La defensa, junto a los ex prisioneros políticos presentes, exigieron a las instancias competentes una respuesta transparente a los trámites administrativos interpuestos, reiterando que mantendrán la exigencia de justicia y compensación patrimonial ante los tribunales y organismos correspondientes.
